Sergio Urribarri tuvo su imputación mediada por una pantalla. Diego Cardona Herreros también de la misma manera. Los motivos por los que ambos no asistieron a tribunales para escuchar a los fiscales es porque no tendrían domicilio legal en Paraná. Realismo mágico aplicado a lo jurídico.
Lo que sucede por estas horas se lo debe a Jorge Amilcar Luciano García. A quien nadie cuestiona y éste devuelve la gentileza con migajas. Urribarri no se expuso ante fotógrafos convocados por Cecilia Goyeneche. El empresario paraguayo también fue receptor de ese “gesto”. Los asuntos de ambos podrían tener un impasse hasta fin de año, para cuando finalice el proceso electoral. Hasta ahí llega la concesión del procurador a instancias de los pocos contactos que le quedan en el PJ.
La causa por enriquecimiento ilícito es una de las primeras que se denunciaron contra el mandatario y, sin embargo, recién está en la etapa de imputación cuando las que le siguieron ya tienen condenas ratificadas.
Los abogados defensores tienen razón cuando dicen que pasó mucho tiempo sin que se mueva. La muerte de ese expediente durante buen tiempo tuvo como autor de la maniobra al propio procurador. Por esos años, en la primera etapa de la gestión de Gustavo Bordet, García dejaba trascender su pronta jubilación, sin embargo debió cancelarla para salvar al ex mandatario.
La semana pasada, Página Política reveló toda una trama de salvataje que propuso el jefe del Ministerio Público Fiscal al ex gobernador.
El encono de García no es con Urribarri, que no lo ha señalado jamás en sus diatribas contra “sectores del Poder Judicial”, como suele decir. Es con algunas personalidades de su entorno en materia judicial, a quienes le adjudica la salida de su ex procuradora adjunta. En ese lote está Bordet, a quien también se la tiene jurada, como reveló Página Política.
El cronograma de instancias judiciales, con una celeridad sorprendente entre el dictado de la condena y la ratificación en Casación para que coincida con todo el año electoral, es un mensaje para el peronismo. No para Urribarri. Ese peronismo que cumplirá 20 años en el poder sólo tiene fuerzas para que una audiencia de imputación sea por Zoom y no presencial.
Goyeneche también se maneja sin nombres y sintetiza el clima en el Poder Judicial: además de apuntar a todos como corruptos a excepción de ella, pone al Superior Tribunal de Justicia (STJ) y al Gobierno en supuesto lugar de contubernio. En Casa Gris nadie dice nada y hasta el momento ningún fiscal la ha llamado a la doctora a declarar sobre el supuesto quebranto en el derecho a tener un servicio de justicia independiente que los entrerrianos tenemos garantizados, entre otras cosas, con la Ley de Enganche, que separa a los poderes Ejecutivo y Judicial de la paritaria.
La única verdad que Goyeneche dijo en sus recorridas mediáticas fue hace unas semanas cuando aseguró que la causa de los contratos truchos en la Legislatura “eclosionó el sistema”. Ese sistema lo integra el jefe del Ministerio Público, pero también su amigo de veraneo y socio Pedro Opromolla, quien desde su estudio contable se cocinaban sugerencias de prestanombres. A continuación los diálogos de los días 28 y 29 de mayo de 2018 que constan en el expediente:
El 3 de octubre de ese año, cuando se hicieron los allanamientos, Opromolla no estaba. Tampoco fue detenido como los integrantes del otro buffet que regenteaba los contratos apócrifos. El sistema que se negaba a implosionar. Goyeneche y Opromolla no son más amigos ni socios, motivos por los que la doctora debía apartarse, no lo hizo y fue juzgada.
Con el rechazo del recurso extraordinario, Goyeneche solo puede asistir a la Corte en queja. Así es el sistema.
Fuente: Página Política
