Ante la denuncia impulsada por los abogados Rubén Pagliotto y Guillermo Mulet por presunto enriquecimiento ilícito por parte de Sergio Urribarri y su familia, la Mesa Nacional del GEN que preside la diputada Margarita Stolbizer, reclamó que se desarrolle “con profundidad y responsabilidad la investigación” de los hechos por parte del procurador general de la provincia (Jorge Amílcar García) de acuerdo al procedimiento penal y se garantice la seguridad de los denunciantes y sus familias y se evite, desde el gobierno de Gustavo Bordet, el uso de métodos de complicidad corporativa que buscan amedrentar y acallar voces”.
Stolbizer, de buena relación con Mauricio Macri, sostuvo que “está claro que en la Argentina se terminó la época del silencio y el miedo” y aseguró que “la sociedad exige que la Justicia actúe y que esté a la altura de la demanda ciudadana para que todos sean considerados bajo el principio de igualdad ante la ley”.
Para el GEN, fuerza a la que pertenece Pagliotto, “no debe haber hijos ni entenados. Se acabaron los privilegios y la impunidad. Todo funcionario que sea objeto de sospecha debe presentarse ante los tribunales para dejar en claro y demostrar que su patrimonio es bien habido. Es lo que establecen las leyes”, sostiene el documento al que tuvo acceso Página Política que lleva la firma la ex candidata a presidenta por el frente Progresistas.
Más adelante, la legisladora remarcó que “una denuncia por enriquecimiento ilícito no se contesta atacando a los denunciantes. Se responde poniéndose a consideración de la investigación, sin amenazas ni velados aprietes. No se necesitan de solidaridades ni lealtades mal entendidas. Basta con la tranquilidad de obrar rectamente y según la ley. Todo lo demás sólo se hace para confundir y embarullar deliberadamente”, apuntó.
Pagliotto y Mulet presentaron una denuncia que recayó en manos de los fiscales Patricia Yedro y Santiago Brugo –según pudo saber Página Judicial–, quienes deberán comenzar a trabajar sobre las declaraciones juradas de los funcionarios mencionados en la denuncia (Sergio Urribarri, sus hijos Sergio y Mauro y su cuñado, Juan Pablo Aguilera), pero también del resto de los familiares y allegados al ex gobernador, a fin de determinar si los ingresos declarados son compatibles con los bienes que registra cada uno de ellos. Para ello, el Ministerio Público daría participación a las oficinas periciales del Poder Judicial y de los organismos de control, ya que carece de estructura propia de profesionales.
