En las últimas horas parece verse un cambio de clima político. Dos abogados del foro le propinaron una denuncia a Sergio Urribarri luego de que la revista Análisis publique un informe en el que revela el crecimiento patrimonial de quien ha gobernado Entre Ríos durante ocho años. Este martes se iba a presentar en los tribunales, pero finalmente lo hizo su abogado, Marcos Rodríguez Allende.
La semana pasada la Justicia imputó a los ex ministros de Economía y Producción, Diego Valiero y Roberto Schunk, por el escandaloso caso tristemente conocido como el de las “cosechadoras truchas”. La denuncia fue hace más de dos años.
En resumen: el ex gobernador y dos integrantes de su gabinete deberán aclarar algunas cuestiones en los tribunales.
Hay otras causas que involucran a dirigentes políticos que duermen en sede tribunalicia. La más resonante lo tiene como sospechoso a José Angel Allende. Al diputado y mandamás de UPCN se lo está investigando por desvío de fondos a una entidad de beneficencia que controlaba su esposa. La causa se ha quedado en pedidos de informes por parte de la Procuración General. Ya tiene dos años.
El desfalco por las compensaciones a los proveedores del Estado en el seno de la Agencia Tributaria de Entre Ríos (ATER) solo tiene acorralados a dos empleados jerárquicos y empresarios. El entonces contador de la provincia, Gustavo Gioria, asesoraba a una de las empresas que estafó al fisco. Cuando se ventiló el caso y se verificó que el funcionario estaba de los dos lados del mostrador dio un paso al costado. No es hasta ahora preocupación de la Justicia.
La corrupción no es tema de agenda del peronismo, ni gobernante ni opositor. Sin embargo, Gustavo Bordet se animó a hablar del tema sin que nadie se lo pregunte.
Fue antes de las elecciones de octubre en la ponencia en la Cámara de la Construcción, donde cerró diciendo que se sentía “orgulloso” de culminar su gestión al frente de la Municipalidad de Concordia “no sólo con ninguna denuncia, sino también ni siquiera una sola sospecha de un acto de corrupción”.
El fin de semana el gobierno anunció que Alejandro Santana es el nuevo Escribano Mayor de Gobierno. Ese cargo de carrera en la administración pública lo ostentaba Francisco Gastaldi, que hace un mes fue condenado a cuatro años de presión efectiva por los delitos de estafa y falsificación de un instrumento público.
El tiempo dirá si se está ante una depuración de focos de corrupción o lo que sucedió Gastaldi fue pura coincidencia.
