Otra vez, en una causa de corrupción, la defensa se apoya sobre los organismos de control del Estado. Éstos, que deberían haber evitado cualquier irregularidad en el seno de la administración pública, hace años vienen siendo el matafuego de los abogados que defienden a funcionarios en procesos penales.
Julio Federik lo hizo cuando representó al ex vicegobernador Héctor Alanis y ahora Raúl Barrandeguy con Sergio Urribarri. Dos abogados penalistas que fueron convencionales constituyentes en 2008 y que integraron la Comisión de Organismos de Control. Dos abogados reconocidos que han caminado por sobre la arena política.
El juicio que se sustancia en los tribunales y que tiene al embajador argentino en Israel como principal imputado vuelve a poner en la vidriera el estancamiento institucional en materia de transparencia que ya cualquier entrerriano advierte, excepto el Cippec, que pone buena nota a quien le paga. Además de no haberse cumplido la promesa post crisis 2001 de dictar una ley de Ética Pública (declaraciones juradas), tampoco se modernizaron los organismos de control. No había que hacer demasiado, sólo bastaba con restituirle, por ejemplo al Tribunal de Cuentas, la facultad de promover un juicio de responsabilidad.
Dijo Barrandeguy este lunes ante el tribunal: “A la corrupción se la impide, se la evita, antes que castigarla”, lanzó para resumir el propósito de la Contaduría General de la Provincia, la Tesorería y el Tribunal de Cuentas. Refería, claro, a la Constitución del ’33.
La historia del Tribunal de Cuentas es la historia de una tragedia. El organismo de control incorporado en la carta magna hace casi 90 años pero que debió esperar 40 años para crearse terminó siendo una de las plataformas más controversiales en la Entre Ríos contemporánea. Su función y sus atribuciones fueron manipuladas en diferentes procesos políticos.
La reforma constitucional en 2008 no avanzó en nada y sin pataleo de las principales fuerzas políticas. El juicio de responsabilidad implicaba investigar a un funcionario ante la presunción de irregularidades en el manejo de los fondos públicos. Esta facultad fue eliminada mediante una modificación de la ley orgánica en 1993. El Tribunal de Cuentas podía iniciar una demanda en su ámbito a quien se presumía que había cometido un perjuicio al Estado. Se trataba de un juicio que se desarrollaba con amplitud de pruebas y terminaba con una sentencia, apelable por recurso de inconstitucionalidad ante el Superior Tribunal de Justicia (STJ). La eliminación de esa potestad fue en el marco de la causa conocida como “cajas de alimentos” cuando uno de los vocales del organismo de control, José Rubén Morel, decidió investigar el desvío de fondos en el que estaban involucrados disputados justicialistas y terminó haciendo la denuncia penal. La apertura de la investigación le costó el cargo. La causa fue prescripta a instancias del juez de Instrucción Nº6, Héctor Toloy, que venía de desempeñarse como secretario del bloque del PJ en el Senado. La defensa estuvo a cargo de Rosario Romero. Lo cierto es que fulminado el juicio de responsabilidad, el organismo quedó acotado a lo meramente renditivo. Es decir revisar papelitos que ya vienen cocinados de Casa de Gobierno.
Eso sí, el Tribunal, en su estructura, mantiene a los fiscales de cuentas. ¿Para qué, si ya no se investiga? La última que lo hizo fue, precisamente en 1991 en la causa mencionada, Estela Bovier de Haenggi.
En el juicio tendrán que prestar declaración dos ex presidentes: Hugo Molina y Guillermo Smaldone. También lo harán auditores de ese organismo, el subtesorero general a cargo Jorge Donoso, y el contador general de la provincia, Aurelio Miraglio. Serán, seguramente, los testigos más inquietantes para los defensores, que se juegan un pleno al respaldo que estos organismos le dieron a quienes decidieron las erogaciones de los gastos que fueron impugnados por el Ministerio Público Fiscal.
Miraglio fue ratificado al frente del órgano de contralor en un procedimiento constitucional a medias. Su pliego obtuvo acuerdo luego de la audiencia pública, pero no tuvo concurso, como lo establece el artículo 217 de la Constitución. ¿Motivos? No estaba reglamentada la manda constitucional que evalúa a los candidatos en el Consejo de la Magistratura. Luego de la judicialización del caso Smaldone se reglamentó. En la Tesorería está Jorge Donoso, que llegó a hacerse cargo cuando su superior Gustavo Alejandro Gioria debió dar un paso al costado tras ser imputado en la escandalosa estafa en la Administradora Tributaria de Entre Ríos (ATER). Asesoraba a una firma que defraudó al fisco. Jamás se habló de algún sometimiento al Jurado de Enjuiciamiento, como lo establece el artículo de 212.
En una de las audiencias en las que Federik defendía a Alanis se quejó de las pruebas que- según él- favorecían a su defendido y “se las robaron”. Una verdadera lástima de haber sido así. Algo similar sucedió durante el período 2007 -2011 en la Cámara de Diputados, obligándolos a los fiscales que investigaron la causa de contratos truchos en la Legislatura a no poder hurgar sobre esos años.
(*) En la foto que ilustra esta nota aparecen Jorge Busti que convocó y luego presidió la Convención Constituyente, el gobernador Gustavo Bordet; y los convencionales Federik, Barrandeguy, Rosario Romero, Miguel Carlín y Marciano Martínez. Fue tomada en un homenaje al cumplirse 10 años de aquel proceso.
Fuente: Página Política
