Una ley orgánica de la Tesorería General de la provincia es una de las tantas deudas que tiene la Legislatura respecto a la Constitución reformada en 2008.
Hace 24 años que el organismo funciona bajo la misma normativa que no contempla funciones y procedimientos que fueron abordados y establecidos en la nueva carta magna.
El diputado del Frente para la Victoria, Diego Lara, presentó un proyecto de ley que, entre otras cuestiones, implicará la creación de cargos y de nuevas funciones, el reconocimiento salarial de las tareas desarrolladas y la designación por concurso de las autoridades. Una ley orgánica para la Fiscalía de Estado es también un reclamo que lleva ya un tiempo y al que no se ha dado respuesta.
La reglamentación de los organismos de control mereció un anclaje público cuando se abordó el Tribunal de Cuentas que, finalmente, tuvo un desenlace traumático con la salida de Guillermo Smaldone tras un fallo inminente que nunca salió. Hablando de deudas.
El proyecto de Lara define a la Tesorería General como un organismo que “bregará por la centralización de los ingresos de los recursos, la atención de los requerimientos de orden financiero motivados por las transacciones y obligaciones del Estado provincial, la custodia de las disponibilidades, títulos – valores y demás documentos que pongan a su cargo; y por la supervisión y coordinación de todas las unidades o servicios de tesorería que operen en la administración pública, dictando las normas y fijando los procedimientos pertinentes”.
El organismo estará a cargo del tesorero general, “que será designado de conformidad con lo prescripto por los artículos 212 y 217 de la Constitución de la provincia de Entre Ríos” y será asistido por un subtesorero general y un director financiero contable.
Deudas
Los organismos de control son temas sensibles que, por su sensibilidad, se los suele esconder. De hecho un proyecto sobre la Tesorería General había sido presentado hace dos gestiones. Se le dio media sanción en Diputados y luego perdió estado parlamentario.
De aprobarse el proyecto de ley, implicaría que el organismo se reconozca como autónomo y que sus autoridades deban ser designadas por sistema de concurso. La Legislatura aprobó en esta gestión una ley que reglamentó el artículo 217 de la Constitución por el cual se establece que los funcionarios para los organismos de control deben ser elegidos a través de concursos de antecedentes y oposición.
La Tesorería se encuentra acéfala hace casi tres años luego de la renuncia de Gustavo Alejandro Gioria tras ventilarse la vergonzosa estafa millonaria en el seno de la Administradora Tributaria de Entre Ríos (ATER).
El 5 de noviembre de 2014 la Justicia allanó el organismo en el marco de la causa en la que se investiga el desfalco al organismo recaudador.
Gioria, trascendido el episodio en aquel entonces cuando se hizo público el escándalo, decidió presentar su renuncia al cargo. No era para menos. El ahora ex funcionario, junto a otros contadores, aparentemente formarían parte de una red de profesionales que “ofrecían” a empresas proveedoras del Estado, deudoras de impuestos, compensarlas con acreencias y así liquidar todo en cero. La salida del cargo fue el fusible ante el delito de incompatibilidad en el ejercicio de la función.
En la actualidad el organismo está a cargo de Omar Donoso, quien se venía desempeñando como subtesorero.
