El colega Daniel Tirso Fiorotto anuncia, hace un rato por un WhatsApp, que se “acabó el partido Castrillón”. Ese partido que puso de un lado al vocal del Superior Tribunal de Justicia (STJ), Emilio Castrillón, y del otro a un sector del gobierno provincial que nunca se identifica pero se sospecha.
Gustavo Bordet no se mostró en ese partido. Tampoco con el juicio político a Carlos Chiara Díaz. ¿Un gobernador no tiene nada que ver con la salida de un integrante del máximo órgano de justicia de la provincia? En aquel proceso se ventilaron cuestiones que la política decidió cajonear. Se conoció un festival de viáticos utilizados por los vocales que quedaron en anécdota. Los viáticos, hay que recordar, son fondos públicos. La procuradora adjunta, Cecilia Goyeneche, estuvo al frente de la investigación sobre la principal causa de corrupción en la provincia, la que se conoce como “contratos truchos”, y salvó a un socio de ir a la Unidad Penal porque los unían dos propiedades. Y así.
Con la presentación de pedido de juicio político a Castrillón y el carácter del denunciado algunos sectores se entusiasmaron con que se encienda un ventilador. El vocal de La Paz prometía y amagaba con incendiar todo. Luego de haber caminado campos minados de la política, de haber plasmado en un papel una estructura jurídica (Ley Castrillón) para domesticar un peronismo que se repite en cargos y se acomoda con los mismos nombres, el vocal se jubila del Poder Judicial con el cargo máximo. El Poder Ejecutivo le brinda ese derecho, el de jubilarse, en menos de una semana. Lo hace un sistema previsional fundido que llora la diaria y promete reformas que serán siempre una mala noticia.
No se ha prendido ningún ventilador, seguramente porque lo que hay para ventilar sea mucho y pesado. Pasó cuando se iba a enjuiciar a Héctor Alanis, Mario Yedro y Abelardo Pacayut, espadas legislativas que se sentaron en el banquillo. Los últimos dos, incluso, estuvieron en prisión. Hombres de la política, como Castrillón, pero que pagaron sus privilegios tras las rejas. Sin jubilaciones exprés.
Otra jubilación escandalosa, por lo rápida, fue la del entonces vocal de cámara, Felipe Celli, a quien Jorge Busti en su tercera gobernación no lo quería en el juicio por la desaparición de Fernanda Aguirre. De esa operación, la de apurar el trámite previsional, se encargó el entonces vocal del STJ, Miguel Carlín, que había saltado también desde la presidencia del bloque oficialista del Senado a la sensible Sala Penal y Asuntos Constitucionales. Cuando el vocal decidió volver a la política como convencional constituyente solicitó la jubilación. La misma no tardó en llegar.
Castrillón denunció mafias, acuerdos entre funcionarios y magistrados para cajonear causas y que no sean investigados. No voló una mosca por los dichos del entonces presidente del STJ. En su espalda carga con denuncias de violencia de género que restará saber si se investigarán o su jubilación será el acuerdo no explícito con que sus víctimas deberán convivir. En Página Política se insistirá con el comportamiento del fiscal interino Federico Uriburu, que ejerció la violencia contra una abogada de Nogoyá que se animó a denunciarlo. Mientras la mujer sobrelleva su trauma, Uriburu ostenta el cargo en otra fiscalía. Todo es silencio.
Los escándalos institucionales y la violencia de género en Entre Ríos parecen solucionarse con alguna operación de semanas y una jubilación a sola firma. Los privilegiados siguen siendo, hace décadas, los de siempre.
Fuente: Página Política
