Un grupo de afiliados de la Obra Social de Entre Ríos presentó un crítico balance del funcionamiento de la institución a un año de la disolución del Iosper. Los denunciantes expusieron “una grave contradicción” entre el discurso oficial de transparencia y la realidad cotidiana “de recortes en coberturas, falta de medicamentos y demoras en tratamientos vitales”.
Esta situación fue llevada a la Justicia por estos afiliados organizados como asamblea. Se denunció a las autoridades en una causa por presuntas irregularidades, tales como contrataciones directas sin licitación a empresas de Buenos Aires y el uso indebido de fondos públicos. La causa inició su trámite en la Fiscalía a cargo de Gonzalo Badano.
Se cuestiona que, a pesar de mantener los mismos aportes, la gestión actual brinde servicios inferiores a los de administraciones previas. Exigen en ese sentido la actuación judicial y de los organismos de control para frenar lo que consideran un vaciamiento de su sistema de salud.
Algunos puntos
Algunos de los cuestionamientos a la nueva gestión de la obra social. Se mencionan “las contrataciones directas, la selección a dedo de empresas con sede en Buenos Aires —incumpliendo la Ley de Compre Provincial— y la firma de convenios en dólares, práctica expresamente prohibida por la normativa vigente”.
Marcaron “un incremento superior al 300% en el gasto de prótesis sin justificación” técnica y el “presunto uso de fondos de la obra social para financiar actos políticos”.
Se señaló que la administración anterior del Iosper, “pese a las críticas del actual gobierno” lograba entregar medicamentos, autorizar tratamientos y mantener un superávit financiero. En contraste, “la actual administración ha reducido las prestaciones al piso mínimo del Programa Médico Obligatorio (PMO)” lo que “ha provocado que prácticas que antes se cubrían ahora sean rechazadas, obligando a muchos afiliados a recurrir a amparos judiciales para acceder a servicios básicos de salud”. “Si antes se robaba tanto, ¿cómo alcanzaba para cubrir prestaciones? ¿Y cómo se explica que hoy, con una gestión que se presenta como honesta, no alcance ni para lo básico?”, cuestionaron.
Se denunció la ”opacidad real” en el manejo de las finanzas. Pese a contar “con una estructura de más de quince funcionarios de alta jerarquía, no se publican números claros ni convenios con prestadores”.
En la documentación presentada por la Asamblea de Afiliados, se pusieron casos testigos de afiliados afectados por las nuevas disposiciones de la OSER. Se enfatizó que la obra social “no es un botín político” ni “una caja del Estado” sino que pertenece a sus aportantes. “La salud no se negocia”, concluyeron.
El balance oficial
Desde la OSER se presentó un balance del primer año de gestión, al que se definió como caracterizado por “avances concretos en prestaciones, cobertura y gestión” en “un proceso sostenido de ordenamiento, normalización y mejora en la calidad” del servicio.
Uno de los progresos destacados “se observa en el nivel de prestaciones, producto del esfuerzo puesto en la normalización y el acuerdo de más de 25 convenios prestacionales que se encontraban vencidos, desactualizados o directamente inexistentes”. Se puso como ejemplo el área Bioquímica: “Durante 2025 se incrementó un 60 por ciento la cantidad de prácticas de laboratorio, fruto de la ampliación de la cobertura a la totalidad del nomenclador específico, la mejora de los aranceles acordados con el Colegio de Bioquímicos y la disponibilidad plena de la oferta para los afiliados”.
En el ámbito quirúrgico, “se aumentaron un 30 por ciento las prácticas, a la vez que se regularizaron todas las cirugías atrasadas que se encontraban pendientes por falta de prótesis”. “Actualmente, el total de las cirugías de urgencia se autoriza diariamente y las intervenciones programadas cuentan con fecha asignada para su realización. Este proceso de normalización recuperó previsibilidad y equidad en el acceso a las prestaciones”.
“Otro dato relevante es la reducción del 90 por ciento en las solicitudes de reintegros por prestaciones no convenidas, resultado de la regularización de convenios vencidos o inexistentes. Esta política simplificó los trámites administrativos a la vez que redujo costos indirectos y tiempos de espera para los afiliados”, se apuntó desde la OSER.
Modernización y ahorro
“Se avanzó en la simplificación del proceso de autorización de medicación de alto costo, implementando esquemas de autorización semestrales que evitan la necesidad de gestiones mensuales presenciales en las sedes, mejorando la continuidad de los tratamientos y la experiencia del afiliado”, se destacó.
Se valoró que la OSER “digitalizó todas las solicitudes de prácticas ambulatorias, logrando un salto cualitativo en eficiencia, trazabilidad y transparencia en la gestión. En este marco, se destaca la puesta en marcha de la receta electrónica, coordinada con profesionales médicos y farmacéuticos, que permitirá que los afiliados accedan de manera directa y sin intervención de la obra social a su medicación si es ambulatoria”.
Finalmente, se destacó el despido de personas “que no prestaban contraprestación alguna a la obra social”, junto “con el ahorro de más de 1.250 millones de pesos en gastos asociados al antiguo directorio político del Iosper lo que permitió volcar mayores recursos directamente a las prestaciones de salud”. “Como resultado, durante 2025 el 87 por ciento de los recursos de la OSER se destinó a prestaciones, y para el próximo año se proyecta que este indicador alcance el 90 por ciento del total”.
Fuente: Página Política
