Desde el 2007 a la fecha las transiciones en Paraná fueron agresivas. Entre peronistas y radicales y entre peronistas y peronistas. José Carlos Halle asumió la gestión siendo sucesor de Julio Solanas, quien venía de perder la elección a gobernador. Hubo denuncia a la anterior gestión por un fideicomiso. Luego Blanca Osuna sucedió a Halle. Se había mostrado disconforme con las respuestas que su antecesor le había brindado en el marco de la transición. Sergio Varisco en su momento se quejó de que su antecesora no lo haya llamado el día de la elección. Bahl asumió con una denuncia penal contra el radical.
Hace varios años el Poder Judicial se encarga de resolver lo que no resuelve la política. Este proceso hizo que la dirigencia dirima en tribunales cuestiones que deberían ser disipadas en otros ámbitos que la democracia establece y garantiza. La profundización de este modelo de gestión abrió la puerta para un nuevo actor en la política: la Justicia. Tema que se ha abordado en este sitio bajo el hashtag “Justicia y política”.
La contratación de empleados en el ámbito municipal de la capital ha sido recurrente para quienes gobiernan, hecho que luego termina siendo denunciado por el que viene. Se hace política con contratos, generalmente con personas de bajos recursos, a las que no se les garantiza nada en esa contratación. La única garantía es la palabra del contratante, que se afinca ante un seguro triunfo. Varisco contrató –en el marco de la campaña- de manera escandalosa. La resolución de ese escándalo – como ya ha ocurrido – se lleva puesto a trabajadores que estaban en otra situación y que en algunos casos recurren a los tribunales para acreditar que el cuadro es diferente al que apunta un decreto municipal. En Paraná todo es peor. El sindicato Suoyem es la expresión más exacta de lo que no debe hacer un gremio. Pero mal no le ha ido. Cogobernó con Halle luego de hacerle la vida imposible a Solanas (sin ninguna ventaja para los trabajadores y la Municipalidad y una diputación para Hugo Vásquez) y luego fue una vértebra esencial en la gestión política de Varisco. Ahora mira como todos los días quedan trabajadores en la calle.
Este jueves se conoció el segundo fallo contra una trabajadora municipal que había interpuesto un amparo ante la caída de su contrato. En el expediente 10.104 de Leonor Seip y otros – al que tuvo acceso Página Política – se tramitó una declaración de nulidad del decreto municipal 393 de fecha 17 de marzo de 2020 que dispone la revocación de los decretos 469 y 917 del año anterior y se los reincorpore en la planta permanente. La Sala Tercera de la Cámara Segunda en lo Civil y Comercial, en este caso con funcionamiento unipersonal por la cuarentena en el vocal Andrés Marfil, consideró que la demanda es improcedente en tanto no cumple con el principal requisito que debe cumplir todo amparo. No va al fondo y el peticionante puede apelar. Más allá de lo jurídico, cada uno de los amparistas deberá pagar costas entre 11 y 18 mil pesos.
En Entre Ríos el Régimen Jurídico Básico, que fija un marco legal para el acceso a la función pública, es una deuda de décadas. El Poder Judicial como actor clave en la política también. La degradación de las instituciones es la regla.
