Blanca Osuna, integrante de la Comisión Bicameral de Fiscalización de Organismos y Actividades de Inteligencia, se refirió a la presentación realizada este jueves para que se comience el proceso por mal desempeño de las funciones en la causa que investiga el espionaje ilegal durante el gobierno de Mauricio Macri.
“Estamos ratificando lo decidido en la última reunión de 2021 de la comisión, donde se definió el pedido de juicio político de (Mariano) Llorens y (Pablo) Bertuzzi por la revocatoria de los procesamientos de (Gustavo) Arribas y (Silvia) Majdalani, los jefes de la Agencia Federal de Inteligencia durante el macrismo, en la causa conocida como Super Mario Bros”, recordó la diputada luego de la conferencia de prensa posterior a la presentación. “Es imposible que todas las pruebas, los testimonios y las documentaciones a disposición dejen dudas sobre la responsabilidad de la AFI y del gobierno de Cambiemos. No se trata de cuentapropismo, como defendieron los camaristas, sino de un plan sistemático de espionaje ilegal que daña profundamente nuestra Democracia”, cuestionó.
La legisladora explicó que en aquella reunión de diciembre también se definió la creación de una subcomisión que “investigue la persecución contra sindicalistas, luego de los videos con distintos funcionarios bonaerenses y nacionales de aquellos años, intendentes y diputados de Cambiemos, donde incluso se habló de Gestapo”.
Y afirmó que “nada es casualidad, y cuando se ponen todos estos elementos en el análisis, como lo vimos en el intenso trabajo realizado por la comisión con la producción de un informe final de 400 páginas, donde se verifica que 342 personas y 171 organizaciones fueron víctimas de espionaje ilegal, se vislumbra la gravedad institucional de lo realizado por el macrismo, con un apoyo significativo de un sector del Poder Judicial y el blindaje mediático necesario”.
“Bertuzzi y Llorens subestimaron u omitieron deliberadamente todas la pruebas de espionaje ilegal a dirigentes de la oposición, a militantes sociales, a sectores gremiales, a organismos de derechos humanos, a periodistas e incluso a los familiares de los 44 tripulantes fallecidos en el hundimiento del ARA San Juan, por el que también deben rendir cuentas”, criticó Osuna. “Intentaron transformar un procesamiento de 38 personas, que desnudó la impunidad del accionar desde el propio Estado, como no había ocurrido desde el retorno de la Democracia, en una suerte de teoría de cuentapropismo, desligando las responsabilidades de quienes montaron este sistema”, profundizó.
“La Comisión y el Congreso continúan con un riguroso trabajo sobre este tema, porque estamos convencidos que es vital para consolidar nuestras instituciones y construir una sociedad mejor. El presidente Alberto Fernández también fue claro cuando dijo que el uso del servicio de inteligencia del Estado de Derecho para hacer espionaje interno y para promover persecuciones criminales es definitivamente asqueante y consecuentemente inadmisible. Es hora que el Poder Judicial haga lo propio y llegue al final de este triste sótano en nuestra historia”, finalizó Osuna.
Fuente: Página Política
