Marcos Rodríguez Allende no necesita presentación en la comunidad judicial de Paraná. Trajina hace mucho tiempo los tribunales. Casi tres décadas.  

El abogado de 52 años supo captar la atención de las páginas policiales de los medios cuando lo encontró como representante de algunas de las partes en hechos que atraían la atención pública. Defendió a víctimas de la inseguridad, pero también a muchos policías. Su primera aparición en un caso resonante fue allá por 1997 cuando representó a una de las imputadas del feminicidio de Dalma Otero. 

Rodríguez Allende prestó servicios al peronismo desde que tiene uso de razón y se recibió en la Universidad Católica de Santa Fe. En el 2003 cuando Jorge Busti asumió su tercer mandato lo convocó para crear la Oficina Anticorrupción, lo que implicaba deshacer la Fiscalía de Investigaciones Administrativas (FIA), creada por Sergio Montiel, y que le inició causas al ex gobernador justicialista y colaboradores. 

Ese organismo tenía como función dejar morir cualquier intento de avanzar con las denuncias, pero algunas ya habían avanzado. Eso le trajo algunos dolores de cabeza a Rodríguez Allende. Fue cuando el caso de Abelardo Pacayut por el Puerto Ibicuy no tenía vuelta atrás y el ex senador pretendía que desde el Poder Ejecutivo le arrojaran un salvavidas. El abogado le comunicó al entonces procesado que no había vuelta atrás. Fue en una reunión tensa que casi termina a las trompadas en presencia del propio Busti que los había convocado.  

Esa tarea, la de disolver la FIA para crear la OA, le valió a Rodríguez Allende la asesoría legal en el EPRE como recompensa por los servicios prestados todos esos años.  

Pero el abogado tendría mayor trascendencia ya en la era Urribarri. No solo porque lo haya defendido en las causas que todo este tiempo se viene narrando, sino porque con la implementación del sistema acusatorio Rodríguez Allende entendió algo que caracteriza como fundamental en el nuevo paradigma: mantener otro tipo de relaciones con los fiscales, que son quienes tienen el monopolio de la investigación. Cree que el ida y vuelta de buena manera le facilita una defensa. 

No se le conoce munición gruesa en contra de algún integrante del Ministerio Público Fiscal, pese a tener condenas en contra de sus representados. Esa es una característica que lo diferencia, por ejemplo, del team que defiende a funcionarios y ex funcionarios. 

Su consigna es evitar el juicio, siempre. Intentó hacerlo con José Allende y le fue bien, pero a último momento ese acuerdo entre el sindicalista y el procurador general Jorge García se derrumbó por cuestiones ajenas a las partes. Antes -como lo reveló Página Política– hizo lo propio cuando advirtió que lo de Urribarri venía de tsunami. Se sentó con el jefe de los fiscales -a quien estima y viceversa – y logró cerrar un acuerdo que visto a la distancia era una lotería. 

Luego del juicio, Marquitos, como se lo conoce, se alejó de Urribarri y compañía. Ahora trabaja a tiempo completo para Adán Bahl. 

El candidato a gobernador, alejado de las vicisitudes del mundo judicial, escucha con atención a su colaborador, que además de contarle el día a día de lo que sucede en tribunales, anota ideas por si le toca integrar el gobierno a partir del 10 de diciembre. También acerca gente y soluciona cuestiones, incluso, en el plano de la prensa. 

Rodríguez Allende tiene una visión positiva sobre el Poder Judicial en general, aunque cree que es necesaria una renovación en las cúpulas. 

No siguió de cerca las últimas reformas judiciales, aunque respecto a la que refiere al Consejo de la Magistratura cree que si bien la nueva ley fue un avance, no debió correrse a la UNL, sino dejarla e incorporar -como se hizo- a las entrerrianas. 

El tiempo que consume un concurso -a su entender- es un problema crucial a resolver. Su propuesta es que los integrantes de los jurados deben ser remunerados, pero que a la vez quienes deban corregir el examen deberán hacerlo en un tiempo fijado. 

Rodríguez Allende reparte su tiempo entre su trabajo como abogado y la política. Ni se imagina con un cargo si su candidato se convierte en gobernador. Mientras tanto hace gala de su pragmatismo para resolverle un problema a un peronista. 

Fuente: Página Política