La diputada provincial, Gabriela Lena (UCR-JxER), presentó un proyecto de ley en la Cámara baja que propone establecer lo que define como un marco regulatorio claro para el Procedimiento de Juicio Político en Entre Ríos.
El proyecto pretende saldar un debate que tiene su tiempo. Desde 2002, cuando se intentó el juicio político al entonces gobernador Sergio Montiel, se plantearon argumentos en torno al “vacío legal” respecto del mecanismo previsto en la Constitución provincial. La Convención Constituyente de 2008 intentó salvar esa falencia con una redacción más pormenorizada aunque primó el criterio de evitar un articulado demasiado “reglamentarista”, en la Carta Magna.
Lena consideró necesario, en este sentido, una ley que explicite con más precisión los pasos del proceso previsto para la destitución del gobernador, el vicegobernador, los ministros, los funcionarios con rango constitucional y los vocales del Superior Tribunal de Justicia. La diputada consideró que “es una deuda institucional el definir las reglas de juego, garantizando el derecho a la defensa y la participación ciudadana” en el proceso.
El proyecto presentado estipula que el juicio político se regirá estrictamente por la Constitución Provincial y, de manera subsidiaria, por el Código Procesal Civil y Comercial. Afirmó la diputada que de este modo “se otorga una estructura jurídica sólida que evita interpretaciones arbitrarias durante la investigación de posibles causales de mal desempeño”.
Claridad
La iniciativa, de 36 artículos, establece a la Comisión de Investigación (Art. 141 de la Constitución) como el órgano clave del proceso. También se apoya en el Código Procesal Civil y Comercial para garantizar un debido proceso técnico y contempla el uso de soportes digitales para la recepción de denuncias, facilitando el control ciudadano desde cualquier punto de la provincia.
En los fundamentos, Lena atendió a los antecedentes de Juicio Político –los últimos, contra las vocales Gisela Schumacher y Susana Medina– que “han demostrado que la Constitución carece de una norma reglamentaria clara y detallada que garantice los principios y garantías constitucionales”. Repasó la necesidad de atender a los principios “del debido proceso, la igualdad ante la ley, la defensa en juicio, la presunción de inocencia, la separación e independencia de los poderes, la seguridad jurídica y la independencia judicial”.
“Advertí con mis pares diferentes vicisitudes y falencias en cuanto al proceso que debe regir para sobrellevar un juicio político, que es de carácter excepcional. En efecto, el legislador al dictar la norma de la Constitución de la Provincia de Entre Ríos, dejó ciertas lagunas del derecho en cuanto al proceso que debe regir y este proyecto viene a reglamentar la normativa utilizando herramientas del propio Código Procesal Civil y Comercial de Entre Ríos”, afirmó.
Evaluó también que la Constitución “carece de una normativa en cuanto a los trámites o procedimientos, como la debida forma para pedir e iniciar un expediente de juicio político, la apertura o no de un proceso investigativo, la forma de las notificaciones en el domicilio real o en el laboral, la forma de contestar la denuncia y/o de ser oído. Tampoco se detallan cuestiones como el patrocinio legal de un abogado o abogada del foro provincial, los plazos, la etapa probatoria o la resolución final”.
El objetivo del proyecto es completar ese vacío normativo. “El derecho de fondo en este caso constitucional referido al juicio político debe estar respaldado por el derecho de forma o procedimental”, remarcó. Indicó que “esta normativa procedimental ha sido confeccionada utilizando de forma comparativa el propio Código Procesal Civil y Comercial de la provincia. Este proyecto de ley cumple en otorgar al proceso de juicio político un marco normativo claro, previsible y constitucionalmente consistente, que lo consolide como un auténtico instrumento de equilibrio institucional y no como un factor de incertidumbre o erosión del orden constitucional”, concluyó.
Fuente: Página Política
