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Contratos truchos

La fiscalía rechaza la competencia federal pero el juez no hizo lugar

El juez federal Daniel Alonso rechazó la apelación presentada por la fiscalía a su decisión de reclamar la competencia de la causa en la que se investigan contrataciones irregulares en la Legislatura. La fiscal insiste en que no existen pruebas concretas de que el desfalco haya sido para financiar campañas políticas.

El juez federal Daniel Edgardo Alonso rechazó la apelación presentada por la fiscal ad-hoc María Eugenia Wilson a su decisión de hacer lugar a la inhibitoria planteada por un grupo de abogados defensores en la causa donde se investigan contrataciones irregulares en la Legislatura de Entre Ríos entre los años 2008 y 2018.

El magistrado, que hace una semana había decretado la competencia federal, ahora rechazó la apelación presentada por la fiscal ad-hoc afirmando que “solo es apelable la resolución denegatoria, más no la que admite la inhibitoria habida cuenta que quien debe resolver si acepta o no la misma es el juez requerido”.

La decisión de Alonso debe leerse en clave política, del mismo modo que aquella que acepta la competencia federal en la causa de los contratos truchos: ahora podría mandar el oficio a la jueza de garantías Marina Barbagelata solicitando que le remita el legajo que, por ahora, instruyen los fiscales Patricia Yedro e Ignacio L. M. Aramberry.

Ayer nomás la fiscal ad-hoc había apelado la resolución del juez Alonso. “Resulta palmaria la orfandad probatoria y/o inexistencia de conexidad de aquello que resulta materia de investigación en la causa (de los contratos truchos) con cuestiones específicas vinculadas con el supuesto e hipotético financiamiento de campañas electorales”, aseguró la fiscal Wilson. “No resulta pertinente la intervención de este fuero federal, restrictivo, excluyente y especial”, insistió.

En la apelación al fallo de Alonso, la fiscalía federal sostuvo que “las actividades ilícitas descriptas ejecutadas en el ámbito de la legislatura provincial durante el período temporal extenso referido no pueden servir de pretexto, a partir de datos imprecisos o inexactos qué parte de esos fondos espurios habrían sido aplicados a campañas electorales sin una concreta indicación de algún comicio puntual o de la aplicación de esos fondos para los fines propios dirigidos a captar la voluntad del electorado –publicidad, adquisición de boletas, etcétera¬–, siendo que simplemente refieren a una supuesta transgresión a la ley de financiamiento de los partidos políticos; razón que no permite afirmar con el grado de convicción que requiere para admitir la intervención del fuero federal electoral que exista una violación a esa disposición y/o a la ley de democratización y transparencia electoral que regula las elecciones primarias; más aún, cuando la competencia de los tribunales especializados no puede interpretarse en forma extensiva según sentara el máximo tribunal en la materia”.

Incluso la fiscalía no deja omite mencionar que los informes previos y finales de campaña en los períodos comprendidos en la investigación ya fueron rendidos ante la Secretaría Electoral, que la mayoría de ellos han sido aprobados y en aquellos casos en que no lo fueron, se instruyeron las actuaciones pertinentes.

Según publica Juan Cruz Varela en Página Judicial, estas idas y venidas abren un intríngulis de resolución incierta. Es de esperar que la jueza Barbagelata rechace la inhibición de competencia dispuesta por Alonso y el conflicto tenga que dirimirse en la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Pero también es probable que la fiscalía federal recurra en queja ante la Cámara Nacional Electoral y allí habría otra llave para dirimir el conflicto. Un dato no menor en esta historia es que el procurador Eduardo Casal está al tanto del asunto.

Los abogados defensores de un grupo de imputados aseguran que la causa debe pasar a la justicia federal porque las pruebas “demuestran que los fondos investigados, tendrían como fin aportes y/ o financiamiento de campañas políticas partidarias desde 2008 al 2018” y que, por lo tanto, habría una violación a la ley de financiamiento de los partidos políticos y a la ley de democratización y transparencia electoral.

Lo intentaron sin éxito en 2018 e insistieron con un supuesto “hecho nuevo”, y operaciones políticas mediante, que sería la aparición de una caja en la puerta del estudio del abogado Milton Urrutia en la que había, entre otros elementos, “anotaciones manuales” que enseguida atribuyeron a Hugo Mena, “donde se habría llevado una especie de rendición de aportes y destino de los mismos” con diferentes nombres de personas que retirarían el dinero a los fines de hacer frente a gastos de campañas políticas.

La fiscal ad-hoc María Eugenia Wilson hizo notar un dato que, al parecer, el juez omitió: aquellas anotaciones que el magistrado admite como prueba refieren a campañas electorales de 2009 y 2011 e “indica funcionarios provinciales, legislador y gobernador como involucrados” y destaca que “en aquella época no se celebraron de manera conjunta elecciones provinciales y nacionales”. Es raro que Alonso no reparara en ello.

Así las cosas, habrá que esperar nuevos movimientos en esta inquietante y atrapante historia. Moverá Alonso. Espera Barbagelata. Esperan los fiscales provinciales.

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Fuente: Página Judicial
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