El acuerdo de García que Urribarri no aceptó

Un disco rígido pudo haber sido, también, el principio y el final de una historia menos caótica para los involucrados. Con otro final.

Los ocho allanamientos simultáneos producidos el 1° de agosto de 2016 dieron con ese artefacto que en su memoria contenía información sensible sobre movimientos comerciales de las empresas gráficas TEP SRL y Next SRL, que se le atribuían a Juan Pablo Aguilera, y que durante las gestiones de su cuñado el gobernador Sergio Urribarri se habían convertido en una invalorable máquina de captación de recursos a través de prestaciones publicitarias.

El 21 de diciembre del año anterior, el saliente mandatario se encontró con una denuncia por el incremento de su patrimonio y sospechas de negociaciones incompatibles. Desde la presidencia de la Cámara de Diputados se minimizó esa presentación judicial. Seguramente el lugar de poder que creía ostentar el denunciado le impedía pensar en una idea tan elemental como destruir cualquier rastro que pueda traer complicaciones. Habían pasado 9 meses entre un hecho y otro. Es decir entre la denuncia y los allanamientos.

Cuando el disco rígido se comenzó a procesar, quienes observaban los monitores abrían cada vez más los ojos por lo que allí se almacenaba.

Había que hablar con Jorge Amilcar Luciano García para poner un corset a lo que con seguridad se convertiría en un escándalo. El procurador se reunió con el primer representante de Urribarri, Marcos Rodríguez Allende, y le recomendó encapsular la pesquisa en la información del disco rígido, de manera tal que la misma no cruce Plaza Mansilla. Eso implicaba que Aguilera quede en un lugar muy comprometido, pero que la mugre no se disemine. La propuesta fue una condena de 4 años de cumplimiento efectivo.

La oferta era inmejorable para la voluminosidad de evidencias que contenía el rígido que, además, inevitablemente empujaba a que se siguiera tirando del hilo, como finalmente sucedió.

Urribarri rechazó de plano ese acuerdo y García se quedó sin propuestas. Abogados y gente de su entorno, menos Rodriguez Allende que había sido el portador de la negociación con el procurador, convencieron a Urribarri de que no había nada que lo complique. La investigación, ya a cargo de un número importante de fiscales, continuó.

El 2017 iba a encontrar a García ante otro episodio que requería de sus servicios. José Angel Allende se disponía a llegar a un acuerdo en las causas abiertas que tenía, la más importante por enriquecimiento ilícito. Debía reconocer su culpabilidad y entregar patrimonio mal habido. El jefe de los fiscales accedió al acuerdo abreviado que lo dejaba en libertad.

La negociación se filtró en la prensa, lo que no debía ocurrir, y las bondades del acuerdo no tardaron en recibir críticas públicas. Se tuvo que dar marcha atrás. Desde el mismísimo Ministerio Público Fiscal no quedó otra salida que salir a decir que de lo que se estaba hablando era literatura. La figura de Rodríguez Allende fue clave en todo este entramado de acercamiento de partes.

Pero detrás de estos hechos hubo un episodio que tuvo mayor peso que la filtración periodística y no salió a la luz. Urribarri, enterado de ese acuerdo, llamó al diputado Allende para decirle que estaba siendo autor de un precedente peligrosísimo: el de declararse culpable. Quienes estuvieron al tanto de ese cruce entre el ex gobernador y el sindicalista hablan, concretamente, de que fue “un apriete”.

Esta historia tendría dos desenlaces dramáticos para Urribarri más adelante. Años después Allende iba a firmar un acuerdo de esas características. Pero antes, el publicista Jesús José María Bustamante se acogió a un juicio abreviado para que se le fije una condena de dos años y ocho meses de prisión condicional (no efectiva) por haber sido beneficiado con contrataciones de campañas publicitarias a sus empresas a cambio de confesar cómo funcionaba el esquema que involucraba a Aguilera, Urribarri y el ex ministro de Comunicación Pedro Báez.

El cúmulo de delitos que la semana pasada fueron ratificados por la Cámara de Casación iban a tener su procedencia, precisamente, en ese disco rígido que García proponía edulcorar.

Hasta el momento de la elevación a juicio del paquete de causas, Urribarri no enroló su narrativa en una persecución jurídica y política, por el contrario se mostró confiado del Poder Judicial que como nadie dotó de recursos al Ministerio Público Fiscal y de “independencia” con la Ley de Enganche.

Además, su relación con el procurador era muy buena. García había apoyado una polémica ley de narcomenudeo que finalmente fue declarada inconstitucional, como se esperaba. Pero el jefe de los fiscales también había jugado fuerte, para salud del ex gobernador, en la causa contra los policías sublevados de Concordia.

Ya con los legajos cocinados, Urribarri comenzó a cargar contra un sector de la Justicia ubicándose en un lugar similar al de Cristina Kirchner: el de perseguido. La vicepresidenta dejó trascender a entrerrianos que supieron pulular en el Instituto Patria que estaba sorprendida por los avances judiciales en Entre Ríos, porque hasta donde ella sabía, según el entonces presidente de Diputados “estaba todo bien”.

Urribarri también cambió de parecer sobre otra figura invalorable de la institucionalidad: Rosario Romero, que además de ser la ministra de Gobierno y Justicia, por lo tanto quien se relaciona con los tribunales; tiene una relación de años con García.

El ex gobernador pasó de saludar la designación de Romero como reemplazante de su hijo Mauro en el gabinete de Gustavo Bordet, a acusarla de ser la autora de todos sus males. La idea de persecución política, y ahora ya también judicial, se profundizó en el entorno de Urribarri. Su cobertura, entonces, quedaría reducida a la defensa en juicio.

Recorte

El 3 de octubre de 2018 Página Política reveló una primicia que iba a convertirse, con el correr de las semanas, en la causa de corrupción más importante. Ese día se allanaron dos estudios contables vinculados a la Legislatura luego de que el 20 de septiembre un policía perspicaz encontrara a tres personas en el cajero del Bersa de calle Alsina con una parva de tarjetas de débito extrayendo dinero. Esos montos iban a pertenecer a los conocidos “contratos truchos”.

La investigación comenzó a caminar a pasos vertiginosos. Esos pasos se conocían en la prensa. La dirigencia política que se sintió amenazada manoteó sus agendas para hacerse de los mejores abogados. Adán Bahl, que por entonces era vicegobernador, convocó a Rubén Pagliotto y Guillermo Mulet para decirles que no tenía nada que ver. Ambos habían tenido una notoria presencia mediática por ser quienes denunciaron al ex gobernador.

Otra vez García iba a ser la persona clave para fijar los criterios de una investigación que conducía a un desmadre incalculable para toda la geografía política.

El 18 de octubre trascendió la inminencia de las imputaciones a quienes habían sido los presidentes de las cámaras legislativas entre el 2008 y 2018: José Eduardo Lauritto, José Cáceres, Allende, Bahl y Urribarri.

La noticia parecía tener un error. Faltaba el nombre de Jorge Busti. No fue un error. La investigación sobre el período 2008 – 2018 iba a tener en Diputados un accidente: allí se iba a empezar a investigar a partir de 2011.

Ante el trascendido de las imputaciones a los presidentes de las cámaras, que se adjudica a la procuradora adjunta de entonces Cecilia Goyeneche, el dueño absoluto de la persecución penal en la provincia, García, salió a desmentir esa posibilidad. Aquí el comunicado del organismo.

El procurador iba a dar cuenta, nuevamente, de su relación con la política. Además de dejar afuera a Busti de toda esta trama, por haber sido quien lo designó; echaba por tierra avanzar con la dirigencia, es decir con quienes estuvieron al frente de la Legislatura. Busti fue el único hombre que aún estando afuera de los lugares de poder, nadie se le animó. Su fallecimiento, quizás, sea también una pérdida para quienes ven un devenir más brumoso aún.

Lo cierto es que la causa “contratos” en la actualidad se dirime en la Corte donde se debe resolver la jurisdicción. A esa instancia se llegó por una fenomenal operación política a escala nacional que reveló también Página Política. No tiene a un solo presidente o legislador imputado. A diferencia de la causa Urribarri, la resolución vía política fue previa a que los imputados se sienten en el banquillo.

Triste, solitario y final

Urribarri se pega a la idea de perseguido político por parte de un sector del Poder Judicial, mientras que el procurador luce como aguerrido investigador ante los pocos periodistas con los que habla.

El ex gobernador tuvo la posibilidad de llegar a un acuerdo que le hubiese generado un enorme costo a García.

El procurador supo ser un funcionario que responde, ante todo, a la gobernabilidad. El 9 de noviembre de 2021 en un acto de jura de fiscales en el salón del Consejo General de Educación (CGE) se jactó que en Entre Ríos no se sacaba a nadie en piyamas, cuando la ola judicial del gobierno de Cambiemos le entregaba noticias a los canales porteños con Amado Boudou recién sacado de la cama.

La Cámara de Casación Penal de Paraná ratificó, la semana pasada, una sentencia que en otro contexto algunos puntos podrían haber sido revaluados. Por ejemplo la condena por publicar una solicitada en medios de distintos puntos del país para promocionar su figura, cuando se sabe que cualquier candidato a presidente muestra su gestión a través de publicidad turística para posicionarse de la misma manera.

La lectura del tribunal, que suele expresar los deseos del Ministerio Público Fiscal, tuvo claros pasajes políticos (o no jurídicos) con párrafos que se detuvieron en sacar la cuenta de inversiones que se pudieron haber hecho en asignaciones familiares, escuelas y patrulleros con los dineros fraguados con los que se llegó a la condena de 8 años.

Lo ocurrido en los últimos días, quizás, explicite otra ratificación: el nuevo perfil del procurador, que se ha despojado de su papel de garante para quienes integren, por lo menos, el poder actual.

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