Una iniciativa unificada de sendos proyectos presentados por las edilas Rosana Núñez y Natalia Osuna, del Frente Justicialista para la Victoria, introduce reformas a la ordenanza Nº 8.311/01, que regula la constitución y funcionamiento de las comunidades vecinales. La iniciativa tuvo dictamen favorable en el ámbito de la Comisión de Legislación del Concejo Deliberante, que preside el también oficialista y dirigente de La Cámpora, Juan Manuel Huss.

Entre otras disposiciones, el texto establece que para gestionar su reconocimiento las vecinales deberán presentar un número de firmas que representen el 10% y no menos de 50 firmas, de los vecinos de la jurisdicción, incluyendo a los menores a partir de los 16 años, que como socios activos tendrán voz y voto en las referidas organizaciones barriales.

En el dictamen se determina que no podrán formar parte de la Comisión Directiva, ni de la Comisión Revisora de Cuentas de la vecinal, los socios activos menores de 18 años.

Sobre el particular, la concejala Natalia Osuna sostuvo: “Basados en el tiempo que hoy estamos viviendo y el debate respecto a la votación de los jóvenes, creemos que dando participación a los mismos a través de su vecinal, primer eslabón de desarrollo democrático, posibilitamos la promoción de actitudes y aptitudes que aporten ideas tendientes a mejorar su lugar de pertenencia”.

El proyecto crea un “padrón vecinal” destinado a ser utilizado en las elecciones de cada comunidad existente en la ciudad de Paraná, cuya confección estará a cargo de la Dirección de Comunidades Vecinales.

Este organismo deberá solicitar a tales efectos a la Junta Electoral un padrón de las personas habilitadas para votar, que residan en el circuito de cada vecinal.

Al referirse a la iniciativa, de la cual es coautora, la concejal Rosana Núñez subrayó que la misma es un aporte “al libre ejercicio de la democracia y el desarrollo barrial, dado el preponderante protagonismo que el vecinalismo ha tomado en la vida de las ciudades”.

Además, la reforma estipula que no podrán ser socios de las comunidades vecinales quienes hayan integrado una Comisión Directiva y sean responsables de no haber procedido a la entrega de la documentación y bienes obrantes en su poder, durante su mandato.
Esta inhabilitación se extenderá durante dos períodos consecutivos posteriores al término del mismo, habiendo realizado la denuncia policial correspondiente.