Este lunes el almanaque marcó 4 de mayo de 2026. La noticia política judicial más relevante de la jornada fue la constatación del Ministerio Público Fiscal en el domicilio de Gustavo Bordet en el marco de la causa donde se investiga su patrimonio y el de su familia. Ese mismo día, 4 de mayo, pero hace tres Página Política publicaba la siguiente información:
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En esa publicación se hacía referencia a expresiones del procurador en su intimidad, y no tanto, en la que anunciaba que se la tenía jurada a Bordet, a quien le endilga la autoría de la destitución de su segunda, Cecilia Goyeneche.
Esa idea está vigente y sigue saliendo de la boca del jefe de los fiscales. Todo organismo suele tener un José Arias predispuesto para emprender cualquier fechoría. El sistema es tan perverso que cualquier recusación que se interponga al fiscal el que debe resolverla es el procurador. El Código Procesal Penal debería también anotar Rogelio Frigerio en el vademecum de la “pesada herencia”.
El Gobernador y funcionarios no deberían festejar los archivos que vienen. Existe el desarchivo, y por estas pampas, salen como pan caliente. Al ex vicegobernador Héctor Alanis le reabrieron una causa que había sido cerrada 10 años antes. Un caso inquietante es la denuncia penal de Goyeneche contra los vocales del Superior Tribunal de Justicia (STJ). El entonces fiscal Santiago Brugo la archivó por no encontrar ningún elemento para promover una investigación. Era un disparate. La homologación de este archivo requería de la firma del procurador, lo que implica que la denuncia está abierta. En resumen: la procuradora adjunta tiene denunciados penalmente a Daniel Carubia y Claudia Mizawak; y al ex vocal Martín Carbonell.
Si eso sucede puertas adentro de los tribunales, entre pares, imaginemos por un segundo lo que pueda suceder puertas para afuera. ¿Tiene García una idea de la actual administración? Ha soltado alguna impresión.
Bordet no tiene la misma suerte que Sergio Urribarri. El condenado mandatario tuvo la posibilidad de caminar por la calle sin que algunos peatones se codeen y lo apunten con el dedo. El procurador no solo le concedió 7 meses entre la denuncia y el primer allanamiento para que borre cualquier prueba que lo complique; sino que le ofreció un hot sale que implicaba una pena de cuatro años para su cuñado Juan Pablo Aguilera, a cambio de que él y los demás integrantes de la escudería quedaban libre de culpa y cargo. Una baratija, que cobra un precio invaluable si se repasan las evidencias que luego surgieron y dieron lugar a la apertura de otros legajos en contra el ex gobernador. En ese momento, la relación entre el procurador y Urribarri, que tenía menos de un mes fuera de la Gobernación aunque presidía la Cámara de Diputados, seguía siendo excelente.
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La prensa adicta a García y Goyeneche no se hizo eco de esta información. No es para menos. Era una vergüenza. Tampoco hay revuelo por la segunda parte de la causa de los contratos truchos en la Legislatura donde parece haberse apelado al humor cuando se plasmó en el legajo el delito de peculado imprudente. Alrededor de Plaza Mansilla circulan memes muy divertidos. Las risas probablemente se apaguen cuando se dé luz verde al juicio de “contratos I”. Dijo un observador de los aconteceres tribunalicios: “Lo más interesados en que se siga demorando la elevación a juicio buscalos en la Procuración”. Algunos sienten olor a papelón.
En la constatación realizada este lunes en los domicilios de Bordet- los allanamientos lo debe autorizar la Cámara de Diputados de la Nación- el ex gobernador entregó por motus propio el celular. Lo mismo hizo su esposa, la diputada provincial Mariel Ávila.
El diputado nacional decidió no ampararse en los fueros y pretende que se lo investigue cuanto antes. Sucede que ya está condenado. Su reiterada presencia en este tipo de procedimientos y la exposición de los mismos es parte de la pena. Lo que se vio y se verá está planificado.
Fuente: Página Política
