La diputada provincial, Gabriela Lena (JxER), presentó en la Cámara de Diputados un proyecto de ley que propicia la prevención integral del Acoso escolar y del Ciberacoso en todo el territorio entrerriano.
La iniciativa que consta de 15 artículos de fondo y uno de forma, apunta a generar un mecanismo para “prevenir, detectar, intervenir y acompañar situaciones de Acoso escolar y Ciberacoso en los establecimientos educativos de Entre Ríos”.
Promueve un abordaje integral y establece deberes y responsabilidades para el Estado, para las instituciones educativas, los estudiantes y sus familias. En el articulado se especifican definiciones sobre el Acoso escolar o bullyng, el Ciberacoso y la Corresponsabilidad familiar.
Determina como autoridad de aplicación al Consejo General de Educación (CGE) con un Protocolo de actuación, y contempla Obligaciones de las instituciones educativas, Deberes de las familias, Falta de colaboración y responsabilidad administrativa, Régimen de medidas y sanciones (multas) aplicables a las familias ante la falta de colaboración si sus hijos fueron identificados como agresores.
Asimismo crea un Registro Provincial de carácter reservado administrado por el CGE y determina el destino de las multas. El proyecto propone una Coordinación Institucional con Ministerios de la provincia, Organismos de protección de derechos y Municipios, en pos del abordaje integral de esta problemática.
Fundamentos
Al fundamentar el proyecto de Ley, la diputada Lena hizo referencia a la legislación existente en otras provincias donde reconocen que “la prevención del acoso escolar no puede depender exclusivamente de la acción institucional, sino que requiere del involucramiento de todos los actores de la comunidad educativa, siendo la familia el primer espacio de socialización y construcción de pautas de convivencia”.
Lena señaló que los antecedentes provinciales y nacionales “muestran una clara tendencia nacional hacia políticas públicas integrales que combinan prevención, detección temprana, participación comunitaria, protocolos de intervención unificados y dispositivos de apoyo institucional”.
Recalcó que no se está en presencia “de un fenómeno pasajero o una etapa natural del desarrollo, sino de una forma de violencia que requiere prevención, detección temprana e intervención institucional efectiva con el acompañamiento activo de las familias”. Añadió que para el caso de familias socioeconómicamente vulnerables, se prevé sustituir total o parcialmente la multa por trabajo comunitario o participación en programas de formación obligatoria.
Fuente: Página Política
