Por Américo Schvartzman*

Hoy se cumplen quince años de que se juró la nueva Constitución entrerriana, reformada en 2008.

Me tocó estar ahí, la única vez en mi vida que ocupé un cargo público (y muy probablemente la última), nada menos que participando de las discusiones para reformar la Constitución de mi provincia y en representación de mi partido, el socialismo, que en esa época todavía proponía una vía distinta a la falsa polarización que ya asomaba por entonces en forma de “grieta”.

Quince años. Y de verdad sería un lindo día para festejar si se hubiera cumplido una sola de las muchas bellas disposiciones que incorporamos a la Carta Magna y de las que tanto sacó pecho el justicialismo gobernante, cuando se las daba de “progre” o de ambientalista o de ambas cosas a la vez.

Una sola. Pero no. Repasar los avances incluidos en la ley suprema de la Provincia es una tarea amargante.

La Constitución de 2008 fue presentada por el peronismo entrerriano como un summum de progresismo, transparencia y participación popular. Y es, parcialmente, verdad: cualquiera que lea el texto encontrará allí una cantidad de institutos nuevos y disposiciones (algunas previas, ojo) que son, o deberían ser, no solo un ejemplo para otros estados provinciales, sino sobre todo una garantía de buen gobierno, de democracia participativa, de Estado al servicio de una sociedad solidaria y de horizontes igualitarios. Institutos “nuevos” como el Defensor del Pueblo (art. 216), el Consejo Económico y Social (art. 53) o el Ente Ambiental (art. 84) fueron presentados como novedosos ante otras constituciones provinciales (pongo “nuevos” entre comillas porque en otros países rigen desde hace muchas décadas o incluso siglos). Pero como no se cumple nada, o casi nada, de todo eso, nuestra Constitución provincial, tan progre ella, se ha convertido en un monumento al caradurismo peronista (y con responsabilidad menor, pero responsabilidad al fin, de las otras fuerzas que han gobernado o cogobernado, como el radicalismo, el PRO y las fuerzas vecinales).

Para pasar en limpio, menciono algunas de las muchas que siguen esperando dejar de ser letra muerta en la igualitaria Constitución Entrerriana, para ser parte de una realidad que las necesita cada vez más. (Las menciono en un orden arbitrario: las primeras son las que me parecen más sencillas de implementar porque solo requieren la decisión política y no involucran grandes gastos presupuestarios).

 

1. Los directores departamentales de escuelas y de hospitales no podrán ser nombrados sin concursos (art. 36);
2. Se crea el Defensor del Pueblo de la Provincia (art. 216);
3. Los municipios podrán disponer su propia Carta Orgánica (art. 237);
4. Una misma persona no podrá acumular dos o más empleos, aunque uno sea de la Provincia y el otro de la Nación, municipio o comuna (art. 40);
5. El Estado no le pagará más “en negro” a sus trabajadores (art. 82, inc d);
6. Habrá un Consejo Económico y Social para elaborar políticas de Estado, con participación de representantes de la producción, el trabajo, el ambientalismo, la educación, las profesiones, la ciencia y la tecnología, todos ellos elegidos por las entidades representativas de cada sector (art. 53);
7. El Estado alentará la propiedad y gestión cooperativa de empresas por sus trabajadores (art. 76);
8. Se crea un Ente Ambiental para garantizar las evaluaciones de impacto ante cualquier iniciativa que ponga en riesgo el ambiente y para implementar la licencia social (participación ciudadana en los procesos de toma de decisiones que afecten derechos) (art. 84);
9. El Estado promueve la gestión sustentable y la preservación de los montes nativos, de las selvas ribereñas y de las especies autóctonas (art. 85);
10. El Estado no puede dictar leyes ni otras medidas que protejan culto alguno (art. 9);
11. Derechos humanos, culturas ancestrales, cooperativismo y mutualismo, educación sexual, para la paz y para la no violencia, ciencia y tecnología, educación ambiental, los lenguajes artísticos, la educación física y el deporte escolar son inherentes a la educación común y son lineamientos curriculares obligatorios y transversales (art. 260);
12. El Estado promueve la tenencia de la tierra por parte de sus residentes (art. 86);
13. Se creará un Banco de la Provincia para contribuir al desarrollo de sus sectores productivos y con una política crediticia con sentido de justicia social. Sus órganos directivos garantizan la participación democrática de los sectores de la producción, de los sectores sociales y de sus trabajadores (art. 74);
14. El Estado desalentará la concentración de los medios de comunicación social en el ámbito provincial, y promoverá la propiedad y gestión de medios de comunicación social por parte de organizaciones sociales, cooperativas y comunitarias sin fines de lucro (art. 70);
15. El Estado promoverá la desconcentración de los entes, organismos o empresas en todo el territorio de la Provincia (art. 67, inc. c);
16. El Estado asegura un ingreso mínimo para asegurar la subsistencia a todas las personas, un ente público con participación ciudadana lo hará efectivo (art. 24).

 

Sí, todo esto está en la Constitución Entrerriana. Y unas cuantas disposiciones más, tan innovadoras o profundas como éstas. Parece mentira ¿no?

Por ejemplo, la palabra “derechos” es la maś reiterada en el texto constitucional. Aparece nada menos que 92 veces en 280 artículos. Es decir que en promedio no se leen tres artículos seguidos sin que se garantice o mencione alguna vez un derecho. ¿Se puede concebir monumento mayor a la hipocresía que el incumplimiento de semejante colección de derechos garantizados?

Si algún día desaparece toda nuestra cultura y solo queda de nosotres un ejemplar de la Constitución, los historiadores futuros creerán que acá vivíamos en la utopía que soñaron Artigas, Ramirez, Alejo Peyret, el Manco Balsechi, Teresa Ratto y Pocho Lepratti.

La intención de esta columna no es reprocharle a la dirigencia el incuplimiento de la Constitución. Sería perder el tiempo, porque no es una cuestión de ignorancia sino de decisión política. La intención es contribuir a que el resto de nuestra gente se entere de lo que dice la máxima ley que rige (o debería regir) la vida entrerriana.

Lo que se requiere es una toma de conciencia generalizada, que quizás algun día se dé, cuando decidamos retomar sendas gloriosas que vienen ocultadas desde el fondo de la historia y sin embargo de a poco se abren paso, cuando más y más personas las retoman y las reponen en la discusión actual. Viejos anhelos de federalismo e igualdad, que mezclan la memoria de aquellas referencias que mencioné y donde se incluyen un montón de apellidos y nombres olvidados, de nuestros abuelos y abuelas charrúas, afros, vascos rebeldes, judíos cooperativistas y alemanes anarquistas, de las primeras maestras extranjeras y de tantos luchadores que ignoramos.

El aniversario redondo, los quince años, son apenas una excusa para hablar de esto, de lo que nadie habla.

 

* Ex convencional constituyente en 2008 por el Partido Socialista. Periodista, docente y filósofo. Integra la Junta Abya Yala por los Pueblos Libres, la cooperativa El Miércoles Comunicación y Cultura (de Concepción del Uruguay), el Grupo de Ética Ambiental de la SADAF (Sociedad Argentina de Análisis Filosófico) y la Asociación de Periodistas del Departamento Uruguay (APDU).

Fuente: Página Política