A pesar de que los gobernadores de Juntos por el Cambio firmaron y celebraron la suspensión del Consenso Fiscal de 2017, los diputados provinciales no acompañaron la aprobación en la sesión de este mediodía.

De este modo, la adhesión a la adenda firmada ayer por todos los gobernadores –que suspende hasta el 31 de diciembre de 2020 nueve incisos del Consenso Fiscal 2017- se aprobó en Entre Ríos con el voto de los diputados del oficialismo.

En el debate, que duró 45 minutos y que incluyó ocho oradores, el peronismo agradeció a los diputados la decisión de bajar al recinto y aprobar por unanimidad el tratamiento sobre tablas de la iniciativa que, tras su media sanción, será tratada por el Senado.

La Cámara Alta tiene previsto sesionar el viernes a las 11 para buscar la sanción definitiva del proyecto. Así se acordó luego de una reunión que mantuvieron este miércoles los senadores con el Gustavo Bordet y Laura Stratta.

Argumentos

El jefe de bloque del oficialismo, Reynaldo Navarro fue el primero en agradecer la decisión de Cambiemos de dar las tablas para permitir el tratamiento de una iniciativa que, de lo contrario, hubiera demorado un día su media sanción. De cualquier modo, mencionó que estuvieron todos los gobernadores, de todos los colores políticos, en la firma de la adenda que deja sin efecto las bajas previstas para las alícuotas de impuestos que debían ser progresivas hasta 2022.

De este modo, se otorga libertad a las provincias para que, en caso de considerarlo necesario, utilicen las alícuotas máximas que se establecían para impuestos provinciales -como Ingresos Brutos o impuestos inmobiliarios- para este año 2019.

El diputado opositor, Esteban Vitor, se explayó sobre los antecedentes normativos del acuerdo. Valoró el “esfuerzo de armonización” de las cuentas públicas provinciales y la eliminación gradual de impuestos “distorsivos” que ahora “está a punto de perderse”.

Criticó que el proyecto haya sido mandado “sobre la hora y con la pretensión de ser tratado de inmediato”, que evitó una “análisis minucioso” de sus alcances. Y aseveró que esa urgencia “se sustenta en la presunción de que el año próximo aumentarán las necesidades financieras de las provincias en un contexto de escases de financiamiento”.

El jefe de la bancada de PRO recordó que el gobernador Gustavo Bordet, ante la Asamblea Legislativa de 2019 “se jactó” de haber cumplido con el pacto fiscal y de haber reducido un 50% Ingresos Brutos a la industria y al agro. Y prometió en que en 2020 la tasa sería cero.

También reparó en que ya con el Presupuesto provincial aprobado, habrá un aumento de 4 mil millones de pesos que el Ejecutivo dispondrá “tal vez discrecionalmente”.

El legislador observó que el gobierno nacional “pretende con la sanción de las leyes de emergencia lograr la reactivación y la sustentabilidad productiva, con criterio de equidad distributiva”, mientras , por otro lado, “le pone grilletes a la actividad privada, ahogándola con mayores impuestos en las provincias” que “no incentivarán inversiones”.

“Ojo con los dobles discursos y con lo que hagamos en Entre Ríos a diferencia de otras provincias”, advirtió Vitor.

Por su parte, el presidente del bloque radical, Gustavo Cusinato puso el acento en subrayar que su bancada planteó que los 4 mil millones de aumento de recaudación que –se estima- esta suspensión implica, se coparticipe a los municipios. Y, como jefe del Interbloque, adelantó el voto negativo bajo el argumento que la disminución de impuestos “distorsivos” ayudaban “no solo al sector privado sino también al sector público”.

“Entre Ríos necesita urgentemente entrar en una competitividad que garantice inversiones”, en el marco de “una gran competencia de todas las provincias de buscar inversiones fuera y dentro del país”, advirtió Cusinato.

A favor

Desde el oficialismo se puso el acento en que no se estaba votando la eliminación del acuerdo fiscal, sino sólo su “suspensión” por un año. Néstor Loggio fundamentó la medida en la situación de emergencia social que golpea “al 40% de argentinos que están por debajo de la línea de la pobreza”.

“Puedo coincidir con Cusinato respecto a las herramientas para crecer, desarrollarnos y encontrar inversiones”, aceptó Loggio, pero “estamos hablando de hermanos y hermanas que tienen hambre”.

“Creemos que la economía requiere de la demanda. El 70% del PBI es consumo interno. Si no dinamizamos el consumo no hay ninguna posibilidad que se recreen las Pymes, las empresas que generan empleo rápidamente. Esto tiene que ver con que el Estado ponga recursos en el bolsillo de los consumidores, de los desocupados, los jubilados, para poder tener la economía otra vez en marcha”, argumentó el dirigente el Frente Grande.

En similar sentido se expresaron, por el oficialismo, los diputados kirchneristas Juan Huss y Julio Solanas.