La (ex) procuradora adjunta Cecilia Goyeneche tiene aún un recorrido de apelaciones judiciales para revertir su situación de destituida. Además, claro, de la pelea mediática que la viene ganando con amplio margen con la colaboración del publicista y especialista en comunicación Carlos Fara, quien supo ser frontman del legendario funcionario K de la obra pública que permanece en prisión, José López.

La doctora adelantó que su futuro está en la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Desde el punto de vista procesal se presentará un recurso extraordinario contra la sentencia por la cual se expresó el Superior Tribunal de Justicia (STJ) al ratificar el apartamiento del Ministerio Público Fiscal como órgano para la acusación en el Jurado de Enjuiciamiento. Quien se refirió a esa cuestión fue el vocal Guillermo Federik, quien sostuvo en su voto que el sistema subrogatorio que prevé la Constitución provincial “no es un sistema cerrado (…) pudiendo sólo excepcionalmente hacerse de otro modo”.

Allí la votación salió 4 a 1. Goyeneche no puede no atacar esa sentencia porque, de esa manera, convalidaría lo que fue su principal defensa: la supuesta ilegalidad del proceso al no ser acusada por alguno de los integrantes de su hinchada.

Luego de ese paso vendría la apelación sobre la sentencia del jury. Por la naturaleza del órgano y según el derecho positivo provincial sería inapelable porque, en rigor, no es un proceso judicial sino político. Por eso no está sometido a la revisión judicial según el diseño constitucional. Por ejemplo el caso de Carlos Chiara Díaz. No se le ocurrió seguir una vía de apelaciones. Tan político es que la misma Corte intervino en apenas unos días sobre el primer planteo realizado por la doctora. Es cierto que se trataba de un amparo y no una sentencia de un organismo.

El recurso extraordinario, seguramente, será rechazado y vendrá el recurso de queja. ¿Cuáles son las posibilidades ante los supremos? El interés político que prime en meterse o no en una cuestión de derecho público provincial. La pregunta que debería hacerse es, entonces, ¿quién politiza el proceso?

En términos jurídicos es la resolución del amparo lo que se torna vital para la pelea de Goyeneche. Está en ese debate la legalidad o no del jury.

Relaciones

De la vocal del STJ e integrante del jury, Gisela Schumacher, se ha dicho mucho. Siempre en términos negativos. Se la atacó por su relación de pareja con el presidente de la Cámara de Diputados, Ángel Giano. Esto no mereció ninguna impugnación a su pliego en el Senado, donde cualquier ciudadano puede hacerlo.

No obstante, la vocal le respondió a Goyeneche, que sí le apuntó por esa relación: “Pretende Cecilia Goyeneche que es misógino y sexista suponer que las relaciones de confianza de su marido den por sentado que influirán en su voluntad. Estoy de acuerdo. Es ofensivo, o debería serlo, que a las mujeres nos atribuyan sin más las relaciones o las influencias de quien es nuestra pareja. Las mujeres sabemos de eso, porque, como bien dijo Cecilia Goyeneche en su discurso final, en general difícilmente se habla del ‘marido de’ pero si se habla de la ‘mujer de’, y cuando se habla, no importa si las mujeres hemos dedicado cinco, diez, veinte, treinta o más años de nuestra vida a construir una carrera propia y autónoma con base en el esfuerzo, sino que, lisa y llanamente, se nos atribuye ‘el ser de’, con un sentido de propiedad o pertenencia típico de miradas sesgadas y patriarcales”.

Lo más interesante de Schumacher no es la cuestión machista con Goyeneche que quedó saldada, sino una sospecha inquietante que dejó en el aire cuando refiere a la investigación de los contratos truchos en la Legislatura.

Dice la vocal: “Se reseñó que en las cajas del allanamiento a Beckman-Mena encontraron documentos que demostraban que los pagos de los monotributos de los ‘contratos truchos’ se realizaban en una terminal de calle Misiones 276. Goyeneche no podía desconocer quiénes trabajaban allí, aun cuando, como dijera ella, a esa altura no tenían certezas sobre el tipo de conexión de éstos con la causa. Dijeron los fiscales que solicitaron tareas de ‘inteligencia’ a la Policía de la provincia de Entre Ríos para que determinara quiénes trabajaban allí y que en ese marco tomaron fotografías a la placa. Tareas que se basan en la hipótesis de desconocimiento total de quiénes trabajaban en ese estudio, circunstancia que no podía permanecer ajena a Goyeneche teniendo en consideración el sinnúmero de relaciones entre ella y al menos dos de los imputados (Pedro Opromolla y Guido Krapp), por sí y por intermedio de su cónyuge”, el contador Sebastián Orlando Bertozzi.

Y sigue: “Empezaron a investigar por la terminal de pago de (Servicios Entre Ríos) con domicilio en esa dirección y también porque en los papeles se hacía referencia a ‘estudio Pedro’. Me pregunto, con la dirección precisa y las palabras ‘estudio Pedro’, ¿pudo ignorar Goyeneche que esa referencia era a Pedro Opromolla, a quién conocía muy bien y era el estudio donde su esposo iba con mucha frecuencia porque enviaba allí clientes, porque allí era el domicilio de pago de su contrato de locación, porque se reunía con regularidad con Opromolla y su familia?”.

La pruebas que ya no serán

El día de ese allanamiento, el 3 de octubre de 2018, Opromolla es el único destinatario al que no logran ubicar en todo el día, siendo que desde las 8,50 de la mañana empezaron las medidas.

Desde la página 185 del fallo se enumeran 23 hechos en torno a la relación Goyeneche, su esposo Orlando Bertozzi y Opromolla para dejar en claro que no pudo no haber sabido cuando en la investigación de los contratos apareció la frase “estudio Pedro” en referencia  al buffet de calle Misiones.

Schumacher no acude a las fotos que circularon y que muestran a la ex procuradora adjunta con el imputado en fiestas o en lugares de esparcimiento. Sostiene que caer en eso sería ingresar en “la muerte civil” de cualquier funcionario judicial. Con esto debería coincidir el procurador Jorge Amilcar Luciano García, que fue invitado al cumpleaños de la pareja de Emilio Castrillón y compartió baile con Domingo Daniel Rossi, José Angel Allende, funcionarios del gobierno provincial de entonces; y la vocal del STJ Claudia Mizawak.

La vocal lamenta que la relación no se haya investigado más a fondo. “El asunto es que, aquí, todas y cada una de las coincidencias que tenían Cecilia Goyeneche con el imputado Opromolla, analizadas en su conjunto, dan cuenta de una relación de confianza que traspasa la que, ya reconocida en este juicio, tenía su esposo Orlando Bertozzi con Opromolla. A esto también podría sumarse que, más allá de la relación con Opromolla, la relación también era con el ‘estudio’ Integral Asesoría”, anuncia.

Y enseguida parece sugerir que de haberse profundizado la investigación de ese estudio contable pudo haberse revelado, quizás, otro delito.

“Esta sospecha no es una sospecha sobre una persona determinada. La sospecha es la que empaña el proceso. Por ejemplo, las pruebas que no fueron y ya no serán. Por ejemplo, que al elevar a juicio se hayan pedido condenas de determinada cantidad de años de prisión para Opromolla, Krapp, Beber y Mansilla, los cuatro integrantes principales del estudio Integral Asesoría, pero no sepamos si podrían tener otra clase de participación en los hechos. Eso nunca se sabrá”, escribió la integrante del jury. Esto y la cesión gratuita de una propiedad de Goyeneche a su sobrina Micaela invita a una adivinanza: ¿Hubo otro delito?

Y agrega: “Sin que este argumento implique ningún tipo de ataque a la honorabilidad de Orlando Bertozzi, cualquier observador objetivo podría preguntarse, dadas sus intensas relaciones comerciales, profesionales y de amistad con al menos dos integrantes de ese estudio, si no existían otros vínculos entre ellos. Esta sospecha, que es impersonal, podría afectar el proceso y la investigación. La inoportunidad de la excusación, bien habilita, al menos en grado de probabilidad, a pensar que se empañó, nada más y nada menos, que, en palabras de Cecilia Goyeneche en su alegato de apertura, ‘una megacausa de corrupción como no ha visto la provincia ni probablemente haya otra en el país’”.

La causa de los contratos truchos, sin dudas, requiere de un libro. Se está escribiendo según contó un hincha de Goyeneche, ansioso porque llegue.

Fuente: Página Política