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Reforma

El Consejo de la Magistratura y las universidades  

La incorporación de las casas de altos estudios de la provincia en el estamento académico generó la crítica de la UNL, con asiento en Santa Fe. Página Política publica los diferentes posicionamientos

El proyecto para reformar el Consejo de la Magistratura dio lugar a un nuevo debate. Más profundo que el pretendía la integración del organismo, porque en este caso tiene que ver con el lugar que ocuparán las universidades.

La propuesta de integrar a las casas de altos estudios de la provincia, como la Universidad Autónoma de Entre Ríos (Uader) y la Universidad Nacional de Entre Ríos (UNER), alteró los ánimos de la Universidad Nacional del Litoral (UNL). Ésta última tiene una notoria presencia en esta comarca porque magistrados de acá dan clases allá.

El proyecto de reforma, en este aspecto, incorpora a la Uader, UNER y UTN al estamento académico en la representación de Consejo de la Magistratura. En rigor a lo que sería la representatividad de la universidad pública. La Universidad Católica Argentina (UCA) subsede Paraná y la Universidad de Concepción del Uruguay (UCU) continúan en la estructura.

La decana de la Facultad de Ciencias Jurídicas de la UNL, Claudia Levin, participó del debate junto a representantes de todos los estamentos que convocó la Cámara de Diputados, donde ingresó la iniciativa.

La representante de la institución presentó un documento en la que rechazó el proyecto presentado por el oficialismo. A continuación el punto en que respecta a la reformulación de la representación de ese estamento.

“El Estado puso en cabeza de las facultades de Derecho la formación de los agentes judiciales. Son ellas quienes forman a las y los futuros abogadas y abogados. Estamos sometidos a controles de calidad para formar a los abogados. No es una cuestión menor excluir de la institución que va a seleccionar jueces, fiscales y defensores de la mirada académica integral del derecho que pueden brindar los profesores/as de las facultades de abogacía en general y de las públicas en particular”, dice el texto.

Enseguida, sin desmerecer a letrados que ejercen la docencia en universidades pero que no forman en Derecho, el texto afirma: “Los abogados que dictan alguna materia con contenido jurídico en carreras que no sean las de Derecho, son absolutamente idóneos para su función que no tienen como misión formar agentes judiciales, sino brindar elementos jurídicos específicos para el ejercicio de esa determinada profesión o elementos generales de derecho”. Y se pregunta: “Se puede creer que quien se especializó en kinesiología legal, destinando la formación a kinesiólogos, será previsiblemente más o menos autónomo al momento decidir en un concurso para juez penal por ejemplo, que un profesor por concurso de la carrera de abogacía que se dedica a formar futuros jueces, fiscales, defensores”

Levin recordó que desde el advenimiento de la democracia casi el 40 % del tiempo la facultad que conduce, y por decisión de toda la comunidad universitaria, fue conducida por decanos entrerrianos. “¿De verdad que se la puede percibir como extraña a Entre Ríos? Si esta misma cuestión se hubiera tratado en febrero de este año se le estaría diciendo que la UNL es extraña a Entre Ríos a mi antecesor, un profesor entrerriano”.

Para finalizar advirtió sobre “la desprofesionalización del Poder Judicial”.

La decana dejó sentado en el documento que “a raíz de la preocupación de decanos y decanas de derecho del país, ha convocado a una sesión ordinaria del Consejo Nacional de Decanos y Decanas de Derecho del todo el país, para abordar este tema” y “ya he recibido notas de acompañamiento a esta mirada de decanos de varias facultades de todo el país”

 

Invisibilizadas

La UNER emitió un documento en las últimas horas en el que apoya la incorporación de las universidades entrerrianas, en primer lugar, porque “reivindica la necesidad de reconocer que la pertenencia a una determinada carrera o facultad de una universidad no garantiza una formación que, de por sí, implique una jerarquización de saberes o conocimientos. En efecto, cualquier pretendida superioridad de un integrante del Consejo por el solo hecho de pertenecer a una institución que cuente con estudios de Derecho no garantiza ningún conocimiento específico ni una supuesta ‘integralidad’ de saberes que estén por encima de o que los habilite especialmente para realizar los cometidos aquí propuestos. Aún más, los nuevos desafíos del derecho se encuentran en el quehacer transdisciplinario donde los saberes -sobre todo aquéllos adquiridos en determinados ámbitos- se tensionan porque se entrecruzan y se ponen en cuestión frente a otras disciplinas o temáticas”.

La casa de altos estudios en su conjunto entiende que es un acierto la iniciativa porque “las universidades con asiento en la provincia aparecen invisibilizadas en determinados aspectos, precisamente, pareciera desconocerse que la UNER cuenta con facultades que han surgido del seno mismo de otras universidades -por ejemplo, de la Universidad Nacional del Litoral- y que, por esa razón, cuentan con una historia centenaria. También pareciera olvidarse -en determinados discursos y prácticas- que los docentes de ésta universidad acceden a sus cargos previo concurso público y abierto, de antecedentes y oposición, con un régimen extremadamente riguroso y que permiten garantizar el acceso a la docencia de quienes poseen la más alta calificación para tal desempeño”.

Desde la UNER se encargaron de destacar que cuentan con un amplio plantel de abogados y abogadas así como de otros profesionales que se desempeñan en asignaturas con contenido jurídicos que participan no sólo del ámbito académico docente sino, también, de proyectos de investigación, realización de actividades de extensión y que, por tanto, se encuentran altamente calificados, garantizando la excelencia y calidad de sus participaciones”.

“Debe quedar claro que lo expresado anteriormente no pretende generar disputas o una suerte de competencia con otras instituciones de educación superior de otras jurisdicciones sino que, por el contrario, pretende valorar las potencialidades existentes en la Universidad Nacional de Entre Ríos que, decididamente, pueden coadyuvar a la permanente mejora institucional a partir de compartir no sólo la territorialidad sino también los valores y tradiciones de nuestra provincia”, dice a modo de cierre, el documento de la UNER.

 

Conocimiento en el territorio

El Consejo Superior de Uader declaró de interés institucional la propuesta que se debate en la Legislatura por “promover el perfeccionamiento de la norma, específicamente en lo que concierne a la representatividad de las casas de estudios”.

En sesión extraordinaria, el rector Luciano Filipuzzi, al dar inicio a la reunión puso énfasis en “la importancia de estar discutiendo la representatividad de las universidades” en el organismo y opinó que “es fundamental, para garantizar mayor democracia y participación, que sean parte de ese ámbito las universidades que tienen asiento en la provincia y que cuentan con docentes que son abogados de carrera, que dictan cátedras de derecho y que poseen una gran idoneidad, experiencia y conocimiento del territorio”.

“Hoy como universidad pública sólo tiene representación la UNL, porque es la más cercana con una carrera de Derecho, acorde a lo que dice el texto actual de la ley”, explicó Filipuzzi y agregó que “sumar a docentes de asignaturas vinculadas al derecho permitirá revertir esta tendencia y que las universidades públicas entrerrianas tengan mayor protagonismo. Por eso planteamos que se incorpore a Uader, UNER y UTN”.

El rector, que es abogado, insistió en que los docentes de la institución que conduce “tienen los saberes para integrar el Consejo y al igual que toda la comunidad de Uader, trabajan diariamente por y para Entre Ríos. A su idoneidad le suman un conocimiento muy cercano del derecho constitucional local, los derechos procesales, el régimen municipal, además de tener una relación cotidiana con los intereses, valores y cosmovisión entrerriana”, lo que sostuvo que sería “una incoherencia que las universidades de mayor arraigo en la provincia no formen parte”.

Fuente: Página Política
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