Sin posibilidad de reelección, la postulación presidencial del gobernador Urribarri opera como la expectativa de continuidad que le permite completar su mandato conservando todo el poder posible. En términos de gobernabilidad, la precandidatura a presidente es para Urribarri lo que la posibilidad de una reforma constitucional con reelección fue para sus antecesores en el cargo.

Urribarri encontró o, si se prefiere, construyó esta vía –histórica para la política entrerriana, que en las últimas décadas tuvo muy pocos dirigentes con proyección nacional y ninguno con aspiraciones presidenciales- parado sobre una situación única: su estrecho vínculo político con la presidenta Cristina Fernández. Urribarri no gobierna una provincia electoralmente importante, ni tiene para mostrar una gestión extraordinaria, brillante, que destaque fuertemente del resto de los gobernadores. Su principal capital político es su lealtad a Cristina y es por eso que su perfil como candidato es el de la continuidad pura.

Pero para que realmente opere como una expectativa de continuidad que le impida perder poder, su postulación no puede ser meramente testimonial. Por lo que dicen las encuestas, nadie cree hoy seriamente que Urribarri esté en condiciones de ganar la interna del oficialismo. Pero falta mucho tiempo y es mucho lo que puede cambiar. Incluso, llegado el caso, podría, reforma política mediante, integrar la fórmula con Daniel Scioli.

Si de lo que se trata es de conservar poder (el poder de Urribarri es Entre Ríos), tiene lógica adelantar las elecciones provinciales para marzo. Es más fácil mantener la expectativa (presidencial o vicepresidencial, o ministerial de un gobierno de Scioli, o de un refugio privilegiado dentro del cristinismo en la oposición) hasta marzo que hasta agosto de 2015. Y una vez que retenga la provincia, lo demás no importa demasiado.

Esta hipótesis supone que el desgaste del cristinismo en el poder pesará cada vez más, especialmente para quien se plantea como la continuidad pura. Y también supone que el candidato a gobernador será leal con Urribarri.

Separar las elecciones provinciales de las nacionales limitaría no sólo el peso del desgaste de Cristina, sino que reduciría las chances de la oposición. Por un lado, votar en marzo adelanta los tiempos de armado en siete meses, una enormidad para una oposición dispersa y sin liderazgos consolidados en la provincia. Por otro, evita la incidencia de la elección nacional, el efecto arrastre de las propuestas opositoras nacionales que, se presume, llegarían con fuerza a octubre y en condiciones de disputar la segunda vuelta.

Marzo complica a toda la oposición, que necesita mucho de las referencias nacionales. Particularmente a la peronista: no es lo mismo Adrián Fuertes o Gustavo Zavallo con o sin Sergio Massa en la boleta. Y lo mismo corre para un eventual candidato a gobernador que pegue con Scioli.

Urribarri en Entre Ríos es más fuerte que Cristina en el país. Mide mejor y enfrenta una oposición más débil. Además, su postulación presidencial, que por ahora no prende en el país, lo potencia con claridad fronteras adentro de la provincia.

Así planteado, una convocatoria a elecciones provinciales en marzo supone el reconocimiento de un desgaste de Cristina, de quien conviene separarse para no perder la provincia. Esa ha sido la especulación histórica y de manual que hicieron los gobernadores ante la posibilidad de desdoblar las elecciones: pegar sólo es negocio si se pega con ganador. Pero esta vez es el propio gobernador el que se propone como candidato, con lo cual desdoblar sería para Urribarri asumir que el kirchnerismo está en retirada y que, en consecuencia, él mismo no tiene chances de ganar. Revelaría que su postulación no es más que un juego de posicionamiento político.

Entonces ¿con qué argumento desdoblaría?, porque un argumento va a tener que dar. Seguramente recurrirá a un razonamiento habitual para estos casos: proporcionar en marzo el primer triunfo K del año electoral en el país y con eso generar un clima electoral favorable al oficialismo. No es mal argumento, si se considera la situación política de Entre Ríos, donde la oposición sigue desarmada.

El manual electoral indica que una elección provincial unificada con la nacional en octubre le permitiría a Urribarri beneficiarse del efecto arrastre de todos los cargos inferiores que peguen con su boleta: gobernador, intendentes, legisladores y concejales sumarían para el candidato presidencial. Pero Urribarri compite en una elección nacional y lo que puede aportar Entre Ríos, con el 4% del padrón electoral, es ínfimo. Muchos creen que engordaría más al precandidato a presidente el efecto simbólico de un triunfo en su provincia en marzo.

Como sea, estas son sólo algunas de las especulaciones que se multiplican entre la dirigencia política ante la incertidumbre reinante en Entre Ríos en materia electoral, no sólo por la fecha, sino por las reglas de juego a seguir, con o sin reforma de la Ley Castrillón.

Nadie en el gobierno sale a plantearlo públicamente en estos términos por obvias razones, pero se trata de una definición central pendiente que está en manos del oficialismo y su cómodo control legislativo, aunque lo más probable es que lo resuelvan sólo Urribarri y su círculo más íntimo. De votarse en marzo, para septiembre debería estar formulándose la convocatoria.