Una infidencia. El 7 de abril de 2022, cuando condenaron a Sergio Urribarri, un importante funcionario vinculado a la comunicación de Horacio Rodríguez Larreta se puso en contacto con este cronista. Seguramente a instancia de Luciano Garro, que por entonces oficiaba de asesor de prensa de Rogelio Frigerio. ¿Motivos? Tener un punto de vista sobre lo que acababa de suceder. El interlocutor estaba impactado. Un ex gobernador, con alguna presencia nacional, era condenado a 8 años de prisión por delitos en el seno de la administración pública. ¿Inquietud? Desde la administración de CABA observaron con preocupación que dentro de los delitos que se le habían imputado a Urribarri estaba el de haber utilizado fondos públicos, a través de la publicaciones en medios de distintos puntos del país para posicionar su figura a nivel nacional en el marco de una campaña presidencial. El sueño entrerriano. Por esos tiempos, medios de Entre Ríos invitaban a visitar Buenos Aires desde spots y banners en las páginas web. Rodríguez Larreta ya era candidato presidencial y Frigerio, entonces diputado nacional por Entre Ríos, caminaba por las cuchillas de Montiel con traje de candidato a gobernador.
La Corte Suprema de Justicia decidió este jueves confirmar la condena que, a juzgar por el Código Penal, es similar a la de un homicida. Silvio Díaz atropelló, alcoholizado, a un nene que cruzaba la calle para ingresar a la Escuela Centenario de Paraná. Lo mató. Fue condenado a 8 años y 4 meses.
Urribarri tuvo en suerte cuando ejercía el cargo de gobernador una excelente relación con el procurador general, Jorge García, quien ostenta el monopolio de la acción penal. Llegó a presentar, junto con la vocal Claudia Mizawak y en conferencia, una deplorable ley de narcomenudeo que cuando dio sus primeros pasos el juez federal Leandro Ríos la declaró inconstitucional. (La foto que ilustra esta esta nota es cuando se anuncia la ley)
Mientras el procurador general miraba para otro lado ante las fechorías del mandatario que se empezaban a notar en la superficie, dotó al Ministerio Público Fiscal con recursos de todo tipo. Pero García no traicionó. Cuando Urribarri dejó de tener la lapicera y se le complicó el frente judicial, el procurador tiró una soga. El acuerdo que le propuso al entonces presidente de la Cámara de Diputados, su cuñado Juan Pablo Aguilera y su ex ministro, Pedro Báez; consistía en centralizar la culpabilidad de los delitos en la figura de Aguilera, a quien le cabría una condena de cuatro años. Esa propuesta la reveló Página Política.
Urribarri no aceptó. Los abogados comenzaron una guerra contra el procurador a través de operaciones de prensa y difundidas por vulgares comunicadores. García dio rienda suelta a las pesquisas. Cuando el agua llegó al cuello, el ex mandatario requirió los servicios de Fernando Burlando. No es descabellado que haya recurrido a un abogado de la farándula. El kirchnerismo también se permitió inventar vedettes. Urribarri fue uno de ellos. No había sido referente de los derechos humanos, pero cuando tuvo la posibilidad de estar con Hebe de Bonafini no se le ocurrió otra cosa que hacerle un guiso y publicarlo en las redes. Pose permanente. Abuso de comunicación.
Pero volvamos a García. Es un hombre de la gobernabilidad. Del statu quo. No solo intentó darle una mano a quien lo había proveído de recursos para su organismo, sino que cuando las papas quemaron, como en la causa de los contratos truchos en la Legislatura, también fue el que puso tapa a la olla. Dejó a todos los presidentes de las cámaras fuera del desquicio. Ahora les inventó una causa, pero para salvarlos. Tiene amigos y coterráneos en ese legajo, a los que no le va a fallar.
Además de la gobernabilidad, en el jefe de los fiscales prima su ánimo personal. A Gustavo Bordet se la tiene jurada y actúa en consecuencia.
Frigerio ha dejado trascender, por lo menos en su entorno lo han manifestado, una preocupación por una cultura entrerriana: los gobernadores que terminan sus mandatos terminan imputados.
Es tal el sometimiento de la política a la figura del procurador, que debe ser el único caso, el de García, que prefiere ser juzgado en un juicio político antes que en el Jurado de Enjuiciamiento, donde en su integración prima la comunidad judicial por sobre la política.
Un viejo dirigente, inoxidable en la gestión pública, suele lamentar que el día en que los constituyentes de 2008 levantaron la mano para votar la cláusula de reelección con la limitante de dos mandatos, fue el preciso momento en el que la política se entregó al Poder Judicial.
Fuente: Página Política
