“Un nombramiento inconstitucional por donde se lo mire”. Con esos términos calificó Juan Carlos Arralde la designación de Guillermo Smaldone que hizo el Senado este martes cuando aprobó el pliego del ministro de Trabajo que ahora pasará a presidir el Tribunal de Cuentas.

“Más que una pena personal, siento una frustración republicana cometida nada menos que por los propios senadores y el mismo Gobernador que juraron cumplir y hacer cumplir la Constitución”, dijo el dirigente radical de San Salvador, autor de la única acción judicial presentada ante el Superior Tribunal de Justicia (STJ) para detener el proceso de nombramiento. Los jueces no se han expedido. Sólo lo hizo el procurador general, Jorge Amílcar García, al dictaminar que es improcedente la medida cautelar interpuesta por el radical.

Para Arralde, “el encumbramiento de este funcionario se halla manchado por una ilegitimidad de origen, no sólo por la total ausencia de ética en la elección de una persona íntimamente ligada al poder gobernante al que deberá controlar, sino porque sus actos serán inconstitucionales porque esa mancha institucional es su marca de nacimiento”, asestó ante Página Política, el ex convencional constituyente.

Uno de los argumentos del dirigente y abogado para impugnar la designación de Smaldone, aparte de la supuesta violación de la Constitución por esquivar el concurso público como se establece en el artículo 217, es la relación del actual titular de la cartera laboral con el gobernador Sergio Urribarri.

Sobre la omisión de los jueces en expedirse sobre su pedido Arralde, lamentó la “denegación de justicia y la confirmación de que no se quiere confrontar con el poder, algo sobre lo cual temía, pero que ahora parece confirmarse con este silencio inexplicable”.

El dirigente de San Salvador no descartó recurrir a la vía penal para denunciar lo que a su criterio “constituye uno o dos delitos, básicamente el de violación de los deberes de funcionario público”.