El tema lo puso de relieve Adán Bahl, la semana pasada, cuando anunció la presentación de un proyecto de ordenanza por la que se crea un ámbito con integrantes de las gestiones entrante y saliente para llevar adelante una transición ordenada. Los argumentos de la iniciativa están a la vista. Los traspasos en la Municipalidad de Paraná, sin distinciones de colores políticos, terminaron buena parte de ellas en los tribunales.
Hace un año, el senador Pablo Canali presentó un proyecto para darle una solución al problema de las transiciones.
El legislador vecinalista y ex intendente de San José pretendía establecer por ley un Régimen de Transición de Gobierno. Según explicó oportunamente el legislador de Colón, la idea era crear un ámbito “que regule los mecanismos y condiciones para la adecuada transición de la gestión de gobiernos municipales, entre las autoridades electas y las salientes. Queremos garantizar la más amplia eficiencia y trasparencia de los mecanismos democráticos de gobierno”, dijo oportunamente.
Y agregó: “La propuesta pretende generar un contexto propicio para que el gobierno entrante ejerza sus funciones sin dilaciones que puedan obstaculizar el normal desarrollo de las funciones del Estado Municipal, y que permita tomar decisiones sin dilaciones innecesarias e identificar aquellos planes, programas o proyectos cuya continuidad es fundamental y las que requieran especial atención o carácter urgente”.
El marco de la presentación de la iniciativa había sido el adelantamiento de las elecciones en Entre Ríos, lo que hacía pensar que el tiempo entre los comicios y el traspaso podía llegar a empeorar la transición, cosa que ocurrió en esta capital.
La presentación del proyecto de ordenanza por parte de Bahl, que era quien presidía el Senado que integraba Canali, y el texto presentado; habla de la desconexión política. En este caso en el oficialismo.
Esa desarticulación entre los cuerpos legislativos y foros de intendentes profundizan la crisis de la política. La Legislatura dejó pasar una década para reglamentar institutos fijados en la Constitución provincial. Algunos aun están en un limbo. La Defensoría del Pueblo, por caso. La falta de reglamentación trajo problemas institucionales serios, como fue la designación de Guillermo Smaldone en el Tribunal de Cuentas. Los vacíos legales terminan, irremediablemente, en la intermediación de un árbitro: el Poder Judicial.
