La Facultad de Ciencias de la Educación expresó su preocupación ante la aprobación de la Ley de Presupuesto Nacional para el 2026 que “afecta directamente al sistema educativo y científico de Argentina”.
El Presupuesto en cuestión “destina a la función Educación y Cultura $ 7,7 billones; si se tiene en cuenta la inflación proyectada por el Gobierno para 2026, esto implica una caída real del 1% con respecto a 2025, y del 47,7% con relación a 2023”, se afirmó. El ítem engloba todos los gastos relacionados con estas áreas, independientemente de la jurisdicción que los realice.
“Para las universidades nacionales el presupuesto tiene una caída de un 7,2% en relación al de 2025 y un 34,3% con respecto a 2023. Como lo hemos venido expresando desde hace dos años a través de distintas expresiones públicas, Argentina necesita inversión educativa para cuidar el presente y el futuro de quienes somos parte de este país”, reclamó la institución.
También se apuntó al Capítulo 2 del Presupuesto Nacional que “avasalla la autonomía universitaria al otorgar a la Secretaría de Educación la potestad de manejar con discrecionalidad el envío de fondos o congelarlos si considera que la información recibida resulta insuficiente”.
“Además, en el artículo 30 del Presupuesto se deroga la ley que obliga a incrementar progresivamente la inversión en Ciencia y Tecnología hasta llegar al 1% del PBI”, se mencionó respecto del punto que mereció más debate en el recinto del Senado, el viernes pasado.
“Si bien en la votación en la Cámara de Senadores el viernes 26 de diciembre de 2025 se excluyó el capítulo 11, que contenía la derogación de las leyes de Emergencia en Discapacidad y de Financiamiento Educativo Universitario, los 46 senadores que apoyaron esta normativa terminaron votando contra los efectos prácticos de esa ley que había sancionado en dos ocasiones el propio Congreso a pesar del veto del Poder Ejecutivo Nacional y del incumplimiento a acatarla”, se cuestionó.
También en este artículo se anula la Ley de Financiamiento Educativo 26.075 aprobada en 2005 que establecía el compromiso de aumentar progresivamente la inversión educativa hasta alcanzar el 6% del Producto Bruto Interno (PBI) en educación.
Asimismo, las Escuelas Técnicas se ven directamente afectadas ante la anulación de la ley de Educación Técnico Profesional 26.058 de 2005 que estableció un “fondo de enseñanza técnico profesional” del 0,2% de los gastos corrientes del presupuesto nacional.
“En este alarmante contexto, reconocemos a los 25 legisladores y legisladoras que se opusieron a esta ley que implica un grave ajuste en el sistema educativo y científico de Argentina”, se destacó desde la institución.
Del mismo modo, se manifestó el compromiso de la comunidad universitaria con “el derecho a la educación” y expresó “la decisión de continuar trabajando junto a las distintas organizaciones y actores sociales en pos de un sistema educativo público, gratuito y de calidad que permita que nuestras generaciones se formen y puedan con su formación garantizar un mejor bienestar para todas las personas que habitamos el suelo argentino”.
Fuente: Página Política
