Hace un mes, en Tucumán, Alberto Fernández relanzó su campaña en Tucumán. Ese día, el candidato presidencial del Frente de Todos sugirió la necesidad de sentar las bases para un gran acuerdo económico social. Lo hizo nada ante dirigentes de la Unión Industrial Argentina (UIA) y la CGT. Habló de la necesidad de generar acuerdos con objetivos a corto y mediano plazo para reactivar la economía, generar puestos de trabajo y, sobre todo, enfrentar un proceso de negociación de la deuda delicada. El que llegó para la cena final fue el banquero Jorge Brito.

Una semana, el gobernador Alberto Rodríguez Saá convocó al Consejo Económico y Social de San Luis. Y, en abril, el gobernador saliente Miguel Lifschitz presentó el proyecto de ley provincial para crear ese órgano multisectorial como asesor del Poder Ejecutivo.

En Entre Ríos esa herramienta está para ser utilizada. La reforma constitucional de 2008 la incluyó en el artículo el artículo 53º. La Convención Constituyente pensó el Consejo Económico y Social (CES) como un ámbito de participación para asesorar al Estado en materia de políticas vinculadas a la producción, el trabajo, el desarrollo social.

Al año siguiente al proceso reformista, la Legislatura reglamentó ese instituto en base a un proyecto para el que se consultó a quien fuera el autor del artículo constitucional, el ex convencional del radicalismo, Luis Brasesco. El 9 de diciembre se cumplirá exactamente 10 años de la promulgación de la ley por parte del Ejecutivo.

Sin embargo, por ahora, la Ley Nº 9939 es letra muerta. Ninguno de los gobernadores, Sergio Urribarri y ahora Gustavo Bordet, convocaron a las entidades (empresarias, sindicales, académicas, profesionales) a que designen a sus representantes ni el Ejecutivo ha nombrado al funcionario que estará al frente de la organización.

La nombra define al CES como “persona jurídica de derecho público” con sede en Paraná. Debiera actuar “como órgano de consulta y asesoramiento” de la Legislatura, a pedido de cualquiera de las Cámaras; del Ejecutivo a solicitud del gobernador o sus ministros, o “por propia iniciativa” en materias vinculadas a “familia, salud y cultura”; atinentes al Régimen Económico, del Trabajo y del Desarrollo Sustentable contemplado por la Constitución; y las referidas a la educación, la ciencia y la tecnología.

La ley prevé una integración con nueve representantes del sector empresario (tres por la industria, tres por la actividad agropecuaria y tres por los servicios, con la previsión de que tomen parte activa las Pymes); tres miembros de cooperativas y mutuales; tres delegados de los colegios profesionales; tres en representación de las universidades nacionales con sede en la provincia; y tres por entidades sociales, educativas o científicas.

A los fines de acreditar las representaciones, se crea en el ámbito del Ministerio de Gobierno un registro especial, en el que se asentará la información vinculada a la nómina de “representantes titulares y alternos que se elijan por los sectores mencionados, sobre la base de los acuerdos suscriptos para cada uno de los sectores, los que deberán acompañarse acreditando las respectivas personerías jurídicas; de las entidades representadas y acreditación de sus personerías jurídicas; de las entidades sin representación y que deseen participar en el CES; las demás informaciones que requiera el Poder Ejecutivo”.

En representación del Poder Ejecutivo se designa un representante que preside el organismo. También tendrán sus delegados la Cámara de Diputados y el Senado que también ocuparán cargos de jerarquía. El desempeño de las funciones en el CES será de carácter honorario.

Además, la ley prevé el período de funcionamiento, cada año, del organismo; las mayorías requeridas para reunir quórum y para elaborar dictámenes; los modos en que deberá formularse el asesoramiento por parte del CES.

Durante la 15ª Jornada de la Industria en Paraná, organizado por la Unión Industrial de Entre Ríos (UIER), Leandro Garciandía, presidente de la entidad a nivel nacional, pidió en su discurso de apertura “buscar una salida desde una mirada positiva, que exija de todos los mayores esfuerzos por encontrar acuerdos básicos y fuertes compromisos”.

En momentos de crisis es en los que parece la necesidad de sentar a todos los actores de la economía en una misma mesa. Ese ámbito, aparentemente desconocido para industriales, es contemplado en el marco jurídico de Entre Ríos. Sólo hay que convocarlo. La gestión de Gustavo Bordet sí avanzó con la constitución de la Comisión de Responsabilidad Social, que es aglutina a diferentes actores de la sociedad.