El caso de los contratos truchos, hay que admitirlo, ha empujado a que en Entre Ríos se avance en la aplicación de la ley de ejecución de pena 24.660. Este jueves el Servicio Penitenciario informó al Poder Judicial que en la Unidad Penal se habilitó un pabellón para imputados o procesados. Esto es que los imputados que hoy gozan de la prisión domiciliaria vuelvan a la cárcel. Según supo Página Judicial, la decisión la debía tomar el juez de Garantías, Eduardo Ruhl, que fue quien solicitó la información sobre la reestructuración ahora disponible. Este mediodía, finalmente, fueron los imputados trasladados.
Había sido la cuestión edilicia, entre las más importantes, la que impulsó la presentación de un habeas corpus por parte de un grupo de abogados defensores en la causa en la que se investigan el desvío de 2 mil millones de pesos en el ámbito de la Legislatura y que terminó con Juan Pablo Aguilera, entre otros, tras las rejas.
La Sala de Procedimientos de Asuntos Constitucionales y Penal del Superior Tribunal de Justicia (STJ) hizo lugar al tratamiento en un hecho inusual y el juez de Garantías resolvió en favor de los imputados. Con nombre y apellidos: los vocales Daniel Carubia y Claudia Mizawak lo hicieron por la positiva y Miguel Ángel Giorgio en disidencia. Luego Mauricio Mayer le puso la firma final.
El 24 a la noche, a horas de la Navidad, volvieron a sus hogares, y con tobilleras, Flavia Beckman, Hugo Mena, Esteban Scialocomo, Alfredo Bilbao y Roberto Ariel Faure. La jueza de Garantías, Marina Barbagelata, había solicitado que los detenidos estén en pabellones separados de los que tiene condena firme.
Los fiscales de la causa Patricia Yedro, Ignacio Aramberry y la procuradora adjunta Cecilia Goyeneche habían cuestionado la maniobra del STJ por no resolver. “Entendemos que se evitó el trámite normal de asignación de las actuaciones y toda posibilidad de hacer un análisis puntual de la situación de los detenidos”, advirtieron en su presentación.
“Sin perjuicio de que la resolución que nos agravia, ejecuta lo mandado por la Sala Penal del STJER del día 23/12 (votos de los vocales Mizawak y Carubia), entendemos que no es ajustada a derecho en tanto implica una extralimitación funcional que invade la competencia exclusiva de los jueces naturales, de instancia y apelación, de la causa en la que se dispusieron las prisiones preventivas”, sostuvieron luego.
Horas antes de Año Nuevo, el STJ revocó lo resuelto por Mayer tras la apelación, pero dejó sujeta la detención en la Unidad Penal 1 de Paraná hasta tanto se resuelvan los requisitos de infraestructura.
