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Ley Ómnibus

Los temas que se negocian para el tratamiento en particular

Los gobernadores proponen un pacto fiscal para asegurarse fondos. Por esa pelea, no avanzaron privatizaciones, facultades delegadas y deuda. A continuación, uno a uno los capítulos que se negocian de cara a la sesión del próximo martes.

El presidente Javier Milei se quedó sin la aprobación definitiva en la Cámara de Diputados del proyecto de ley ómnibus porque los gobernadores no aceptaron eliminar los fragmentos del capítulo fiscal que les permitían aumentar la recaudación. Esa tensión complicó la negociación por otros temas, como privatizaciones, facultades delegadas y habilitación para tomar deuda, que aún no tiene acuerdo pleno en la oposición dialoguista, como se denominan a los bloques UCR, Hacemos Coalición Federal (HCF) e Innovación Federal (partidos provinciales).

Junto al PRO, que se muestra como aliado fijo, estas fuerzas son esenciales para que La Libertad Avanza (LLA) pueda alcanzar una mayoría en el Congreso. Más demorada está la negociación por otros temas como ambiente, cultura y turismo, que, de retornar el debate tal vez queden fuera del texto final.

El Presidente quedó en una encerrona por su fallido vínculo con los mandatarios provinciales. Tenía la expectativa de conseguir las herramientas para mejorar la recaudación con la suba de retenciones a las exportaciones y la eliminación de la fórmula jubilatoria, para luego pagar el costo político de bajar el mínimo no imponible de Ganancias y ayudar a aumentar la recaudación de las provincias. Como no le dieron los votos para tomar esas medidas, rompió con los mandatarios y olvidó que sin ellos no puede lograr mayorías en los recintos. Le esperan días de arduas negociaciones por cada uno de los artículos del proyecto.

 

Pacto fiscal

Parte del entusiasmo de los territoriales con la ley ómnibus era lograr que varios artículos pudieran significar más recaudación propia. Con la eliminación del capítulo fiscal que anunció Milei, no quedaba ninguno. Tenían expectativas en la coparticipación del blanqueo y el último lunes pidieron la del impuesto PAIS, que grava las compras en moneda extranjera y con la última devaluación se convirtió en uno de los tributos que más creció. Además, Milei subió la alícuota de 7,5 a 17,5%.

El impuesto fue creado en 2019 y no se reparte con las provincias. El 70% lo retiene la Nación y el resto se gira al Registro Nacional de Barrios Populares (Renabap), que rara vez lo ejecuta en su totalidad. Los mandatarios del espectro no peronista reclamaron el lunes que el 30% ingrese en la masa de coparticipación y Milei no quiso. Insistió en que el paquete fiscal se debía discutir después de sancionada la ley ómnibus. Olvidó que no podrá hacerlo sin los votos controlados por los mandatarios provinciales.

Este viernes, el cordobés Martín Llaryora envió al diputado Juan Brügge a elevar una propuesta: coparticipar el 21 o 23% del impuesto PAIS, darle el 9 o el 7% al Renabap y dejarle el 70% a la Nación. El ministro del Interior, Guillermo Francos, prometió hacer las gestiones. Por si acaso, le acercaron una contraoferta: utilizar flujos del Fondo de Garantía de Sustentabilidad (FGS) de Anses para cubrir los déficits de las cajas previsionales de las provincias. Si Milei no da señales de llegar a un acuerdo por estos temas, será muy difícil que el martes se retome la votación en particular. Tiene la opción de pasar la negociación a fojas cero y armar un pacto fiscal con las provincias, pero los gobernadores le exigen involucrarse personalmente. No confían en sus interlocutores.

 

Privatizaciones

Se trata de unos de los capítulos que más le interesan a Milei; tanto que su asesor Santiago Caputo amenazó con dar de baja el proyecto si no hay consenso. El jueves envió la última contrapropuesta: bajó de 36 a 27 las empresas a vender, divididas en paquetes, y empoderó a la bicameral de Modernización del Estado y Privatizaciones, encargada de supervisar las operaciones.

No termina de conformar a la UCR, donde ni siquiera hay unidad. El grupo cercano a la conducción de Rodrigo De Loredo sostiene que es necesario un dictamen de la Auditoría General de la Nación (AGN), para evitar una venta a precios depreciados. Otro sector del radicalismo insiste en que debe haber una ley para cada privatización y tiene de aliado al bloque de Córdoba. Tampoco aceptan que se oferten acciones del Banco Nación, que junto a Nucleoeléctrica y Arsat están en una lista para su venta parcial.

 

Deuda

El ministro de Economía, Toto Caputo, no quiso ir al Congreso a exponer y, desde su oficina, traba la aprobación del proyecto con dos artículos que no pasan el filtro de la UCR, y tienen como objetivo eliminar restricciones para tomar deuda en dólares. Uno reforma la ley de sostenibilidad, sancionada en 2021, que pone un tope a la emisión de bonos en moneda extranjera; el otro modifica el artículo 65 de la ley de administración financiera, que restringe el margen para renegociar pasivos. En este último tema, el secretario de Finanzas, Pablo Quirno, y el presidente del Banco Central, Santiago Bausilli, acordaron el jueves no restringir el roll over, a no ser que haya una situación de default. Milei y Caputo los mandaron a decir este viernes que ese pacto se cancelaba.

 

Facultades delegadas

Es un tema que todos los bloques dialoguistas dicen tener acordados, pero no termina de cerrarse. El gobierno redujo la posibilidad de tomar decisiones sin pasar por el Congreso a seis materias: económica, financiera, administrativa, tarifaria, seguridad y energética. En las últimas tres hay sectores dialoguistas que tienen reparos y de mínima exigen revisar las bases. Por caso, plantean sostener el marco regulatorio para definir un aumento tarifario. La tensión Nación – provincias complicó este capítulo, porque hay gobernadores, como Llaryora, que no están dispuestos a darle herramientas a Milei para vulnerar un acuerdo por fondos. El Presidente eliminó la emergencia fiscal, pero no fue suficiente.

 

Impuestos y fondos fiduciarios

Los partidos provinciales saben que sin sus votos no hay ley y salieron a jugar. Pamela Calletti, de Salta, pidió por el fondo del tabaco. El neuquino Rodrigo Llancafilo exige sostener las tarifas diferenciales por zonas frías. Si bien el gobierno las mantuvo, el proyecto lo habilita a eliminar ese beneficio. También hay un rechazo de los dialoguistas a la eliminación de los fondos fiduciarios energéticos. «Si lees la letra chica, no te queda nada», bromeaba uno de los negociadores de HCF. Seguirán revisando el dictamen unos días más.

 

Seguridad

La ministra Patricia Bullrich fue la gran marginada de las negociaciones. En la UCR no están de acuerdo con el capítulo que escribió y obligaron al Gobierno a eliminar y corregir artículos que referían a los castigos para organizadores de manifestaciones. Tampoco coinciden en elevar las penas por cortar calles, que aportaría a la desproporción que hay en el Código Penal. Se suma un agravante: esta semana fueron detenidos manifestantes radicales. Varios miembros de la bancada quieren responderle a Bullrich desechando su reforma.

 

Otros temas

El capítulo ambiental sigue sin resolverse, porque la UCR no acepta modificar la ley de glaciares. El gobierno lo considera clave para aumentar la inversión minera y hasta amenazó con retirar el proyecto. No hay acuerdo. Hay apartados que la oposición dialoguista prefiere discutir más adelante, como los referidos a la cultura y el turismo. Podrían ser eliminados en la votación en particular, sin finalmente se produce.

Fuente: Página Política - Letra P
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