Pasó desapercibido, como todos los casos importantes. Lo cierto es que un senador expresó una preocupación sobre hechos que también han pasado desapercibidos y que son de una gravedad insoslayable. Los abusos de la Policía.
En la provincia se han sucedido casos en los que agentes de la fuerza de seguridad incurrieron en abusos y cometieron apremios ilegales. Hubo condenas, algunas lamentables.
En una audiencia que se realizó el 27 de mayo de 2015 ante la jueza de Garantías Nº 2 Marina Barbagelata, Mariano Maciel, su primo Luis Maciel y la esposa de éste, Sofía Ifran, sostuvieron que dos días antes vivieron “una verdadera pesadilla”. En un juicio abreviado, que se resolvió hace un mes se reveló que en un operativo en Villa Urquiza se utilizó una picana, propio de la época de las dictaduras militares.
El juez de Garantías Humberto Franchi dictó un fallo para estremecerse. Condenó en esa causa a los policías Gustavo Ramón Collaud y María Cecilia Depardón a tres años de prisión condicional; y para Raúl Javier Taborda, dos años de prisión condicional. Pero el juez, que supo tener a cargo la defensa del médico represor Juan Antonio Zaccaría, les impuso una inhabilitación especial que les permitió a los condenados continuar desempeñándose en la Policía, aunque sin portar armas por el doble del tiempo de la condena.
Hace dos semanas ingresó un proyecto de declaración en el Senado en el que el representante de Gualeguay enrolado en Cambiemos, Francisco Morchio, manifestó su “preocupación” por los “casos de tortura realizados en Entre Ríos” y reclamó al Poder Ejecutivo apara que se avanzara en la puesta en marcha del Mecanismo Provincial de Prevención de la Tortura. Se trata de la ley nacional 25.932 por la cual el país adoptó una postura proactiva al momento de la redacción del Protocolo Facultativo de la Convención contra la Tortura y otros tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes de Naciones Unidas.
Ese marco legal dispone que cada Estado deba crear mecanismos nacionales independientes a fin de prevenir la tortura y solicita la adopción de mecanismos locales para los casos de los Estados federales.
Es por ello que, en el año 2012, mediante la sanción de la ley 26.827, se creó el Sistema Nacional de Prevención de la Tortura. Mediante la reglamentación de ésta norma se instruyó a las provincias a adoptar mecanismos de prevención.
Antecedente
En la Legislatura entrerriana existen antecedentes. “Sin dudas, se trata de una deuda que se viene arrastrando desde la sanción de la ley nacional y deberá ser uno de los ejes de trabajo que tendremos por delante desde el Poder Legislativo. Asimismo, el Poder Ejecutivo deberá acompañar este proceso a fin de colocar a la Provincia de Entre Ríos entre aquellas que han avanzado en acciones concretas a fin de prevenir la tortura”, sostuvo Mochio. Nadie recogió el guante.
En abril del año pasado, el gobierno de Sergio Urribarri envió las cámaras un proyecto en el que dispone la creación del Comité Provincial para la Prevención de la Tortura, ámbito que estará integrado por siete miembros profesionales y con reconocida experiencia en la promoción de los Derechos Humanos. El mismo se crearía- según la iniciativa – en la órbita de la Legislatura.
En el último documento de la Multisectorial de los Derechos Humanos de Entre Ríos, leído el 24 de marzo, se insta al dictado del protocolo.
En la provincia crecen los hechos en que agentes de la Policía incurren en prácticas de tortura.
El proyecto se ha convertido en una deuda impostergable. En el texto proclamado en la Marcha de las Antorchas se cuestionó desde la primera hasta la última línea al gobierno de Macri por significar un retroceso en materia de derechos humanos. En la provincia, esa preocupación la tienen en Cambiemos.
