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Profesionalismo y lobby

El estamento de los académicos en el Consejo de la Magistratura ingresó en una etapa de debate y polémica. Lo que se dice en voz baja y lo que esconden algunas expresiones. Qué está pensando la oposición.

La Universidad Nacional del Litoral (UNL) quedó en el centro del debate por la reforma en el Consejo de la Magistratura, proyecto que pretende incorporar a la casa de altos estudios con sede en la provincia: la Universidad Nacional de Entre Ríos (UNER), la Universidad Autónoma de Entre Ríos (Uader) y la Universidad Tecnológica Nacional (UTN).

La UNL es y será, seguramente, una cantera de profesionales del derecho y juristas que ocupen los cargos más importantes de los poderes judiciales del país. Como ocurre, si se quiere, con Ricardo Lorenzetti y Horacio Rosatti, éste último asesor de la última Convención Constituyente de la provincia, en 2008.

El corrimiento de la centenaria casa de altos estudios del Consejo de la Magistratura tiene como crítica unánime lo que significaría una “pérdida de profesionalismo”.

El estamento académico, que se pretende reformar en su representación, hoy está en manos de la UNL, UCU y UCA.

El Consejo de la Magistratura tiene como objetivo evaluar y seleccionar a futuros posibles integrantes del Poder Judicial desde una perspectiva que va más allá de lo netamente técnico jurídico. El proceso, de tres etapas, se divide en la recepción de los antecedentes que suma 30 puntos; una prueba evaluada por un jurado especializado que pone en juego 50 puntos; y la entrevista personal, donde se indaga más en el plano general y humano con la participación de representantes de la sociedad civil y desde una óptica de los derechos humanos. Allí se otorgan 20 puntos.

Los jurados que corrigen los exámenes, instancia de mayor puntaje y donde los postulantes deben desplegar la capacidad de resolución de un caso concreto, lo corrigen especialistas de la materia, que suelen ser juristas de otras jurisdicciones. ¿Se está, entonces, ante una posible pérdida de profesionalismo?

Para ingresar al Poder Judicial de Entre Ríos se exige el título de abogado y antigüedad. Es por eso que muchos postulantes se anotan, a la vez, en concursos para fiscal, juez de garantías y defensor. Evidentemente no se avizora en esos casos, que son muchos, la tenacidad por especializarse en una rama del derecho o seguir los instintos de una vocación.

Vocales del Superior Tribunal de Justicia (STJ) integran salas de un fuero que les era ajeno cuando se desempeñaban en una cámara de otro fuero.

Cualquier representante de los académicos en el Consejo de la Magistratura, si fuese docente de la Uader no podría representar a la universidad en el organismo pese a que su formación haya sido en la UNL. Pareciera ser que el profesionalismo no pasa por la formación sino por una especie de “dime con quién andas y te diré quién eres”.

El grito en el cielo por el apartamiento de la UNL, coincidentemente, surge de docentes de esa universidad. Pero además, de quienes se opusieron en el off de record en su momento a la implementación del Juicio por Jurados. Ese sistema, que promueve el involucramiento de la ciudadanía en la resolución de un conflicto, también fue visto como un golpe a la profesionalización de un proceso. Con el correr del tiempo, críticos pudieron experimentar personalmente la eficiencia del sistema y hoy lo saludan.

En el fondo y lo que no se dice está relacionado a la disputa política. La oposición ve en la incorporación de la Uader (no de la UNER, a la que ni siquiera nombra) el interés por una mayoría circunstancial. Le adjudican a la universidad fundada por el radical Sergio Montiel y con rango constitucional ser un bastión peronista. ¿No es la UNL, acaso, un bunker del radicalismo y Franja Morada?  La casa de altos estudios fue la plataforma electoral del referente de la UCR Mario Barletta, que saltó del rectorado a la Intendencia de Santa Fe.

La Facultad de Ciencias Jurídicas de la UNL advirtió en la Cámara de Diputados de Entre Ríos donde la convocaron a dar su opinión sobre el proyecto que rechaza y aprovechó para advertir que convocó a una sesión ordinaria del Consejo Nacional de Decanos y Decanas de Derecho del todo el país para abordar este tema y que ya ha “recibido notas de acompañamiento”.

En la provincia donde nació la centenaria universidad, el Consejo de la Magistratura está  integrado por 13 miembros: tres jueces, seis legisladores, dos representantes de los abogados, un integrante del Poder Ejecutivo y uno del ámbito académico. Éste último no lo representa la UNL.

Se desconocen convocatorias a decanos y decanas sobre ese cuadro de situación.

En el seno de Juntos por el Cambio rechazan por unanimidad el incremento de uno a tres la representación del Poder Ejecutivo. Incluso el mismo representante del Ejecutivo, Mariano Churruarín se encargó de decir que así como está es la correcto.

En lo que respecta a la representación académica la oposición no están de acuerdo que se aparte a la UNL, pero tampoco rechaza la incorporación de las casas de altos estudios con sede en la provincia. Si bien el tema no se abordó en bloque, podría surgir una propuesta alternativa.

Fuente: Página Política
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