El bloque de senadores de Juntos por el Cambio (JxC) presentó un proyecto de ley para hacer un seguimiento y fiscalización de la reestructuración de la deuda provincial.

La iniciativa legislativa de autoría del senador de Federación, Rubén Dal Molín, establece, en el artículo primero, crear “en el ámbito del Poder Legislativo Provincial, la Comisión Bicameral para el seguimiento y fiscalización de la reestructuración de la Deuda Pública Internacional emitida bajo ley extranjera en año 2017, con amortizaciones año 2023-2024-2025, dispuesta por Decreto N° 1198”.

En los fundamentos del proyecto, se indicó que “las decisiones que se adopten, en función de los objetivos previstos, no solo afectarán el desenvolvimiento de las cuentas públicas, condicionarán el diseño de los presupuestos provinciales, determinará el nivel de inversión por parte del Estado en lo que resta del mandato (diciembre de 2023); y definirá condiciones del futuro de los entrerrianos en un plazo no menor a quince años. Como legisladores tenemos responsabilidades”.

“Será en este periodo, en el que nos toca como funcionarios electos, tanto oficialismo como oposición, donde se enmarcará nuevas condiciones para futuras administraciones, y no podemos hacernos los distraídos en una situación tan sensible para el futuro de los entrerrianos”, se argumentó.

El texto, al que adhirieron Francisco Morchio (Gualeguay), Omar Migueles (Tala) y Gastón Bagnat (Victoria) expresa como objeto de la bancada la “intención de colaborar para salir del atolladero, pero también, estamos convencidos, que como oposición podemos aportar en tal sentido”.

“La reestructuración del 55% de nuestra deuda pública, en dólares y emitida bajo ley extranjera, no es un tema menor. Incidirá en futuras gestiones y las cámaras no pueden estar ausente del conocimiento y aporte de las posibles medidas a adoptar”, se señaló.

Este contexto motivó que el diputado de la misma fuerza, Esteban Vitor, presentara un pedido de informes al respecto.

Integración

En cuanto a la composición de la Comisión Bicameral, los legisladores consideran que debe ser integrada por un mínimo de tres senadores y tres diputados, los que serán elegidos por sus propios cuerpos legislativos. “La Comisión dictará su propio reglamento interno y elegirá a un integrante de este, que se desempeñará como presidente y que tendrá a su cargo la representación de la Comisión. Tanto la presidencia como la mitad más uno de sus integrantes se integrarán por la primera minoría del Poder Legislativo”, se propone.

En el artículo tercero, se señala: “A los efectos de dar cumplimiento con la tarea, la Comisión Bicameral tendrá las siguientes atribuciones y deberes: a) recabar del Poder Ejecutivo, y de los organismos competentes toda la información relacionada con las operaciones y gestiones tendientes a lograr la refinanciación de la deuda pública; b) remitir al Poder Ejecutivo de la Provincia las observaciones y sugerencias que estime corresponder, como consecuencia del análisis que realice de la documentación; c) adoptar, dentro de su competencia, toda otra medida destinada a lograr una mejor consecución de los objetivos planteados.

Perspectivas

En los fundamentos, los senadores apuntan que la provincia “tiene un problema de liquidez ajustada, aún más, por la presión del déficit del sistema previsional”.

“Es innegable el deterioro de las cuentas públicas en el presente ejercicio; señalando una caída importante en los recursos por el freno sufrido por la economía a partir de medidas sanitarias de aislamiento social, sobre todo en el bimestre marzo – abril, con recuperación moderada en los bimestres siguientes”, señalan los legisladoes.

“Con una estructura de gastos corrientes que de los últimos cuatro períodos superaron incluso los ingresos corrientes, es decir, tuvimos déficit primario o económico, donde el 70% significa la masa salarial, más jubilaciones, un 15% corresponden a obligaciones del tesoro (coparticipación a los municipios, pago a docentes privados y otras transferencias), e importantes compromisos de pago de servicios de deuda (42 millones de dólares en el ejercicio), la provincia se financió en este periodo por achatamiento de las pautas salariales, los aportes extraordinarios del gobierno nacional y un crédito obtenido ante el Fondo Fiduciario para el Desarrollo Provincial (FFDP) por $3.500 millones, – plazo 36 cuotas – primer vencimiento enero 21”, describió JXC el panorama.

“Detenernos, sin embargo, en que los problemas de déficit fiscal, caída estrepitosa de la inversión pública y la necesaria reformulación de la deuda pública obedece solamente a los problemas macroeconómicos surgidos por el Covid-19, es, como mínimo sesgada y alejada de la realidad. Hace más de 10 años que Entre Ríos tiene déficit fiscal, la misma estructura de gastos y sus niveles de inversión pública decaen”, remarcaron.