La diputada provincial por el Frente Amplio Progresista (FAP), Emma Bargagna, difundió el proyecto de ley por el cual solicita la derogación de la reforma tributaria (ley 10.270) aprobada por el oficialismo en diciembre pasado. Los argumentos de la legisladora –que ya fueron dados a conocer públicamente – califican a la iniciativa de “impuestazo” producido para paliar el incremento salarial a los policías que finalmente no se produjo.
Otro argumento que utilizó la socialista es el incremento en los impuestos por Ingresos Brutos. A los mismos los calificó de “un impuesto indirecto al consumo cuyo hecho generador es el ejercicio habitual y a título oneroso del comercio, industria o profesión, oficio, negocio, locaciones de obras, bienes o servicios”.
Según datos oficiales obtenidos de la página web de la Administradora Tributaria de Entre Ríos (ATER), el porcentual en el total de la recaudación por impuesto a los Ingresos Brutos en la provincia ha sido: marzo 2013: 50%; abril 2013: 39%; mayo 2013: 57%; junio 2013: 62%; julio 2013: 49%; agosto 2013: 61%; septiembre 2013: 60%; octubre 2013: 48%.
Para Bargagna, “los impuestos que le siguen en importancia al de los Ingresos Brutos en recaudación son el inmobiliario, automotor, sellos, ley 4035 y ley 8336 al ejercicio de profesiones liberales.
“La Ley 10.270, al acentuar la recaudación en este impuesto aumentando las alícuotas y ampliando el universo de contribuyentes y actividades atrapadas por la obligación fiscal -tal el caso de las actividades agropecuarias-, se manifiesta indiscutidamente regresiva, desde que seguirá siendo la principal fuente de recaudación del gobierno, pese a las características que tiene, a los efectos negativos que provoca en la economía local, en el bolsillo de los trabajadores y de los pequeños y medianos productores, comerciantes e industriales”, explicó en sus fundamentos, a los que tuvo acceso Página Política.
Proyecto completo.
Otra mirada
El diputado del Frente para la Victoria, Luis Edgardo Jakimchuk, miembro informante del proyecto en el recinto se mostró sorprendido por esta postura y sostuvo que “la valoración para la determinación de los criterios con que el Estado debe proveerse de recursos, no es el mismo que el de los particulares. Cuando el Estado decide respecto de su provisión de recursos, lo hace como consecuencia de la interpretación de las demandas de la comunidad que expresa, concretamente, en el gasto público”, opinó ante Página Política.
Y agregó: De ahí que uno de los principios básicos es que en la actividad financiera del Estado, el gasto justifica al recurso y no viceversa. O sea, el gasto público es el destino del recurso. Es así como el Estado redistribuye riqueza. Por eso su política fiscal debe responder tanto a la justicia legal como a la justicia distributiva. Entonces se manifiesta con nitidez la cuestión ética porque se trata de la concordancia entre los medios y los fines”.
Para el legislador concordiense, “Bargagna desconoce una realidad que tiene la provincia, porque afirma que el impacto que tendría el impuesto sobre los Ingresos Brutos sería directamente sobre los bolsillos de los asalariados por el efecto cascada que tienen ese impuesto. Si bien es cierto que tienen un efecto cascada, el mismo se neutraliza con otro efecto más contundente que tiene en este caso este impuesto, y es que lo producido en la provincia alcanza para alimentar más de 20 veces la población entrerriana y si relacionamos directamente ese dato sería como pensar que el impuesto se diluye en la cadena de precios local”.
El legislador oficialista reconoce que “el consumo local de la mayoría del producto de uso de los entrerrianos en alimentos, vestimenta y salud vienen como importador de otras provincias, donde ya se los gravó con alícuotas más altas de impuestos sobre los ingresos brutos en las distintas cadenas de fabricación y comercialización mayorista, siendo así el efecto cascada en la provincia menor porque la mayoría tienen una sola intervención en la cadena final (los minoristas), ya que principalmente los productos de consumo masivos son distribuidos mayoritariamente por los propios fabricantes o cadenas distribuidoras de otras provincias”.
Para terminar, Jakimchuk afirmó que “el argumento de la diputada es falaz. “Al leer los fundamentos del proyecto presentado por la diputada se puede observa que en su estructura dilemática, como conflicto entre el interes sectorial y el interés común, no lo armoniza bien. Debe entender que entre el interés sectorial y el interés social es el Estado quien regula”.
