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Crisis

Hablar hace bien

La realidad fuera del debate público congestiona a la política. Entre Ríos y Santa Fe, cerca pero lejos.

Los últimos días la agenda santafecina no habla de otra cosa que el escándalo que explotó en el seno del poder. El ex fiscal de Rosario, Gustavo Ponce Asahad, reconoció haber participado de una red ilegal vinculada al juego. Pero el caso no quedó con su detención en agosto último, sino que arrastró al jefe de los fiscales de Rosario, Patricio Serjal; y al senador del PJ, Armando Traferri, apuntado como el líder de la organización clandestina.

Los ex integrantes del Ministerio Público Fiscal santafecino fueron imputados, incluso, en una investigación de narcotráfico en la que ambos aparentemente “cuidaban” los negocios de la banda Los Monos.

El gobernador Omar Perotti se puso al frente del escándalo institucional que asfixia a su provincia y cuya trama atraviesa a la política y al Poder Judicial.

Los actores; es decir dirigentes políticos de todas las fuerzas y funcionarios de los tres poderes del Estado; exponen su parecer. Se expresan. Es una manera de dar cuenta de lo que se piensa en el seno de las instituciones, más allá del devenir de los procesos.

En Entre Ríos hace muchos años que eso no sucede. Jorge Busti fue el último gobernador que ante una polémica se exponía en la esfera pública de manera personal o a través de algún vocero. Se sabía qué pensaba el Gobierno.

En la provincia han pasado cosas graves que no merecieron un pronunciamiento oficial. Causas de corrupción, como la de los contratos truchos en la Legislatura que involucran también a la Justicia, no merecen otra explicación que la circunstancial cuando un periodista lo pregunta.

No se trata de que un dirigente o funcionario devenga en un comentarista de la realidad, sino de comunicar a la sociedad desde la perspectiva gubernamental cuál es el posicionamiento. Más aún cuando el involucrado es el Estado. Gustavo Bordet brindó una entrevista a Página Política y respondió todas las preguntas sobre un abanico de temas. Lo ha hecho en reiteradas ocasiones con otros medios. No era el caso de Sergio Urribarri. Ambos mandatarios son y fueron reticentes a la explicación oficial, como se la conoce. No poner en tensión la realidad achata la política.

En Nogoyá está tramitando un delicado caso en que un fiscal está denunciado por una causa de violencia de género. Pero la figura de Federico Uriburu, que ejerce como interino y el concurso lo dejó lejísimo de una terna, está en bocas de la ciudadanía no solo por ese tema, sino por sospechas de otros delitos que llegaron a oídos de funcionarios públicos. Silencio.

Desde el Poder Judicial se difundió una declaración institucional contra la violencia laboral en el Poder Judicial. Lo firman el Superior Tribunal de Justicia; los Ministerios Públicos Fiscal y de la Defensa; y la Asociación de Empleados Judiciales de Entre Ríos (AJER). La denuncia de Uriburu fue por una abogada que litiga en la jurisdicción donde se desempeña el fiscal.

En una época de cataclismos informativos, redes sociales envenenadas y periodismos de guerra nada más sano que la voz oficial de un Estado.

Juan Grabois, en una entrevista con periodistas locales este martes, hizo una referencia sobre el cuadro de cosas. Dijo: “Cuando la Justicia falló en contra de nosotros y solicitó que dejemos el campo, nosotros nos fuimos. Acatamos. Por eso exigimos que ahora esa Justicia se expida. Si tiene que absolver a los Etchevehere corruptos, que lo haga, que lo fundamente. Pero que no esté en esa nebulosa del no hacer nada y que pase”.

El silencio que se ejerce desde los sectores de poder contribuye, a la larga, al descreimiento de quienes en su momento se benefician con el mismo.

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