
Las comisiones de Asuntos Constitucionales y de Legislación General sesionaron este martes para avanzar con un dictamen sobre el proyecto de Ley de Ética Pública que presentó el gobernador Rogelio Frigerio, en febrero pasado.
Para el mediodía, se cumplía con la formalidad de reunir las firmas para el dictamen, un texto unánime, avalado por las distintas bancadas. El proyecto enviado por el Ejecutivo, casi sin retoques pero con la inclusión de dos puntos que fueron acompañados, aunque al momento de las firmas vinieron las quejas.
La primera: la cláusula “antinegacionista”. La propuso el diputado Yari Seyler del peronismo y fue ganando el acompañamiento de distintas voces, en el recinto, en un contexto marcado por los argumentos esgrimidos por el diputado nacional de La Libertad Avanza, Beltrán Benedit, al fundar la decisión de organizar una visita de legisladores a Alfredo Astiz, entre otros genocidas, presos en Ezeiza.
La redacción que se incluyó en el dictamen se incorporó entre el listado de “pautas de comportamiento ético”. Dice el punto que los funcionarios deberán “abstenerse de realizar por cualquier medio, exteriorizaciones, expresiones, o declaraciones públicas tendientes a reivindicar, justificar, negar o relativizar delitos cometidos por hechos de genocidio, crímenes de lesa humanidad y actos del terrorismo de Estado, así como también tendientes a elogiar, celebrar, minimizar, justificar o aprobar a los autores responsables de los delitos mencionados”.
Al momento de reunirse las firmas, las resistencias a este punto fueron expuestas por los diputados del oficialismo, Carola Laner y Silvio Gallay.
La otra incorporación fue una propuesta de la bancada del peronismo. Es un Observatorio de Seguimiento de la ley dependiente de la Legislatura. Después del mediodía, terminada la reunión de comisión, se expusieron las quejas al punto que no había tenido objeciones en el marco de la reunión.
Así las cosas, el borrador de dictamen unánime pasó a un cajón. Las comisiones deberán volver a convocarse para ver si se avanza con un debate que lleva varios años sin plasmarse en una ley.
Una historia sin avances
Se ha puesto en dudas una y mil veces si esta ley debiera llamarse como se llama, “de Ética Pública”. Se ha analizado si corresponde o no que el Estado controle, sancione, actitudes reñidas con “la ética” de un funcionario. Se ha dicho que en todo caso debieran regularse aspectos acerca de la responsabilidad que le cabe a un funcionario público.
Lo cierto es que desde fines de los 90 se habla del debate pendiente en torno a la Ley de Ética Pública en Entre Ríos. Se habla de vacancia de una norma que replique en la provincia las normas nacionales de 1997 y 1999.
Sólo hay, hasta aquí, una ley de mediados de los 50 que establece el método de presentación de las declaraciones juradas de bienes de los funcionarios. El gobierno dictatorial de entonces aprobó un decreto ley imponiendo el resguardo, en sobre lacrado, de la nómina de bienes ante Contaduría General de la Provincia. Según la ley vigente, solo la Justicia puede abrir esos sobres en el marco de una causa por delitos de corrupción.
Desde los 90, a la fecha, hubo mil y un intentos -sin demasiada voluntad política- de avanzar con la Ley de Ética Pública provincial, en línea con normas nacionales e internacionales en la materia. Algunos hitos en este sentido son marcados por Frigerio en los fundamentos del proyecto que presentó en febrero: menciona la ley nacional de 1997 que ratifica los preceptos de la Convención Interamericana contra la Corrupción, repasa los puntos de la Ley 25.188 de 1999 “que en su artículo 47 invita a las provincias y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires a dictar las normas que establezcan un régimen de declaraciones juradas, obsequios e incompatibilidades vinculadas con la ética en la función pública”. Recuerda el Gobernador que ya han dictado sus normas las provincias de Córdoba, Corrientes, Santa Fe, Salta, San Juan, Chubut, Río Negro, Chaco, Jujuy, Neuquén, Santa Cruz, Tierra del Fuego, Malvinas e Islas del Atlántico Sur, Mendoza, Santiago del Estero, Río Negro, y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Y enfoca en la Agenda 2030 que “plantea la creación de instituciones eficaces y transparentes que rindan cuentas y la garantía de acceso público a la información pública”.
La Constitución entrerriana reformada en 2008 mandó dictar una ley, en el artículo 37º que Frigerio cita en sus fundamentos. Otra serie de proyectos se presentaron desde entonces, sin avances en las cámaras.
Algunos puntos
El proyecto en debate tiene 40 artículos. En el 1º se repasan los objetivos: “regular las normas de conducta que deben regir en el ejercicio de la función pública”, junto con “brindar publicidad, transparencia y ficha limpia de las personas humanas y de sus actos jurídicos”. Además, “establece un conjunto de deberes, prohibiciones, inhabilidades e incompatibilidades aplicables, sin excepción, a todas las personas humanas que se desempeñen en cualquiera de sus tres poderes”.
Se prevé el listado de “pautas de conducta”; se contempla el mecanismo de presentación de las declaraciones juradas y la posibilidad de acceder a las mismas por parte de cualquier ciudadano. Se anticipan eventuales “conflictos de intereses”, se establece un régimen respecto de la recepción de “obsequios” de cualquier índole; se listan las incompatibilidades y las inhabilidades para ser candidato o funcionario (lo que se conoce como “ficha limpia”) entre las que aparece la condena por diversos delitos incluidos los casos de corrupción. No está previsto “resarcimiento” si finalmente la Justicia, en última instancia, resolviera sobreseer al condenado. También se instaura un régimen de incompatibilidades de funciones y se contempla la convocatoria a jubilados para ser funcionarios, los que podrán optar por el haber más alto.
El organismo de aplicación de la ley no existe por ahora. Lo crea la norma como Oficina de Ética Pública, bajo dependencia del Ministerio de Gobierno y Trabajo de la provincia.
Fuente: Página Política