La política vernácula tuvo, esta semana en el caso Kueider, un episodio más para divertirse. El video que muestra al ex senador contando plata tiene escaso peso jurídico, aunque no judicial (político).
La pieza visual es del año 2018 y fue producto de una operación de inteligencia de primer nivel a pedido de Sergio Urribarri, cuando presidía la Cámara de Diputados y Gustavo Bordet se propuso correrlo.
El entonces diputado, con los votos en contra confirmados, acudió a mano de obra porteña para intervenir el sistema de cámaras de la Gobernación, según fuentes de distintos espacios que ratificaron la versión ante Página Política. Obtenido el material fue enviado al entonces secretario de la Gobernación, lo que devino en el aborto del operativo que había activado el entonces gobernador para sacarlo de la presidencia.
Bordet y Kueider decidieron llevarlo a la Justicia y dar las explicaciones de que ese dinero era parte de los gastos reservados que efectivamente se distribuyen sin control. Se cruzaron al Ministerio Público Fiscal y presentaron el video. En rigor fue Kueider. La causa fue archivada.
Pero el video pasó a tener otra propietaria, además de Urribarri, Bordet, Kueider y la Procuración: la jueza federal de San Isidro, Sandra Arroyo Salgado, que lo obtuvo en el marco de allanamientos en Concordia.
Las imágenes, entonces, se pudieron filtrar a través de estas cuatro personas. La primera pregunta que debería hacerse para entender la trama es a quién beneficia y a quién perjudica.
El mantenimiento del caso Kueider en la vidriera mediática tiene diferentes efectos. Algunos se desconocen, por lo menos el impacto en la escena nacional. En Entre Ríos, sin embargo, el peronismo entrerriano es quien paga la cuenta. El PJ se encuentra en una situación similar a la UCR post gobierno de Sergio Montiel, en donde los dirigentes disfrutan con más ímpetu el daño al enemigo interno que el de afuera. Urribarri, por ejemplo, desde que quedó en libertad, además de retomar el cuidado de su plantación de tomates, se ha dedicado a cargar contra el peronismo local. Raro si se tiene en cuenta que la provincia está en manos del PRO y el país de un lunático, a los que no le dedica ninguna reflexión. Huele a poco, pero se entiende si se repasa su historia: de ser precandidato a presidente de la Nación terminó condenado con una pena establecida en el Código Penal para los homicidas.
En una elección sin PASO, Bordet pasa a cobrar todo lo que se conozca de Kueider, el hombre de extrema confianza en su primera administración. Si al ex senador detenido en Paraguay hay que adjudicarselo a alguien es al ex gobernador y actual diputado nacional.
El video de Kueider no debería impactar en la causa que se le abrió al ex gobernador en Concordia, porque fue precisamente el procurador general, Jorge Amilcar Luciano García, quien desechó esa pieza fílmica. Sin embargo, la viralización de la misma sumado a otros episodios publicados en la semana generan un clima propicio para que el jefe de los fiscales ratifique su eterno oficialismo e impute a Bordet. Las decisiones judiciales no se explican ni se prueban, se ejecutan. Rogelio Frigerio será, seguramente, el beneficiado en pleno año electoral, como lo fue Bordet cuando Urribarri era acosado por la Procuración General que él mismo había dotado de recursos y estructura.
El carrusel de García -en el que te perdona a la ida y te ejecuta a la vuelta- debería estudiarlo el Gobernador que, por estos días, recibió presiones por la lista de fiscales auxiliares que reveló este medio y disgusta al procurador.
Debería tener una charla con Pedro Báez, quien se sintió apuñalado por compañeros de ruta que sentía como hermanos.
La calesita gira siempre al ritmo de la música oficialista, lo que tranquiliza al gobernante. Después es todo lamento.
Fuente: Página Política
