En la Cámara de Diputados ingresó un proyecto muy sencillo. De dos artículos. El segundo, de forma. Vamos al importante: “Derógase el artículo 10 de la Ley Provincial N.0 10.068”.
Se trata de la Ley de Enganche, sistema por el cual los funcionarios y empleados del Poder Judicial actualizan sus salarios de manera automática con el que dispone la Corte Suprema de Justicia de la Nación, previa homologación del Poder Ejecutivo.
Dice el artículo que se pretende eliminar: “Establécese que a las remuneraciones de los magistrados, funcionarios y empleados del Poder Judicial provincial, se les aplicará en forma automática todo incremento que por cualquier concepto disponga la Corte Suprema de Justicia de la Nación para los haberes del Poder Judicial nacional, correspondiendo al Poder Ejecutivo implementar las medidas tendientes a adecuarlas en idéntica medida, para proceder a liquidarlas y abonarlas íntegramente. A tales fines, el Poder Judicial comunicará al Ministerio de Economía, Hacienda y Finanzas el incremento que resulte, con copia de la Acordada respectiva, para su cumplimiento”.
La iniciativa es de la diputada Liliana Salinas, oriunda de Concordia, que obtuvo una banca con La Libertad Avanza. En los proyectos de ley más relevantes acompaña al Gobierno. De hecho, el oficialismo provincial tiene una alianza con los libertarios. En el sitio oficial de la Cámara figura en un bloque unipersonal denominado Partido Conservador Popular. A la iniciativa la acompaña su par del bloque de Juntos por Entre Ríos, Noelia Taborda. Esta legisladora es la autora de un proyecto de ley por el cual se modifica la Ley de Régimen General de Concesiones de Entre Ríos, que quedó bajo la lupa de la oposición.
“Este proyecto no recorta sueldos, recorta un privilegio automático que hace 15 años le saca a Entre Ríos la posibilidad de administrar su propio presupuesto. Queremos que los aumentos de la justicia entrerriana se decidan en Entre Ríos y no en Buenos Aires”, afirmó Salinas en declaraciones en las últimas horas a Diario Río Uruguay.
La presentación del proyecto llega en un momento sensible entre la relación del Poder Ejecutivo y la Justicia. Fallos adversos y advertencias de probables planteos por la reforma previsional, el tema más apremiante, según lo reveló el flamante presidente de la Asociación de la Magistratura Asociación de la Magistratura y la Función Judicial de Entre Ríos, Rafaél Cotorruelo, en el ciclo Plaza Mansilla que se emite por radio streaming El Once.
La reforma previsional implica un desenganche para los jubilados del Poder Judicial. Los pasivos quedaron a expensas de la paritaria docente.
Hace una semana la Cámara en lo Contencioso Administrativo N° 1 de Paraná declaró inconstitucionales dos decisiones administrativas por las cuales el Poder Ejecutivo y el Senado otorgaron a trabajadores un aumento salarial que calificaron de “no remunerativo”. El tribunal entendió que los decretos por los que se asignaron aumentos a los trabajadores sin efectuar aportes y contribuciones al sistema de seguridad social -caja jubilatoria y obra social se encargó de subrayar el fallo-, violaron el mandato expreso previsto en el artículo 82 inciso d) de la Constitución de Entre Ríos que ordena que “todo incremento salarial otorgado a partir de la presente constitución deberá estar sujeto a aportes y contribuciones”.
Caja de Jubilaciones y obra social, es decir OSER. Estamos hablando de las reformas más relevantes de esta gestión. En resumen: tres magistrados advirtieron que los procedimientos por los que se otorgó un incremento salarial afectan a organismos a los que ellos aportan.
La Ley de Enganche, aprobada en el gobierno de Sergio Urribarri, es una vaca sagrada en los tribunales entrerrianos. Esa legislación se sustentó con un argumento irrefutable para la comunicación: la independencia del Poder Judicial. Los vocales del Superior Tribunal de Justicia (STJ) no negocian sus paritarias con el Ejecutivo, sino que lo atan a la Corte. Lo de la independencia lo puede explicar el propio Urribarri.
La única vez que se suspendió esa normativa que el oficialismo legislativo quiere eliminar fue durante la pandemia en el marco de la ley de emergencia. De hecho hubo planteos al respecto.
Ley de Enganche – Salinas by Página Judicial
Fuente: Página Política
