El represor Jorge Humberto Appiani presentó una denuncia ante el Instituto Nacional contra la Discriminación, la Xenofobia y el Racismo (Inadi) a raíz de su expulsión como estudiante de la Universidad Autónoma de Entre Ríos (Uader).
La presentación lleva la firma del propio Appiani e ingresó la semana pasada en la oficina del Inadi en Paraná, después que el Consejo Superior de la Uader emitiera la resolución Nº 1.363 disponiendo “la no admisión ni permanencia de condenados y/o procesados por delitos de lesa humanidad como estudiantes” de la casa de estudios, que alcanza también al médico Hugo Mario Moyano.
Según pudo saber El Diario, los argumentos que expuso Appiani en su presentación ante el Inadi fueron, de alguna manera, adelantados hace unos días por un periódico afín a las fuerzas armadas.
En una nota publicada en el sitio web de Tiempo Militar – dada a conocer oportunamente por Página Política – se consignaron una serie de leyes, tratados y normativas que validarían los derechos que habrían sido “vulnerados” con la expulsión de los represores de la universidad pública.
Allí se consigna, por ejemplo, que Appiani y Moyano fueron “disocializados, esto es, expulsados y discriminados en abierta violación a la ley antidiscriminatoria que obliga a hacer cesar todo acto que arbitrariamente impida, destruya, restrinja o de algún modo menoscabe el pleno ejercicio sobre igualitarias de los derechos y garantías fundamentales reconocidas en la Constitución Nacional”.
El artículo también cita “los artículos 16º (derecho de igualdad ante la ley); artículo 18º (las cárceles serán sanas y limpias para seguridad y no para castigo de los reos detenidos en ella) y el artículo 75º inciso 22 de la Constitución Nacional”; como la Convención Americana de Derechos Humanos, en donde señala que “las penas privativas de libertad tendrán como finalidad esencial la reforma y la readaptación social de los condenados”; y el artículo 133º de la Ley de Ejecución de Penas que regula el “derecho de aprender”.
Ese texto lleva la firma de Carlos Alberto Zigarán, un militar que desempeñó cargos durante la dictadura, que suele acompañar a los detenidos por delitos de lesa humanidad y visitarlos en la cárcel y que está acreditado como periodista en el juicio por delitos de lesa humanidad cometidos en Concepción del Uruguay, Concordia y Gualeguaychú.
Cómo sigue. Una vez recepcionada y analizada la denuncia, el Inadi debe correr traslado a las autoridades de la Uader para que formalicen un descargo. El procedimiento establece también una instancia de mediación para que las partes intenten zanjar las diferencias que motivaron la presentación y luego sí se emite un dictamen.
La resolución que determina la “no admisión ni permanencia” de Appiani y Moyano como estudiantes de la Uader está sostenida en un dictamen elaborado por una comisión asesora de la Universidad de Buenos Aires (UBA) –integrada entre otros por Eugenio Zaffaroni y Adriana Puigrós– que ante casos similares impidió que los acusados por delitos de lesa humanidad puedan ser alumnos. Esa resolución también fue cuestionada ante el Inadi y el organismo reconoció la discriminación, aunque no hubo marcha atrás por parte de las autoridades de la casa de estudios. Es que si bien los dictámenes son opiniones jurídicamente fundadas sobre el carácter discriminatorio o no de la situación denunciada, no son vinculantes sino que constituyen la opinión de un organismo especializado en la temática de la discriminación. De todas maneras, las resoluciones del Inadi suelen ser tenidas en cuenta por otros organismos al momento de resolver definitivamente los conflictos planteados.
Cabe recordar que para el caso de Appiani y Moyano se tuvieron en cuenta, entre otras cuestiones, el planteo formulado por un docente de Historia, Darío Velázquez, que manifestó su preocupación por la presencia de Appiani en sus clases y pidió que se establecieran criterios para “la admisión de personas procesadas y/o condenadas por delitos de lesa humanidad”.
Durante la última dictadura cívico-militar Appiani era capitán auditor del Ejército, fue quien ideó los denominados consejos de guerra, parodias de juicios sin garantías de ningún tipo para los presos políticos y ya aprobó cuatro materias del Profesorado en Historia que se dicta en la Facultad de Humanidades, Artes y Ciencias Sociales. Moyano, por su parte, está señalado como partícipe de sesiones de torturas en la cárcel de Paraná y en operativos de secuestro de personas y estudia para ser Acompañante Terapéutico en la carrera de Psicología.
Debate
La decisión del Consejo Superior de la Uader ha generado un amplio debate hacia el interior de la universidad, e inclusive ya se han escuchado voces de docentes que no están de acuerdo con la medida y hasta el diputado nacional Raúl Barrandeguy, que trabajó en el Área de Promoción de Derechos Humanos y Participación Ciudadana, manifestó su desaprobación con la medida.
En tanto, María Luz Piérola, coordinadora del Registro Único de la Verdad, docente de la Uader y ex detenida política durante la última dictadura, adelantó que desde el área de derechos humanos y desde el Programa Educación en Situación de Encierro se está organizando una charla con los internos de la Unidad Pena Nº 1 que cursan en la universidad. “La idea es explicarles a los internos que no se trata de una medida que vaya a alcanzar al resto de la población carcelaria sino dejar en claro que los procesados o condenados por delitos de lesa humanidad no pueden ser considerados presos comunes, sino que son excepcionales por la magnitud del daño causado a la sociedad en general”, apuntó Piérola.
