Si hoy hay un presidente interino en el Tribunal de Cuentas designado bajo el mandato de una ley es porque hubo pataleo. Fue necesario un planteo en la Justicia ante un hecho escandaloso. En resumen: Juan Carlos Arralde interpuso una acción de inconstitucionalidad que el Superior Tribunal de Justicia no resolvió y Guillermo Smaldone abandonó el organismo de control que presidía ante el rumor de una sentencia inminente en su contra. Sobre esta historia se contó todo y se cerró con la designación de Federico Felipe Tomas. Cuando estalló la polémica nadie se escandalizó, excepto Arralde.
Otro lugar estratégico en el control del Estado está acéfalo hace casi tres años y nadie ha dicho nada. No hubo tampoco un nombramiento para que aparezca un Arralde. Se trata de la Tesorería de la provincia, que quedó sin su titular luego de la renuncia de Gustavo Alejandro Gioria tras ventilarse la vergonzosa estafa millonaria en el seno de la Administradora Tributaria de Entre Ríos (ATER).
El 5 de noviembre de 2014 la Justicia allanó la Tesorería General en el marco de la causa en la que se investiga el desfalco al organismo recaudador.
Gioria, trascendido el episodio en aquel entonces cuando se hizo público el escándalo, decidió presentar su renuncia al cargo. No era para menos. El ahora ex funcionario, junto a otros contadores, aparentemente formarían parte de una red de profesionales que “ofrecían” a empresas proveedoras del Estado, deudoras de impuestos, compensarlas con acreencias y así liquidar todo en cero. La salida del cargo fue el fusible ante el delito de incompatibilidad en el ejercicio de la función. La jueza Marina Barbagelata, que lleva adelante la causa, aún no ha encontrado elementos para imputar. En la actualidad el organismo está a cargo de Omar Donoso, quien se venía desempeñando como subtesorero.
Denominador común
Cuando la designación de Smaldone ingresó en el ámbito de la polémica, el presidente de la Comisión de Acuerdo y Asuntos Constitucionales del Senado, Aldo Ballestena, se jactó de haber aprobado los pliegos del tesorero, Gioria; y el contador de la provincia, Aurelio Miraglio, sin ley reglamentaria. “No tengo herramientas para buscar una elección por un concurso público, hoy uno se maneja con lo que está. En definitiva, ese artículo no se ha reglamentado, ni el Ejecutivo por decreto o resolución lo ha llevado adelante, por lo que yo estoy habilitado a hacerlo de una manera”, apuntó el senador de La Paz. Los pliegos de Gioria y Miraglio tuvieron acuerdo en la sesión del 21 de junio de 2012. En esa ocasión se violentó el procedimiento de designación que manda la Constitución.
Bordet prometió y promete todos los días transparencia. Impulsó una ley por la cual se elegirían los funcionarios para los organismos de control a través de concursos de antecedentes y oposición.
La Tesorería y la Contaduría son órganos más importantes que el Tribunal de Cuentas. Allí se decide y se ejecuta el destino de los fondos.
Los dos organismos quedaron bajo la lupa en la causa ATER. El procedimiento para cancelar deudas con el Estado a través de las compensaciones que se violentó y se está investigando incumbe precisamente a las dos áreas. El artículo 75 del Código Fiscal dice que el proveedor del Estado debe acreditar la tenencia de créditos líquidos y exigibles ante un organismo, los que una vez aprobados por la Tesorería y la Contaduría General de la provincia. Esas dos áreas gubernamentales tenían a Gioria y Miraglio. El primero renunció; el segundo sigue en el cargo. Ambos fueron designados sin concurso.
