El viernes 10 por la noche, al cierre de la edición, la noticia cayó como una bomba. Guillermo Smaldone había presentado la renuncia a la presidencia del Tribunal de Cuentas de la provincia. El organismo de control había quedado en el centro de la escena política cuando el oficialismo presentó a principios de semana un proyecto para reglamentar el órgano de contralor.

Esa iniciativa llevó la firma de Sergio Urribarri y Juan José Bahillo. La rúbrica del presidente de la Cámara de Diputados despertó inquietud. Fue él, como gobernador, quien impulsó a Smaldone al frente de Tribunal de Cuentas sin concurso previo como lo manda la Constitución. Urribarri, con un Senado monocolor, pidió acuerdo para su alfil.

Así, por lo menos, se cumplía con una parte del procedimiento de designación. Lo correcto era que les exija a los legisladores una ley que reglamente el Tribunal de Cuentas, como lo establece la carta magna reformada en 2008. El ex senador Juan Carlos Arralde interpuso una acción de inconstitucionalidad, hace más de un año, cuando se confirmó el nombramiento, pero la Justicia no se expidió nunca. Excepto la Procuración General. Jorge Amílcar García entendió que era el Poder Legislativo quien estaba en falta a no dictar la ley.

El radical cuestionó el proceso, pero también planteó una situación de discriminación, ya que el hecho de designar a Smaldone impedía la apertura de un concurso para que se anoten otros interesados.

También apuntó contra la figura de Smaldone, quien venía de desempeñarse como ministro de Trabajo. El joven abogado iba a auditar, entonces, a su gobierno.

El proyecto de Urribarri presentado a principio de semana para reglamentar el Tribunal de Cuentas establece en uno de sus artículos la ratificación de Smaldone en el cargo. Preguntas: ¿Se venía un fallo del Superior Tribunal de Justicia (STJ) en contra de la designación? Ese rumor corrió casi en consonancia con la renuncia del ahora ex funcionario. ¿Fue una decisión personal o consensuada entre Urribarri y Gustavo Bordet? La revalidación de Smaldone por ley venía empantanada. Cambiemos y el Frente Renovador se encargaron de arrinconar al oficialismo al establecer una regla para acordar un texto único: había que deshacerse del artículo que ratificaba a Smaldone.

La primera lectura que se hizo, en término políticos, fue que quien recibió el golpe fue Urribarri, el mentor de Smaldone.

La Justicia y la política

Con Smaldone renunciado no es necesario un fallo del STJ. El caso es abstracto. Una vez más la Justicia se desliga de una cuestión de fondo como es, en este caso, la conducción de un organismo de control.

Lo hizo en otras oportunidades, por caso, cuando debió resolver amparos relacionados a impugnaciones electorales que también terminaron siendo abstractas porque las elecciones se desarrollaron sin resolución a lo cuestionado.

Algo similar ocurrirá con el proyecto impulsado por Urribarri que previó la creación de dos acueductos financiados por capitales chinos durante su última gestión. Una multisectorial integrada por entidades gremiales, ambientalistas, grupo de productores y universidades interpuso una acción de inconstitucionalidad que aún no ha tenido un fallo del STJ. Bordet replanteó ese proyecto también esta semana. No serán dos sino uno el acueducto. El resto de los fondos se destinarán a otras obras. La oposición celebró esos cambios.

Lo cierto es que las reformas dejarían en abstracto el reclamo no resuelto. Sencillo, ese proyecto impugnado ya no es tal.

El caso del Tribunal de Cuentas dependía pura y exclusivamente de una sentencia judicial. Hay jurisprudencia variada ante el vacío de una ley que reglamente un organismo o instituto constitucional. Pasó con la Constitución Nacional de 1994.

La desidia no fue sólo de la Legislatura, también de Urribarri al no invocar la potestad de reglamentar los institutos por decreto pasado un tiempo sin que el parlamento se encargara. Sucede que un gobernador está habilitado para hacer política, la Justicia no está habilitada para hacerlo, por lo menos el términos partidarios.

Smaldone renunció y el Poder Judicial dejó a los entrerrianos sin saber si esa designación fue o no legal.