Fuad Sosa es el referente de la Asociación del Personal Legislativo de Entre Ríos (Apler). Fue presidente, en rigor, hasta 2022 aunque sigue siendo consultado como tal. En la actualidad es secretario de Interior de la Federación de Empleados Legislativos de la República Argentina (Felra).
El radical, que además preside su partido, tiene una máxima: “Al que viene a trabajar no hay que matarlo”.
El dirigente de Nogoyá reconoce que hay una serie de irregularidades o cuestiones poco claras que en tanto no se acomoden seguirán sucediendo. “Quiero ser cauto con esto y no generar malos entendidos. Creo que está bien que se revise, porque tenemos que entender que el gobierno que asume tiene ese derecho a revisar. Acá lo que ha sucedido es que cambió de color la gestión y se hicieron transferencias de personal a la Legislatura, cosa que no habían visto nunca, lo mismo con algunos nombramientos”, dijo en diálogo con Página Política, sin dar nombres.
El intenciones de reclamar judicialmente, como se preveía, se comenzó a explicitar. “Hay gente que se está asesorando para ir a la Justicia, lo que sucede es que a lo largo del tiempo se ha ido cambiando la jurisprudencia. Por ejemplo, hay casos de empleados que estaban bajo la modalidad de contrato de servicio hace años y, por Constitución, deberían tener la estabilidad, pero en los tribunales ya se ha dicho otra cosa al respecto. ¿Qué va a pasar ahora?. No sé”, se preguntó y contestó. Enseguida marcó una contradicción: “Pasó que se hacía un contrato por un servicio determinado y enseguida a esa persona la recategorizaban o la mandaban a otro lado. ¿Cómo, no se necesitaba un servicio determinado?”, ironizó.
Y agregó: “Lo mismo sucede con quienes dependían del legislador y no tenían la obligación de marcar. Para eso tiene que haber una nota del propio legislador ¿Están las notas? Porque quien no marcó y sin nota está en un problema”.
Sosa coincide con las revisiones que se están llevando adelante en la Legislatura y la austeridad que impulsa el Gobierno. Pero da un paso más para el devenir. Encuadró una propuesta en el proyecto de acceso a la información pública que envió a la Legislatura el Poder Ejecutivo. “Para evitar estas cosas, en algún punto, hay que aplicar el sistema del Congreso: que se conozcan quienes trabajan en planta y quienes son los transitorios. Me parece que con el proyecto de información pública se puede tratar”.
Prefiere no polemizar y vuelve con la máxima: “Al que viene a trabajar no hay que matarlo”.
Fuente: Página Política
