Por Ramiro Pereira (*)

 

Hace 39 años la Argentina celebró, después de diez años de urnas cerradas, elecciones generales para elegir sus autoridades y Raúl Alfonsín, candidato de la Unión Cívica Radical, fue elegido presidente de la Nación.

Al día siguiente, en las  ciudades apareció un afiche que saludaba el espíritu de la nueva época con esta leyenda: “Ganamos, pero no derrotamos a nadie”.

De modo incorrecto se hace referencia a 1983 como “la recuperación de la democracia”. En verdad en 1983 se inició un nuevo proceso democrático, tras la interrupción por el golpe de estado de 1930 del ciclo evolutivo de la república democrática.

El medio siglo siguiente  estaría jalonado por golpes de estado, dictaduras militares diversas -alguna corporativista, otra filofascista- fraude electoral, gobiernos de origen democrático pero con ejercicio autoritario del poder, democracias condicionadas por la proscripción y el poder militar, y finalmente, la violencia armada de los setenta, con el mal absoluto corporizado en la represión ilegal e inmoral desde el aparato del Estado, iniciada por cierto antes del golpe del 24 de marzo de 1976.

1983 fue en verdad la toma de conciencia de que la democracia era el camino a transitar como sociedad. Quizás, si tuviéramos que evocar una imagen del proceso democrático hoy en curso, más que al  Alfonsín triunfante del ’83 debieramos acudir a la foto de semana santa de 1987, en ocasión del levantamiento armado del teniente coronel Rico, cuando el Ejército no respondía al Presidente, pero en el balcón estaba junto a Alfonsín la dirigencia del partido opositor y todo el pueblo en las calles y plazas de la República, pues no se defendía allí “a un gobierno radical” sino al régimen constitucional democrático.

A diferencia del resto de Latinoámerica y del mundo, la transición entre la dictadura y la democracia fue hecha en la Argentina sin impunidad. Ello en razón de la anulación de la autoamnistía de los militares, la creación de la Conadep y la realización del juicio a las juntas. Los dictadores que hasta poco antes habían sido señores de la vida y la muerte fueron sometidos a proceso judicial como cualquier ciudadano acusado de un delito. Al enemigo hay que darle justicia. Eso es la democracia.

De modo incomprensible, la obediencia de vida y el punto final fueron señalados como las “leyes de la impunidad”, cuando el otro partido popular había convalido la autoamnistía en 1983 y poco después, en 1990, dispuso los indultos.

Muchos años después en 2004, sin nada de razón, un presidente dijo que nada se había hecho en veinte años. El toqueteo de la historia se ilustra en el nuevo prólogo del Nunca Más, ninguneando la epopeya de la Conadep y el Estado de Derecho con el juicio a las juntas.

Esta epopeya no reivindicaba necesariamente las ideas de quienes habían sido víctimas del terrorismo de estado, sino que juzgaba a ese terrorismo de estado por haber vulnerado los Derechos Humanos, los cuales protegen a las personas no por las ideas que puedan profesar sino por su mera y sagrada condición de humanos.

Debe decirse también, que  hubo procesos judiciales (y luego indultos) para los responsables de las organizaciones armadas.  Nunca está demás remitir a la esclarecedora obra de Pablo Giussani.

La democracia es el camino. Implica (no solamente) contar votos para elegir a los gobernantes. Pero también es la limitación al poder de estos a partir del marco institucional de la Constitución. La democracia es pues, gobierno representativo, distribución del poder político y garantía de derechos fundamentales.

La democracia y la voluntad del pueblo expresada por los órganos representativos ni es infalible ni es todopoderosa. La voluntad política de un país periférico (por su significación económica y política) no decide los fenómenos externos, tales como las condiciones de política internacional, los precios del mercado global, la existencia de crédito disponible o los cambios tecnológicos.

En cambio, la pericia política y la capacidad instrumentadora de las instituciones estatales serán centrales para hacer frente a las realidades y tornarlas en oportunidades o en su caso, mitigar sus efectos negativos.

Vale recordar aquí el derrumbe de los precios internacionales de los productos que exportaba Argentina ocurrido durante la presidencia de Alfonsín en el marco de la “década perdida” de América Latina y de igual modo, la suba de esos precios hasta poner en duda el secular deterioro de los términos de intercambio  acontecido entre 2003 y 2008.

La sustentabilidad que tengan las políticas a aplicar hacen al horizonte de quien gobierna, orientado su acción a un diminuto corto plazo o con previsiones que alcanzan miradas más comprensivas en el tiempo.

Del mismo modo, las reformas institucionales a operarse deben hacerse ponderando las fuerzas políticas. Ejemplo de ello fue la ley de privatización de Entel impulsada por el ministro Terragno y rechazada en 1988 por la mayoría del PJ en el senado. Quizás esos intentos de racionalizar el sector público, claramente definidos en Parque Norte en 1985, debieron hacerse cuando se contaba con poder político suficiente, y no en el marco de la debilidad política tras la derrota electoral de la UCR en 1987.

El rol del PJ en el rechazo a dicha ley debe ser cotejado con el masivo impulso privatizador de comienzos de los ’90. Otro sería la realidad de nuestro país si hubiera habido sanos marcos de consensos generales.

Lo cierto es durante el tramo final del gobierno de Alfonsín la Argentina vivió una feroz hiperinflación (con su segunda fase  en 1990, al comienzo del gobierno de Menem) en que la Argentina terminó de quedarse sin esa institución fundamental que es la moneda.

Los instrumentos estabilizadores utilizados por el peronismo de los ’90, con su “cirugía mayor sin anestesia”, se dieron en un marco de opacidad en la administración y regulación insuficiente del sector privado, en particular de las empresas de servicios públicos privatizadas y del sector financiero, además del desfinanciamiento del sector público con el nuevo sistema previsional.

Por otra parte, ante el crónico déficit fiscal, la emisión fue reemplazada por el endeudamiento, sin la búsqueda de fortaleza autónoma del peso. La cultura cortoplacista prevaleció para salir de la convertibilidad del peso tras la superación de la crisis del Tequila.

La Argentina del déficit fiscal y endeudamiento colapsaría en 2001, tras el fracaso de la alianza encabezada por el Radicalismo de sostener la convertibilidad, primero, y salir ordenadamente de la misma con la llamada al ministro de economía que la había introducido. En 2001 no hubo inflación, incluso los precios retrocedieron levemente, porque la actividad económica retrocedía y el sector productivo no daba más y pugnaba por una devaluación. El retiro del apoyo del FMI y la huida de capitales a fines del gobierno de De La Rúa dieron por tierra ese fallido gobierno.

El actual sistema político es el emergente del colapso del sistema de partidos de 2001. La UCR dejó de gravitar como fuerza nacional, por su hundimiento electoral en Capital y en el Gran Buenos Aires, en tanto el peronismo se volvió hegemónico pero se despartidizó.

De alguna manera, el dato político central del peronismo kirchnerista durante 2003/2015 fue la falta de una oposición partidaria articulada. Incluso en 2007 el kirchnerismo acordó con los radicales que gobernaban sus provincias, en lo que Juan Manuel Casella llamó “el partido de los que gobiernan”. Esto también forma parte de las deformaciones del federalismo argentino, dependiente no sólo de los envíos de coparticipación federal sino de la financiación directa de obra pública y programas por parte de la Nación.

La devaluación y el ajuste instrumentado en 2002 y el aumento de los precios internacionales de los comoditties dejó a Nestor Kirchner una situación favorable para mejorar las condiciones vitales de la población tras cinco años de caída consecutiva de la economía.

La falta de sustentabilidad de la política económica del kirchnerismo (su superficialidad, insustancialidad o su carácter populista, como se le quiera llamar) se evidencian en los problemas existentes en 2011, que demandaban “sintonía fina” pero que no fueron abordados. La “ampliación de derechos” alardeada por el kirchnerismo no tenía base de sustentación en el tiempo, con el agravante de que los bienes públicos brindados por el Estado fueron perdiendo calidad (salud y en particular, educación) restándoles capacidad en su función de igualación social.

Asimismo, en 2012 hubo un llamado que puso a la defensiva a las fuerzas sociales y políticas opositoras: “el vamos por todo”, que  reflejó una cultura política que entiende que la democracia no se ajusta a diseños institucionales limitadores del poder político concentrado y demanda en cambio una fuerte concentración de poder institucional para sostener procesos presuntamente revolucionarios a favor de las mayorías populares.

Hay que decirlo, gobernar no es payar, y efectivamente los gobiernos (la política) necesitan estrategias de negociación y eventualmente, de disciplinamiento de actores económicos. Pero siempre desde la legalidad y razonabilidad y en el marco de horizontes claros. El enfrentamiento con el sector productivo agrario desde el kirchnerismo fue un ejemplo elocuente de desentendimientos de actores que se precisan mutuamente: el gobierno (el Estado) y el sector que mayores divisas genera en la economía argentina.

2015 fue la alternancia, propia de las democracias. Digámoslo claro: en 39 año de democracia, sólo dos de las veinticuatro provincias han tenido una razonable alternancia de fuerzas políticas en el gobierno: Mendoza y Tierra del Fuego. En tanto en el orden nacional, el PJ ha gobernado 27 años y medio (un año y medio en coalición mayoritaria con la UCR).

Desde la perspectiva política, se configuraron dos coaliciones que parecían reemplazar al sistema bipartidista caído en 2001 y ordenar consecuentemente el sistema político argentino.

En lo económico, en el gobierno de “Cambiemos” (Pro) no logró ordenarse el déficit fiscal y debió acudirse al endeudamiento externo.

Aún así, el problema siguió siendo el estancamiento económico desde 2011, y en mirada lejana, el retroceso por lo menos relativo del país desde 1975, tras el Rodrigazo.

El actual gobierno lidió con la tierra arrasada del anterior gobierno, que heredó a su vez la tierra arrasada del anterior gobierno. La pandemia puso de resalto la necesidad de contar con un Estado fuerte, eficaz y eficiente. El alicaído estado argentino hizo un esfuerzo fiscal que derivó en mayores presiones inflacionarias, sin marcos institucionales económicos claros que permitan reiniciar círculos virtuosos de inversión, innovación, producción, empleo, bienestar.

El ajuste forzado implementado por el actual ministro de economía evidencia, entre muchas otras cosas, que durante años hubo una notable falta de vocación de tomar decisiones adecuadas en pequeña o mediana escala en tiempo oportuno, en tanto estos carecen de réditos inmediatos (la “sintonía fina” de CFK nunca ejecutada).

La democracia argentina tiene el desafío de la comprensión de la historia colectiva (hacia el pasado) y hacia delante el de recorrer caminos de razonabilidad y modernidad, siguiente las pautas constitucionales de libertad y solidaridad social.

Hay que fortalecer el Estado. La democracia es un procedimiento para acceder al gobierno del Estado y si este carece de capacidades para ordenar e instrumentar políticas, la democracia gira en el vacío. Hay pues que dotar de consistencia a las instituciones estatales en sus diversos niveles (Nación, Provincia, Municipios), racionalizar el gasto y mejorar la calidad de los bienes públicos.

En tal sentido deben darse discusiones sobre el financiamiento del sector público (tributos) y su distribución en el marco del régimen federal.

Fortalecer el Estado Constitucional y Democrático de Derecho: apego a la legalidad, independencia de los organismos judiciales, libertad de prensa y de información, entendiendo que no alcanza con la mera libertad de empresa; políticas de transparencia y combate a la corrupción. En tal sentido, es central una robusta concepción de defensa del patrimonio público e instrumentos adecuados para las contrataciones del sector público.

Promover la inversión, la innovación y la creatividad en el sector privado. La antinomia público-privado es falsa. Son esferas diversas con objetivos distintos pero complementarios. El desafío central es limitar la extorción corporativa. Las leyes laborales deberán rediscutirse atendiendo a los derechos de los trabajadores y a las realidades actuales. Rediscutir no significa retroceso de las posiciones de los trabajadores sino búsqueda de condiciones para la mejora global del empleo, la inversión y la productividad. Del mismo modo, se debe estimular al empresariado para que invierta, produzca y compita, eliminando privilegios carentes de sentido.

Como en 1983, el desafío son los derechos humanos. La mayor fuente de su negación se evidencia en materia de derechos económicos y sociales. Para ello son necesarias políticas de bienestar a las cuales concurran Nación, Provincia y Municipios, en las cuales se lea con realismo el mundo en que vivimos y con sano pragmatismo se procuren mejores condiciones para los argentinos y argentinas (y para aquellos de buena voluntad que quieran habitar nuestro suelo, como reza el preámbulo).

Hay quienes dicen que estos no son tiempos de ideología. En verdad, la democracia de estos tiempos precisa convicción ideológica y compromiso con hacer las cosas, para que estas no queden en declamaciones abstractas.

A 39 años de iniciada esta democracia, el énfasis ha de estar puesto en la mejora de las condiciones materiales de los ciudadanos, para que estos participen razonablemente de la riqueza social y cultural, puedan vivir sus proyectos vitales y participar desde su individualidad en una comunidad de iguales.

 

(*) Abogado. Presidente del Comité de la Capital de la UCR de Paraná.

Fuente: Página Política