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Justicia y política

Pelea por tortitas (de plata)

Los depósitos judiciales y la tasa judicial escriben otro capítulo de la interna de los tribunales en la Cámara de Diputados. Tironeo y marchas atrás por el destino de sumas de dinero.

En el Superior Tribunal de Justicia (STJ) esperaron que se apruebe el contrato de agente financiero entre el gobierno provincial y el Banco de Entre Ríos S. A o, bien; no supieron que eso sucedió debido al silencio de buena parte de los medios, con salvadas excepciones.

El presidente del STJ, Martín Carbonell, entregó a su par de la Cámara de Diputados, Ángel Giano, un proyecto de ley por el cual pretende disponer de los intereses generados por las sumas depositadas en los expedientes judiciales. La iniciativa prevé preservar su valor en inversiones. En resumen: no regalarle esa masa de dinero al banco para que la trabaje a costo cero.

El proyecto se fundamenta en que el Bersa, en su calidad de agente financiero, registra la existencia de más de treinta mil cuentas judiciales, de las que el STJ solicitó una depuración de aquellas cuyo último movimiento sea anterior al 31 de diciembre de 2008 unificándolas en dos cuentas -en pesos y en dólares- a nombre del máximo órgano de justicia.

En estos cuatro meses de poca actividad judicial por la pandemia se depositó una cifra en torno a los mil millones de pesos.

Lerdos o vivos

Esteban Vitor se mostró sorprendido por la iniciativa del STJ y dijo que le había llamado la atención el nivel desinformación, ya que la oposición en varias oportunidades había manifestado que el banco seguramente trabajaba un monto considerable de dinero producto de los depósitos judiciales. “Justo ahora, después de que se cerró el proceso del agente financiero, vienen con esto de cobrar intereses de los depósitos judiciales”, dijo el diputado del PRO y se permitió una duda: “No sé si son lerdos o si hay mala intención, porque no puedo creer que no se hayan dado cuenta antes”.

Es posible que el Poder Judicial haya querido –con razón – no entrometerse en un proceso polémico y mucho menos inclinando la balanza para un lado. Además, en tribunales no deberían estar enojados con la entidad bancaria que suele tener gestos. La Fundación Bersa ha donado camionetas para los tribunales. No todo es negocio para un banco.

El tema de los depósitos judiciales conecta con otro tema vinculado a fondos: la tasa judicial.

El legislador del PRO presentó un proyecto de coparticipación cuyo fondo está en un 100 por ciento bajo la órbita del STJ. La iniciativa establece que la recaudación en concepto de Tasa por Actuaciones judiciales prevista en el Código Fiscal tenga el siguiente destino:

-El 65% al Superior Tribunal de Justicia, para atender la remodelación, reparación, ampliación o locación de bienes inmuebles y la adquisición, reparación y mantenimiento de los bienes del Poder judicial u otros fines que determine dicho tribunal.

-El 35 % al Ministerio Publico, para atender el funcionamiento del Laboratorio de Informática Forense, Laboratorio de Toxicología, Pericias, necesidades edilicias, pruebas genéticas y todo otro gasto que dicho organismo estime necesario.

La tasa judicial iba a rentas generales, es decir al Poder Ejecutivo, pero Sergio Urribarri hizo aprobar una ley para que esos fondos los maneje el Poder Judicial. Fue también en su gestión donde el hoy embajador en Israel decidió sancionar la Ley de Enganche, lo que generó que la paritaria de los funcionarios y empleados judiciales la fije la Corte Suprema de Justicia y no el gobernador como sucedía hasta entonces. Incluso habiendo en los tribunales porcentajes más altos que los demás sectores estatales. Al final el ex mandatario podría jactarse de haber democratizado la justicia.

Una voz en el teléfono

El procurador general y el defensor general, Jorge García y Maximiliano Benítez, estaban de acuerdo, obviamente, con la coparticipación de la tasa judicial. Incluso el propio Carbonell, desde lo personal, también se mostró en ese sentido. En el peronismo estaban para levantar la mano.

Pero empezaron a llegar mensajes de los tribunales a los legisladores advirtiendo que si le entregaban esos fondos al Ministerio Público Fiscal iban a ser utilizados en su contra. Grageas del diálogo institucional.

Solo faltó que le pidan un asesoramiento ad doc a Urribarri, que debe estar pensando si la suspensión de sus juicios no tiene gusto a poco con todo lo que se movió por una estructura que no armó él, sino su mentor, Jorge Busti.

El sistema acusatorio deposita la investigación en el fiscal, por esa razón ese ministerio debería tener fondos. Lo mismo el organismo de Benítez, donde recurren las personas de menos recursos.

El dinero, aparte de independencia, fortalece el mando del poder. Que el STJ retenga los fondos también le otorga la posibilidad de manejar en cierto modo el devenir de las pesquisas. Un perito debe ser requerido al alto cuerpo. Los turnos pueden ser manejados-si se quiere aunque no esté bien- con cierta discrecionalidad. Lo mismo la Oficina de Gestión de Audiencias, que no ha podido encontrar un espacio para llevar adelante las causas de corrupción que han sido remitidas a juicio. Por caso las de los acumuladores seriales de legajos y carreras largas: Urribarri y José Allende.

El proyecto quedó en un cajón. Quizás en ese lugar esté el equilibrio del Poder Judicial cuya interna ha estropeado el servicio de justicia.

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