Sectores empresarios, en su mayoría relacionados al mundo rural, expresaron su rechazo al proyecto impulsado por el gobierno nacional para implementar el “impuesto a la Renta Inesperada”.
Se trata de una iniciativa que pretende gravar en un 15% el excedente de la ganancia imponible durante el ejercicio 2022. Apunta –según sus fundamentos – a quienes se beneficiaron en el marco de la guerra en Ucrania.
Las firmas de los sectores se conocieron este jueves, cuando la soja alcanzó su pico histórico en Chicago al precio de 655 dólares la tonelada.
No hay sorpresas en las rúbricas que suscribieron: Bolsa de Cereales, Federación Agraria Argentina, Federación de Asociaciones Rurales de Entre Ríos, la Sociedad Rural de la provincia, arroceros, productores porcinos y la Unión Industrial de Entre Ríos, entre otros.
Un sector que no firmó y podría haberlo hecho por su lugar en el mercado de la producción es la Cámara de la Construcción, beneficiada como proveedora del Estado con quien en 15 años no han podido terminar el Hospital Bicentenario de Gualeguaychú anunciado hace 11 años y re anunciado dos veces por gestión según registran las crónicas. El nuevo nosocomio venía a reemplazar al viejo inaugurado de 1913.
Los constructores entrerrianos y el oficialismo coincidieron, esta vez, en el silencio. La patria contratista –buena parte de ella observada en los tribunales – no cuestionó a un impuesto que podría alcanzarlos. El Frente de Todos en la provincia evitó cualquier defensa. Se entiende, una mayoría del electorado se alinea con los sectores que se expresaron este miércoles, aunque no tengan el más mínimo beneficio que provenga de allí.
La última edición de la revista Crisis publica un interesante informe sobre el perfil agroexportador de la Argentina. Además del minucioso trabajo de investigación, se explica la estructura jurídica por la que se rige el sistema de exportaciones que implica declarar las exportaciones por adelantado, una especie de “dólar futuro”.
El texto trae un pedazo desconocido de la historia: cómo se intentó modificar un artículo neurálgico de la Ley de Granos y eso terminó en la salida de un ministro. Pero peor, el relato oficial de entonces lo registró de otra manera. El episodio es de abril de 2002 y se cita a continuación:
El país transitaba las consecuencias de una megadevaluación que había disparado como nunca las superganancias de los sectores exportadores, mientras en el mercado interno arreciaba la recesión, las cuasimonedas, los clubes del trueque. En este momento crucial donde de tan estallado todo parecía posible, el gobierno de Eduardo Duhalde reinstaló las retenciones a la exportación de granos (que habían desaparecido en 1991) para financiar la asistencia social.
Pero el equipo de Jorge Remes Lenicov, por entonces titular de Economía, osó ir más allá: en un decreto firmado el 16 de abril por todo el gabinete de ministros, cosa inusual, el gobierno anuló el artículo clave de la “Ley de Granos” de la dictadura: “en las actuales condiciones de emergencia por la que atraviesa el país, [el artículo 6° de la Ley de Granos hace] que no sea de efectiva aplicación el régimen de derechos de exportación”, dice textual el Decreto 618/2002. Parecía que el torrente democrático de 2001 había alcanzado también a la gestión del comercio exterior.
Sin embargo, algo pasó. Y no fue un ángel. Porque apenas cinco días después, exactamente el 22 de abril, el mismo gabinete en pleno firmó otro decreto, el 654/2002, cuyo artículo 6 reza: “Derógase el Decreto N° 618 de fecha 16 de abril de 2002, y restitúyese la vigencia del artículo 6° de la Ley N° 21.453 y sus modificaciones”. Al día siguiente, el ministro Remes renunció.
Para la historia, el economista se fue producto del “trabajo sucio” que había cumplido y que era salir de la convertibilidad con una megadevaluación que benefició al complejo agroexportador. Ese sector tiene una muestra anual que se conoce como ExpoAgro, cuyos principales auspiciantes son los diarios La Nación y Clarín.
A modo de cierre. Que en la lista se haya colado el Colegio de la Abogacía Seccional Concordia es llamativo. ¿Qué estudio jurídico podría ser alcanzado? Pareciera ser más la necesidad de expresar una posición política que una defensa ante el posible alcance de una posible ley. La crítica sale de la entidad del distrito Concordia, de donde salieron los últimos tres gobernadores. Todo un síntoma.
Aquí el informe completo de revista Crisis
Fuente: Página Política
