La decisión del Gobierno de quitar de la ley Ómnibus el capítulo fiscal y postergar el tratamiento de los puntos tributarios y jubilatorios, presentado como un gesto a la oposición dialoguista, fue recibido como un arma de doble filo por los gobernadores, que resintieron la medida desde el primer día.

En pleno debate del proyecto en el Congreso, a pesar de que hubo más concesiones -en facultades extraordinarias y privatizaciones-, insisten en que la eliminación de la totalidad de esos ejes perjudica la recaudación. Y presionan para reincorporar los puntos que los beneficiarían, incluyendo la marcha atrás con Ganancias; o bien que les faciliten alternativas, como la coparticipación del impuesto PAÍS o del impuesto al cheque.

Frente a esos reclamos, el Gobierno está cediendo en varios puntos, excepto en los recaudatorios. “Todo lo fiscal se discute más adelante”, repetían hasta el cansancio desde el viernes, cuando el ministro de Economía, Luis Caputo, anunció la eliminación del cuarto eje del proyecto “Bases”.

El jueves a última hora hubo una muestra de cierta predisposición, al menos, para recibir los reclamos de manera directa. Ante los pedidos que llegaban desde el Congreso, el Ejecutivo envió al Parlamento al viceministro del Interior, Lisandro Catalán, que responde a Francos, con el objetivo de empezar a analizar una eventual propuesta superadora que permita llegar a un acuerdo. El funcionario de extrema confianza del ministro llegó sin previo aviso para reunirse con los jefes de los bloques y escuchó los reclamos, aunque no transmitió una respuesta definitiva. Y luego, el oficialismo les presentó un dictamen alternativo, con menos privatizaciones y facultades delegadas.

Sin embargo, varios de los mandatarios, aún en alerta, siguen planteando que se reparta el 30 por ciento de los ingresos por los impuestos a los gastos con tarjeta en el exterior y no están dispuestos a recibir una negativa.

Sin los votos para aprobar privatizaciones y el conjunto de facultades extraordinarias para el Ejecutivo, antes de mandar a Catalán la cúpula libertaria había buscado innovar en la discusión con una especie de concesión a cuenta. El jueves por la mañana, poco antes del inicio del segundo tramo del debate, el ministro del Interior, Guillermo Francos, había exhibido disposición para discutir “un nuevo pacto fiscal”, en una entrevista radial. Pero sin decir cuándo, ni bajo qué lineamientos.

En Balcarce 50 dejaron saber que impulsarán esa discusión sólo cuando esté aprobada la ley. Y aclararon que las condiciones de la discusión estarían supeditadas al nivel de apoyo que les presten los “dialoguistas” en la votación en particular. Además, aseguraron que “no tienen apuro”, y deslizaron que se impulsaría recién a partir de marzo, luego del inicio de las sesiones ordinarias.

Los legisladores de Hacemos –bloque al que pertenece el diputado entrerriano Francisco Morchio, el más cercano al gobernador Rogelio Frigerio– quedaron disconformes con la contrapropuesta, que consideraron insuficiente por lo vago del contenido y, sobre todo, por los tiempos en que sería tratada. Así que conminaron al funcionario a definir los términos concretos de los aspectos fiscales en simultáneo con la sesión.

Lo hicieron de manera poco sutil, a través de una entrevista donde Pichetto aseguró que Francos había programado una reunión, nada menos, que con todos los gobernadores. Lo cual obligó a la Casa Rosada a intentar frenar la versión, que ya corría con velocidad por todos los despachos del Congreso. El vocero Manuel Adorni debió aclarar oficialmente que no estaba prevista ninguna convocatoria formal. Y distintos funcionarios hicieron lo propio en consultas off the record. “Están presionando”, interpretaron, molestos.

 

Diálogo pendiente

Mientras tanto, por lo bajo, los gobernadores de Juntos por el Cambio, más proclives a dar apoyo y propensos a ayudar al Ejecutivo a frenar las especulaciones, se despegaron de la jugada del experimentado diputado que condujo el bloque del Frente para la Victoria (FpV) en el Senado durante los 12 años del kirchnerismo de Néstor y Cristina Kirchner. “No hay negociaciones hoy”, sostuvieron desde las provincias.

Desde el interbloque de JxC como desde Hacemos, sin embargo, seguían deseosos de reunirse con Francos, con quien sólo mantuvieron conversaciones telefónicas y por chat desde el martes. A través de trascendidos periodísticos durante los dos primeros días de sesión, dejaron saber repetidamente que era inminente que el ministro acudiera al Parlamento para negociar.

Pero en las oficinas de Interior lo negaban una y otra vez. Lo mismo ocurrió en el caso del asesor presidencial, Santiago Caputo, principal encargado de las negociaciones de las últimas semanas. “Pueden hablar por teléfono por cualquier cosa, no es necesario que vaya nadie”, dijeron desde la Presidencia.

Sin embargo, por la tarde dio la sorpresa Catalán al presentarse en el Congreso. Y luego se sumaron la hermana del Presidente, Karina Milei, acompañada por sus custodios, y Adorni, que se dirigieron directamente al despacho del presidente de la Cámara baja, el libertario Martín Menem. Al igual que en Interior, en la Casa Rosada aseguraron que la secretaria y el vocero no se presentaron para ofrecer nada en el ámbito fiscal, sino para monitorear de cerca la situación. “Fueron a mirar cómo van las cosas. Seguimos firmes en no cambiar nada más”, sostuvieron a Infobae muy cerca del primer mandatario.

La reticencia de Francos y Caputo a acudir a los llamados de los legisladores, admitieron en Gobierno, responde a la necesidad de, al menos, mostrar intransigencia, después de tres semanas donde incluyeron más cambios de los que hubieran deseado en la ley Bases, que se redujo a la mitad en su parte más importante. Es la línea que bajó Milei el jueves a sus ministros en la reunión de Gabinete de la mañana, cuando les dijo que no habría “ninguna modificación” de último momento. “Que se termine la novela y voten”, les transmitió en el Salón Blanco.

En las bancadas aliadas hacían oídos sordos al mensaje, e insistían en una visita de los representantes de Milei para negociar los cambios que les seguían negando. Finalmente lograron que, al menos, los escuche un funcionario de segunda línea, y que se introduzcan más modificaciones. El debate seguirá hoy y, posiblemente, durante el sábado. Los aliados creen que, en algún momento deberán aceptar algunas de sus exigencias en términos recaudatorios, para asegurarse los escaños con los que aún no cuentan para salir airosos en la votación en particular.

Fuente: Página Política