Luego de 20 años de conducción peronista, el gobernador Rogelio Frigerio puso sobre la mesa un paquete de leyes con el que marcar su tiempo en la Casa Gris. La Ley de Transición y el fin de las denominadas “jubilaciones de privilegio” (pensiones vitalicias para gobernador/a y vicegobernador/a) fueron dos de esas iniciativas que fueron votadas por unanimidad, con floridos discursos, en la Cámara de Diputados.

En el Senado, donde manda el peronismo con una ajustada mayoría, se fue deshilachando el clima que marcó el arranque del nuevo período institucional. Y la agenda política viró hacia otros lados.

En Comisión de Legislación Penal se profundiza en la redacción fina de las dos propuestas. Se han impulsado reformas a varios artículos de la Ley de Transición que ameritarán su vuelta a Diputados. En cuanto a la derogación de las pensiones para los exmandatarios, en principio, la idea pasará un tiempo en el freezer. No todos acuerdan con el punto mientras que otros consideran que el texto requiere retoques.

El senador de Juntos por el Cambio, Rafael Cavagna, hizo saber, en diálogo con Página Política, que “la idea es que la Ley de Transición ya tenga dictamen en los próximos días, con alguna modificación, si”.

“Creo que son aportes importantes”, resaltó. “Tienen que ver con una mejor integración de la comisión de transición que prevé el proyecto, entre otros asuntos. Se trabaja con buena expectativa. Va a salir, máxime porque esto ya tuvo acompañamiento unánime en Diputados”, amplió Cavagna.

Confió que “con el tema de las pensiones el debate es un poco más complejo. El justicialismo quiere trabajarlo un poco más, quiere hacer algunas consultas”, dijo. Marcó que sus pares “saben que esto tiene el consenso social” aunque se mostró comprensivo de las reglas de juego en un cuerpo en el que Juntos por Entre Ríos está en minoría.

 

Reglas para la transición

En la bancada peronista, apuntan la serie de reformas que incluirán al texto promovido por Frigerio. Entienden que la ley ganó preponderancia en días en que el cambio de signo político imponía el contraste entre autoridades salientes que decían conducir gestiones “con piloto automático” y funcionarios entrantes que denunciaban “un Estado fundido”.

En primer lugar, se apuntó que la ley será operativa recién hacia el final de la gestión actual. El senador Juan Cosso descartó, en este sentido, que se cuestione la dilación del debate con una nueva redacción a la que considera ineludible.

“Hay varias cuestiones flojas en técnica legislativa”, apuntó a Página Política y repaso:

• “En el artículo 6º, se habla de prohibir la celebración de contratos pero no se especifica qué tipo de contratos”. En efecto, en uno de los incisos se prohiben licitaciones o contrataciones que excedan “los compromisos establecidos en la Ley de Presupuesto”. Se exceptúan decisiones de gastos que “encuentren fundamento en el devenir ordinario de la gestión tales como, compras de insumos, contrataciones de servicios esenciales, celebraciones de contratos”. Según surge del debate en comisión, este artículo requiere precisiones.
• Con relación al artículo 7º, que prevé la integración de una Comisión de Transición, Cosso apuntó, en primer lugar, que se contempla conformar el grupo a los cinco de pasadas las elecciones generales. “Si no se ha podido proclamar un ganador a los cinco días, tendríamos dos contendientes queriendo nombrar integrantes para la comisión”, dijo el senador que consideró necesario fijar plazos atados a la definición clara de un triunfador de la elección.
• Hay otro debate respecto de a quienes se prevé sumar a la Comisión. “Vemos que no tiene nada que ver allí un representante del Poder Legislativo. Pero además no se dice si ese integrante debe ser de alguna de las cámaras, si puede ser un empleado o quien. En todo caso, entendemos que la Legislatura no tiene nada que hacer en la comisión”, adelantó Cosso.
• Se objeta que en el Informe de Transición que debe hacer la comisión, según lo prevé el artículo 9º del proyecto con media sanción, se incluyan las “claves digitales y contraseñas” en el inciso 6. En el artículo 10º se contempla que ese informe sea entregado a las autoridades entrantes 40 días antes de la asunción. “Pedir la entrega de las claves digitales, entregarlas antes del cambio de gobierno, con la vulnerabilidad que hoy tienen los sistemas informáticos, es muy grave. Atenta contra el funcionamiento del Estado. Sólo es posible esto antes de entregar el gobierno, antes es imposible. Esto es una cuestión a enmendar”, apuntó el senador de Villaguay.
• Añadió que la ley no precisa el alcance de ese informe. “¿Se entrega el informe y ya está? ¿Qué pasa si no hay coincidencias respecto de ese informe? ¿El que llega al gobierno lo debe aceptar? ¿Que supone esa documentación para la administración saliente y la entrante?”, planteó Cosso que propone una redacción alternativa que dé respuestas a esas preguntas.

Pensiones

Con relación a la derogación de la Ley 4.506, desde la bancada peronista se remarca, en primer lugar, que la norma no fue impulsada por la fuerza política. En efecto, la ley que previó la asignación de una pensión vitalicia para el gobierno y vicegobernador saliente fue el gobierno de Carlos Contin, en 1965.

Un gobierno dictatorial, en 1971 la derogó y fue reimplantada ya en tiempos democráticos, en 1984 cuando también la Casa Gris estaba bajo signo radical, con la conducción de Sergio Montiel. Y el monto se llevó en 2002, cuando también gobernaba el radicalismo, del 75% del haber en actividad al 82%, punto que el peronismo no consideró apropiado modificar.

Respecto de esta ley, hay quienes evalúan que si bien en el caso del vicegobernador puede volver a debatirse el beneficio, es justa la pensión vitalicia en el caso del gobernador que ha dedicado 4 años u 8 años de su vida al gobierno provincial.

Cierto es que el proyecto de ley se funda en la realidad que muestra una mayoría de dirigentes que se sostiene a lo largo del tiempo en cargos públicos. Sin embargo, la ley debiera poder contemplar otros casos, según la mirada de algunos miembros de la comisión que debate el tema.

Más allá del criterio respecto de la justicia o no de estos beneficios de pensión, se ha cuestionado, fundamentalmente, el artículo que prevé las causales de caducidad del beneficio.

Se prevé la caída de la pensión ante una condena ratificada en segunda instancia. Si hubiera recursos extraordinarios que revisen esa sentencia se contempla la restitución del beneficio con los haberes no pagados. Se afirma que tal punto vulnera el principio de inocencia.

Además, se objeta que se incluyen delitos civiles y delitos culposos como causales para la caída de la acreditación de la pensión.

Más allá de las cuestiones mencionadas, los senadores del peronismo no avanzarían con la aprobación de esta norma sin antes una ronda de consultas con los dirigentes que cobran el beneficio. El asunto, por ahora, quedará dando vueltas en comisión.

Fuente: Página Política