Las elecciones del año próximo parecen separadas por una eternidad, pero dentro de la justicia electoral los tiempos para organizarlas ya comenzaron a correr. Serán los primeros comicios de la historia en medio de una crisis sanitaria global. Las primarias se realizarán el 8 de agosto y las legislativas generales, el 24 de octubre. Son las únicas dos certezas que flotan en un mar de dudas, donde la mayor incógnita tiene que ver con las formas para reducir los riesgos de contagio en toda la cadena de organización electoral y qué hacer con la clásica boleta de papel: un formato establecido por ley que, bajo el prisma epidemiológico, puede transformarse en uno de los mayores vectores de contagio.

La señal de largada para los preparativos la aportó hace un mes la Cámara Nacional Electoral Nacional, con la acorda 33/2020, que decidió organizar un grupo de trabajo para revisar todos los preparativos en clave sanitaria y convocó a los infectólogos que asesoran al presidente Alberto Fernández sobre la modalidad de la cuarentena. Ambas instancias están en desarrollo, pero dentro del tribunal sus funcionarios ya comenzaron a construir el mapa de potenciales riesgos que luego deberán revisar los expertos.

Hasta ahora, según confiaron a Letra P fuentes de la CNE, toda la trazabilidad de las elecciones es analizada de acuerdo a la legislación vigente. Dicen que apuntan a garantizar los máximos niveles de asepsia ante un escenario epidemiológico crítico o en un escenario de pospandemia. Entre todos los capítulos en estudio que formarán parte de los futuros comicios, las boletas de papel encabezan la lista de preocupaciones sanitarias por la logística de distribución que implican, desde su impresión hasta la distribución, a los partidos, para que luego sean repuestas por los fiscales de cada fuerza política y después contabilizadas inmediatamente por las autoridades de mesa durante el escrutinio provisorio, que está a cargo del Poder Ejecutivo, y dos semanas después, en el definitivo.

Ese punto concentrará la mayor atención de los expertos sanitarios cuando reciban el mapa de riesgos que preparan en el tribunal. Las incógnitas sobre los riesgos de la boleta de papel todavía no dispararon el lobby de las empresas de tecnología electoral, que ya intentaron federalizar la boleta única electrónica durante el segundo año de mandato de Mauricio Macri, luego de dos aplicaciones intermitentes en la Ciudad de Buenos Aires y su instalación en Salta. La iniciativa nacional naufragó por la improvisación de la administración Cambiemos y la ausencia de argumentos sólidos sobre la seguridad del sistema para reemplazar al sistema clásico.

Antes de la pandemia, en la era de la “antigua normalidad”, la boleta de papel suma cuestionamientos desde 2008. Por entonces, la CNE sostuvo que “la inconmensurable cantidad de boletas oficializadas generaron una serie de contratiempos, que deben inexorablemente conllevar un debate sobre los medios instrumentales que el régimen jurídico establece para canalizar la oferta electoral y ejercer el derecho de sufragio”.

La acordada 4072/08 fue la primera de una serie de advertencias del tribunal electoral al respecto. Desde entonces, los planteos siempre fueron acompañados por la propuesta de reemplazarlas por una boleta única de papel, que con el correr de los años fue utilizada en elecciones provinciales de , Córdoba y Río Negro.

En medio del pico de la pandemia, esas recomendaciones comenzaron a tomar más fuerza y son parte de las alternativas que podrían evaluar los expertos para reducir los riesgos de contagio del nuevo coronavirus. Además de las eventuales ventajas sanitarias, este tipo de boletas cuenta con menos obstáculos legales para aplicarla, porque su utilización implicaría una reforma del Congreso de los artículos 62,63 y 64 del Código Electoral que detallan la “oficialización del las boletas de sufragio”.

La previa del proceso electoral implica una monumental movilización de funcionarios, fiscales, efectivos de fuerzas de seguridad y presidentes de mesa. Un hormigueo que, hasta ahora, requirió de 100 mil mesas distribuidas en 15 mil escuelas. De acuerdo a las estimaciones que barajan en la Justicia, para las primeras elecciones de la pospandemia sumarán “entre tres mil y cinco establecimientos” para distribuir la misma cantidad de mesas, pero con la distancia obligatoria.

El proceso de identificación de riesgos ya está en desarrollo. En la CNE estudian desde la cantidad de personas que podrán estar en el lugar de votación hasta la distribución de las urnas, padrones y boletas en cada establecimiento y cuarto oscuro. Para cada caso diseñan una serie de protocolos que serán puestos a disposición de los especialistas convocados.

En el tribunal aseguran que la complejidad que se avecina sería reducida con la simplificación que implica la utilización de la boleta única papel (BUP).

(Informe Claudio Mardones, para Letra P)