Cambio de caras para la política de Derechos Humanos de la provincia. Por Decreto 3402 del 13 de noviembre, el gobernador Rogelio Frigerio y el ministro Néstor Roncaglia eligieron a la dirigente socialista María Emma Bargagna para hacerse cargo del Registro Único de la Verdad (RUV), dependiente de la Dirección de Derechos Humanos de la provincia.
La funcionaria, exdiputada provincial, referente de una de las líneas internas del socialismo entrerriano, reemplaza a Miguel Alejandro Román que volvió a su puesto en el Consejo General de Educación (CGE).
Según supo Página Política, Bargagna tuvo un encuentro con los trabajadores del organismo y propuso profundizar una línea de trabajo en torno a “Malvinas” en materia de políticas de memoria y registro de documentación del conflicto bélico impulsado en tiempos de la dictadura.
Bargagna se interiorizó además del estado de algunas causas por delitos de lesa humanidad, en el área de trabajo y con representantes de la Justicia Federal.
En el marco de los reacomodamientos, se dejaron sin efecto las adscripciones de dos profesionales que llevaban adelante el programa de protección de testigos.
Licencia
El nombramiento de Bargagna, en calidad de Coordinadora del Registro Único, podría ser una puerta hacia la asignación de otras funciones.
Es que la norma surge unos días después de la que otorgó licencia a la directora de Derechos Humanos, la dirigente radical y exdiputada Gracia Jaroslavsky. Por Decreto Nº 3434, se atiende al pedido de la referente política de Victoria por problemas de salud.
Más allá de los cambios, el organismo ha sostenido su trabajo, en los últimos años, en virtud del compromiso de buena parte del equipo de trabajadores que integra, con las consignas de “Memoria, Verdad y Justicia”. Así ha sido desde su creación por Ley Nº 9577, de 2004.
En distintas oportunidades, ya desde gestiones anteriores del peronismo, se denunció el vaciamiento y desjerarquización del área, en buena medida en línea con los climas de época que sue fueron sucediendo. El retroceso ha arribado, en el presente, con el gobierno de Javier Milei en Casa Rosada, a la descalificación y demonización de las acciones en Derechos Humanos.
Es clave, en este sentido, la labor del organismo que tiene por fin, reunir “antecedentes y todo tipo de documentación referidos a la represión efectuada hasta el 10 de diciembre de 1.983, a los efectos de sistematizar la información y el acceso a la misma” por parte de la ciudadanía, según lo prevé el artículo 1º de la ley.
Fuente: Página Política
