El gobierno entrerriano propuso el nombre de Néstor Rodríguez para integrar el Consejo Consultivo Honorario de Medios Públicos, un organismo previsto en la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual para garantizar el “control social del cumplimiento de los objetivos de la ley por parte de Radio y Televisión Argentina Sociedad del Estado”, a cargo, entre otras, de la TV Pública.
Rodríguez fue director de LT 14, coordinador del área de prensa de la Municipalidad de Paraná en el comienzo de la gestión de Blanca Osuna y es actualmente coordinador de la Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual (Afsca).
“Por su reconocida trayectoria en el ámbito de la comunicación” es que el gobernador Sergio Urribarri y el ministro Pedro Báez lo proponen para el cargo, según lo dejaron plasmado en el Decreto Nº 3.678, publicado ayer en el Boletín Oficial, al que tuvo acceso Página Política.
El Consejo Consultivo Honorario de los Medios Públicos fue normado en el artículo 124 de la ley de medios, con el objeto de fiscalizar el cumplimiento de los objetivos de la norma en los medios que administra el gobierno nacional. Sin embargo, a más de cuatro años de aprobada la ley, el organismo no ha sido reglamentado.
Según el Afsca, el consejo consultivo debería estar integrado por dos personas a propuesta de las Facultades y carreras de Comunicación Social o Audiovisual o Periodismo de universidades nacionales; tres a propuesta de los sindicatos con personería gremial del sector con mayor cantidad de afiliados desempeñándose en Radio y Televisión Argentina Sociedad del Estado al momento de la designación; dos por organizaciones no gubernamentales de derechos humanos o representativas de públicos o audiencias; seis a propuesta de los gobiernos jurisdiccionales de las regiones geográficas del NOA; NEA; Cuyo; Centro; Patagonia; Provincia de Buenos Aires y Ciudad Autónoma de Buenos Aires; uno a propuesta del Consejo Federal de Educación; dos a propuesta del Consejo Asesor de la Comunicación Audiovisual y la Infancia que representen a entidades u organizaciones de productores de contenidos de televisión educativa, infantil o documental; y uno a propuesta de los Pueblos Originarios; todos con el objetivo de garantizar el pleno cumplimiento de la ley.
El retraso en la formación del consejo motivó un reclamo de entidades académicas, que exigieron la plena vigencia de la ley de medios, y también una demanda judicial contra el Poder Ejecutivo, a raíz de la imposibilidad de ejercer un control sobre los medios que integran el sistema de Radio y Televisión Argentina SA (RTA).
