Los 13 concejales de Gualeguaychú, pertenecientes a Cambiemos, UNA y el Frente Para la Victoria, unificaron criterio para rechazar la iniciativa del Ejecutivo provincial de reforma a la Ley de la Madera, ley que se dictó en el marco de la lucha entrerriana contra las pasteras y que impide la exportación de madera a la República Oriental del Uruguay para ser usada en esa industria.
“En el año 2004, frente a la inminente amenaza de la instalación de la planta de celulosa Botnia (hoy UPM) en nuestro país hermano de República Oriental del Uruguay, el pueblo de la ciudad de Gualeguaychú en respuesta al avasallamiento de su derecho a la vida y a gozar de un ambiente sano, se organizó y movilizó por primera vez al Puente General San Martín en reclamo de esos derechos amenazados”, se advierte en un proyecto de resolución que da forma al rechazo.
“Esto ha sido un hito para nuestra provincia y nuestro país, generando que la ciudad sea referenciada por ella, y no solo eso, sino que esa lucha, esa organización ciudadana, se ha erigido como motivadora para que otros pueblos avasallados en sus derechos ambientales se organicen y exijan el respeto de los mismos”, argumentan los concejales.
“En el marco de este reclamo ambiental se sancionó, en el año 2.007 la ley Provincial Nº 9759”, recuerdan y advierten, ante la voluntad del gobernador de derogar la normativa mencionada, el concejo manifiesta y toma “una postura coherente”.
“Este cuerpo visualiza que la prosecución de este proyecto de derogación simbolizaría el desconocimiento de un conflicto que lleva más de 13 años y que, lejos de estar solucionado, afecta la salud de nuestros ciudadanos como lo denunció la Asamblea Ciudadana Ambiental Gualeguaychú al informar que el Cuerpo Médico Forense de la Corte Suprema de Justicia de la Nación confirmó que se ha detectado la presencia de ácido sulfhídrico, lo que altera la calidad de vida, afectando así la salud (agregado a la Causa “UPM (ex BOTNIA) s/Infracción Ley 24.051 (art. 55), radicada ante el Juzgado Federal Nº 1 de Concepción del Uruguay)”, se subraya en el proyecto.
Al gobernador y a funcionarios de Gualeguaychú
“Nuestro gobierno local se ha manifestado enfáticamente y sostiene en su accionar de modo coherente una política pública de ambiente en resguardo de la vida, la salud y el derecho de un buen vivir. Asimismo, como se ha citado, este Cuerpo se ha expedido en igual sentido respecto de la temática, y en consonancia con ello, haciendo uso de las facultades que la Constitución de la Provincia de Entre Ríos y la Ley Orgánica de Municipio le otorgan, considera oportuno expresarse”, añaden los ediles que, finalmente, solicitan al Bordet que “revea la decisión de enviar un proyecto de derogación de la Ley Nº 9.759, y conceda una reunión a la Asamblea Ciudadana Ambiental de Gualeguaychú”.
Solicitan además a “los diputados provinciales por el departamento de Gualeguaychú Sergio Kneeteman, Leticia Angerosa y Juan José Bahillo, senador provincial Nicolás Mattiauda y a los senadores nacionales Alfredo De Angeli y Pedro Guillermo Guastavino, a la Dra. Belén Esteves, a la Directora de Ambiente Municipal Susana Villamonte y al Director de Recursos Hídricos de la Nación, Dr. Osvaldo Fernández, que intercedan desde sus ámbitos de competencia frente a la problemática desarrollada en los considerandos de esta resolución”.
También manifiestan “el respaldo absoluto a la Asamblea Ciudadana Ambiental de Gualeguaychú y acompañar en la lucha contra la Empresa Botnia-UPM y en el reclamo constante al cuidado del ambiente y el derecho a la salud”.
