Por estos días se esperan novedades. En rigor, que esas novedades se hagan públicas en las audiencias tribunalicias, donde se lleva adelante la remisión a juicio de la causa de los contratos truchos en la Legislatura de Entre Ríos. El proceso se acerca al momento en que los principales imputados conocerán sus destinos. Mientras tanto en el palacio de justicia algunos hechos abren interrogantes.
Los abogados defensores comenzaron a exigir que quienes hayan ocupado una banca en el Senado y en la Cámara de Diputados durante el período investigado 2008 – 2018 sean quienes aporten información acerca de ese mecanismo que el Ministerio Público Fiscal ha encuadrado en la figura de asociación ilícita, en la que se contrató a personas sin una contraprestación a solo fin de que que presten el nombre para recaudar.
A lo largo del proceso se pudieron verificar diferentes casos. Estaban quienes prestaban el nombre a cambio de tener una obra social y los aportes, otros que se quedaban con una parte de ese contrato y el resto devolver ¿a quién?. También están los casos de periodistas que acercaban prestanombres para firmar contratos y cobrar honorarios.
La política entrerriana -se sabe- se financió en buena parte desde la Legislatura. El Senado llegó a mantener un diario impreso a través del Programa 18, una herramienta administrativa con la se utilizaban fondos presupuestados para el cuerpo legislativo sin control alguno.
En la góndola de contratos en el seno de las cámaras legislativas durante la década investigada aparece el nombre de Horacio Daniel Rosatti.
El actual presidente de la Corte Suprema de Justicia de la Nación fue nombrado a través de un contrato de locación de obra el 1° de julio de 2009 por seis meses por la suma de 30 mil pesos, cuyo libramiento fue fraccionado mensualmente con depósitos de 5 mil pesos. La contraprestación que se asignó según figura en el contrato: “Apoyo administrativo y técnico en la Prosecretaría de la Honorable Cámara de Senadores”. Quien firma el contrato es Juan Domingo Orabona, en su carácter de director general de la administración del Senado. El contador de Concordia está imputado en la causa de contratos truchos y pesa sobre él una pena de 7 años.
El 1° de enero de 2010 Orabona vuelve a contratar a Rosatti para que le dé una mano en la administración del Senado, durante tres meses. En las mismas condiciones. Lo mismo vuelve a ocurrir el 1° de julio hasta el 31 de diciembre de ese año y el 1° de julio de 2011 hasta el 30 de noviembre siguiente.
Es interesante el primer párrafo de los contratos a los que tuvo acceso Página Política. Dicen que el mismo queda “ad referéndum de la aprobación y autorización de la Presidencia de la Honorable Cámara de Senadores de Entre Ríos”. Una evidencia inapelable sobre la responsabilidad de los contratos en la Legislatura que el Ministerio Público Fiscal, desde el 20 de septiembre del 2018 a la fecha, se niega a analizar.
Rosatti había tenido una exposición importante en la vidriera nacional cuando se fue del gobierno de Néstor Kirchner, donde ostentó el cargo de ministro de Justicia durante un año (2004) a instancias de Cristina Fernández, quien lo conoció una década antes en la Convención Constituyente de Santa Fe.
Antes de llegar a la Corte, por iniciativa de Mauricio Macri en 2016 en los albores de su presidencia, el reconocido jurista se había desempeñado en Paraná. Incluso antes de sus funciones en el Senado entrerriano. Fue en el 2008, cuando Jorge Busti, presidente de la Convención Constituyente lo contrató como asesor. No solo por su innegable formación jurídica, sino también política. Tuvo un rol importante en la comisión del régimen municipal. Rosatti había sido dos veces intendente por el PJ en la ciudad capitalina de la provincia vecina.
Las contrataciones para llevar adelante ese proceso de reforma que duró seis meses corrieron por parte de la Cámara de Diputados. No obstante, ese período legislativo, que finalizó en 2011 no quedó bajo la lupa del implacable Ministerio Público Fiscal.
El nombre del prestigioso jurista fue contratado por un funcionario imputado al que se endilga integrar en un lugar de decisiones una asociación ilícita por la que se habrían desviado de 1.111.871.715, según los peritos actuantes.
Pero además la función de Rosatti, en esos años, según figura en los contratos era la de apoyar administrativamente en el Senado.
Vueltas de la vida. El presidente de la Corte fue uno de los que dictaminó en febrero del año pasado; junto a su pares Carlos Maqueda, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti; que la causa contratos se juzgue en jurisdicción provincial, contra las pretensiones de un grupo de abogados defensores.
Rosatti, quien aparece cumpliendo funciones en el área administrativa del Senado durante dos años en el que se cometieron los supuestos delitos se convierte en un testigo inquietante. De no haber tenido nada que ver, Rogelio Frigerio estaría en condiciones -como anunció- de hacerle devolver el dinero.
